Judicial
INSÓLITO: Hombre que contrabandeaba cigarrillos Modern se fuga con toda su familia antes de iniciar su juicio
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que este tipo de cigarrillo no cumple con las normas de sanidad por ser parte de una red de comercio ilegal y cada vez que las personas sean descubiertas con los productos deberán ser decomisados.
Sin dejar ninguna pista de su paradero a la Fiscalía, un taxista huyó junto con toda su familia luego de iniciar un proceso judicial en su contra por contrabandear 290 cajas de cigarrillos chinos de la marca Modern en el centro de San Salvador.
Según el expediente judicial de este hecho, Guillermo M. es padre y esposo, y antes de desaparecer vivía junto con su familia en una colonia de San Bartolo, en Tonacatepeque. A sus 36 años, mantenía un puesto como taxista pirata en una cooperativa en el mercado de San Marcos y cuando fue detenido solo proporcionó esos dos lugares donde podía ser localizado, algo de lo que se aprovecharía días después para escapar de la justicia.
Su trabajo no era lo suficiente para mantener a su familia, en un día bueno lograba recolectar $15 y en otras ocasiones unos escasos $5. La necesidad era evidente, su esposa no trabajaba y tenía una pequeña de apenas tres años de edad. Las cosas se agravan cada vez más, puesto que no tenía ningún tipo de propiedad y el vehículo donde trabajaba era alquilado.
En medio de esta necesidad, su error fue prestarse a llevar un cargamento de cigarrillos que hasta la fecha las autoridades no han logrado determinar de dónde provenían ni quién le recibiría los paquetes.
El expediente judicial señala que Guillermo esperó la llegada de la media noche del 21 de junio de 2018. Tomó con sus manos seis bolsas negras y las llevó hasta un Toyota tipo sedán de un opaco color café. Cuatro en el baúl y dos en el asiento trasero. Eso era todo, estaba listo para hacer la entrega.
El reloj marcaba las 11:00 de la noche, había llegado en la 5ª avenida Norte en el centro de San Salvador. Se estacionó en una zona oscura y esperó por un momento sin saber que a lo lejos un grupo de policías lo tenían bajo la lupa. La actitud sospechosa, el lugar y la hora no eran recurrentes por lo que estos se acercaron rápidamente.
Tras una pequeña plática, los agentes le explicaron que harían una inspección en el vehículo. Estas palabras lo alertaron lo que provocó que su nerviosismo fuera mucho más notorio.
– ¿Qué son esos bultos? -preguntó uno de los agentes.
– Son unos cigarrillos -le contestó.
No tenía documentos del vehículo ni de los paquetes de cigarrillos por lo que no quedó de otra que arrestarlo bajo el delito de contrabando de mercadería. Se contabilizaron 290 cajas de cigarrillos de la marca Modern de origen chino y que, según las autoridades policiales, contribuyen a la generación de ingresos a grupos delincuenciales.
La desaparición del mapa judicial
Según el expediente judicial, esta es la primera vez que es procesado por lo que se decretó medidas sustitutivas con la condición de presentarse periódicamente a los tribunales. Para comprobar que tenía algún tipo de arraigos, la cooperativa de taxis giró una carta donde señaló que el imputado era “confiable, con espíritu de trabajo y responsable”.
Todo iba con normalidad hasta que una carta llegó a los tribunales: Guillermo no había logrados ser notificado. Cuando los mensajeros del sistema judicial llegaron a su casa en San Bartolo se dieron cuenta que el imputado ya no se encontraba y al preguntar por él, sus vecinos dijeron que no lo conocían.
El 6 de mayo, fecha para su vista pública, no se presentó y al Tribunal Primero de Sentencia no le quedó de otra que denominarlo como rebelde de la justicia por lo que se giró una orden de captura en su contra.
De llegar a ser encontrado, será llevado a prisión y no tendrá alternativa de salir en libertad hasta que se termine su proceso en el que podría enfrentar una pena de seis a ocho años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que este tipo de cigarrillo no cumple con las normas de sanidad por ser parte de una red de comercio ilegal y cada vez que las personas sean descubiertas con los productos deberán ser decomisados.
Nota tomada de El Salvador Times
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
