Judicial
INSÓLITO: Hombre que contrabandeaba cigarrillos Modern se fuga con toda su familia antes de iniciar su juicio
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que este tipo de cigarrillo no cumple con las normas de sanidad por ser parte de una red de comercio ilegal y cada vez que las personas sean descubiertas con los productos deberán ser decomisados.
Sin dejar ninguna pista de su paradero a la Fiscalía, un taxista huyó junto con toda su familia luego de iniciar un proceso judicial en su contra por contrabandear 290 cajas de cigarrillos chinos de la marca Modern en el centro de San Salvador.
Según el expediente judicial de este hecho, Guillermo M. es padre y esposo, y antes de desaparecer vivía junto con su familia en una colonia de San Bartolo, en Tonacatepeque. A sus 36 años, mantenía un puesto como taxista pirata en una cooperativa en el mercado de San Marcos y cuando fue detenido solo proporcionó esos dos lugares donde podía ser localizado, algo de lo que se aprovecharía días después para escapar de la justicia.
Su trabajo no era lo suficiente para mantener a su familia, en un día bueno lograba recolectar $15 y en otras ocasiones unos escasos $5. La necesidad era evidente, su esposa no trabajaba y tenía una pequeña de apenas tres años de edad. Las cosas se agravan cada vez más, puesto que no tenía ningún tipo de propiedad y el vehículo donde trabajaba era alquilado.
En medio de esta necesidad, su error fue prestarse a llevar un cargamento de cigarrillos que hasta la fecha las autoridades no han logrado determinar de dónde provenían ni quién le recibiría los paquetes.
El expediente judicial señala que Guillermo esperó la llegada de la media noche del 21 de junio de 2018. Tomó con sus manos seis bolsas negras y las llevó hasta un Toyota tipo sedán de un opaco color café. Cuatro en el baúl y dos en el asiento trasero. Eso era todo, estaba listo para hacer la entrega.
El reloj marcaba las 11:00 de la noche, había llegado en la 5ª avenida Norte en el centro de San Salvador. Se estacionó en una zona oscura y esperó por un momento sin saber que a lo lejos un grupo de policías lo tenían bajo la lupa. La actitud sospechosa, el lugar y la hora no eran recurrentes por lo que estos se acercaron rápidamente.
Tras una pequeña plática, los agentes le explicaron que harían una inspección en el vehículo. Estas palabras lo alertaron lo que provocó que su nerviosismo fuera mucho más notorio.
– ¿Qué son esos bultos? -preguntó uno de los agentes.
– Son unos cigarrillos -le contestó.
No tenía documentos del vehículo ni de los paquetes de cigarrillos por lo que no quedó de otra que arrestarlo bajo el delito de contrabando de mercadería. Se contabilizaron 290 cajas de cigarrillos de la marca Modern de origen chino y que, según las autoridades policiales, contribuyen a la generación de ingresos a grupos delincuenciales.
La desaparición del mapa judicial
Según el expediente judicial, esta es la primera vez que es procesado por lo que se decretó medidas sustitutivas con la condición de presentarse periódicamente a los tribunales. Para comprobar que tenía algún tipo de arraigos, la cooperativa de taxis giró una carta donde señaló que el imputado era “confiable, con espíritu de trabajo y responsable”.
Todo iba con normalidad hasta que una carta llegó a los tribunales: Guillermo no había logrados ser notificado. Cuando los mensajeros del sistema judicial llegaron a su casa en San Bartolo se dieron cuenta que el imputado ya no se encontraba y al preguntar por él, sus vecinos dijeron que no lo conocían.
El 6 de mayo, fecha para su vista pública, no se presentó y al Tribunal Primero de Sentencia no le quedó de otra que denominarlo como rebelde de la justicia por lo que se giró una orden de captura en su contra.
De llegar a ser encontrado, será llevado a prisión y no tendrá alternativa de salir en libertad hasta que se termine su proceso en el que podría enfrentar una pena de seis a ocho años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que este tipo de cigarrillo no cumple con las normas de sanidad por ser parte de una red de comercio ilegal y cada vez que las personas sean descubiertas con los productos deberán ser decomisados.
Nota tomada de El Salvador Times
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
