Judicial
INSÓLITO: Hombre que contrabandeaba cigarrillos Modern se fuga con toda su familia antes de iniciar su juicio
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que este tipo de cigarrillo no cumple con las normas de sanidad por ser parte de una red de comercio ilegal y cada vez que las personas sean descubiertas con los productos deberán ser decomisados.
Sin dejar ninguna pista de su paradero a la Fiscalía, un taxista huyó junto con toda su familia luego de iniciar un proceso judicial en su contra por contrabandear 290 cajas de cigarrillos chinos de la marca Modern en el centro de San Salvador.
Según el expediente judicial de este hecho, Guillermo M. es padre y esposo, y antes de desaparecer vivía junto con su familia en una colonia de San Bartolo, en Tonacatepeque. A sus 36 años, mantenía un puesto como taxista pirata en una cooperativa en el mercado de San Marcos y cuando fue detenido solo proporcionó esos dos lugares donde podía ser localizado, algo de lo que se aprovecharía días después para escapar de la justicia.
Su trabajo no era lo suficiente para mantener a su familia, en un día bueno lograba recolectar $15 y en otras ocasiones unos escasos $5. La necesidad era evidente, su esposa no trabajaba y tenía una pequeña de apenas tres años de edad. Las cosas se agravan cada vez más, puesto que no tenía ningún tipo de propiedad y el vehículo donde trabajaba era alquilado.
En medio de esta necesidad, su error fue prestarse a llevar un cargamento de cigarrillos que hasta la fecha las autoridades no han logrado determinar de dónde provenían ni quién le recibiría los paquetes.
El expediente judicial señala que Guillermo esperó la llegada de la media noche del 21 de junio de 2018. Tomó con sus manos seis bolsas negras y las llevó hasta un Toyota tipo sedán de un opaco color café. Cuatro en el baúl y dos en el asiento trasero. Eso era todo, estaba listo para hacer la entrega.
El reloj marcaba las 11:00 de la noche, había llegado en la 5ª avenida Norte en el centro de San Salvador. Se estacionó en una zona oscura y esperó por un momento sin saber que a lo lejos un grupo de policías lo tenían bajo la lupa. La actitud sospechosa, el lugar y la hora no eran recurrentes por lo que estos se acercaron rápidamente.
Tras una pequeña plática, los agentes le explicaron que harían una inspección en el vehículo. Estas palabras lo alertaron lo que provocó que su nerviosismo fuera mucho más notorio.
– ¿Qué son esos bultos? -preguntó uno de los agentes.
– Son unos cigarrillos -le contestó.
No tenía documentos del vehículo ni de los paquetes de cigarrillos por lo que no quedó de otra que arrestarlo bajo el delito de contrabando de mercadería. Se contabilizaron 290 cajas de cigarrillos de la marca Modern de origen chino y que, según las autoridades policiales, contribuyen a la generación de ingresos a grupos delincuenciales.
La desaparición del mapa judicial
Según el expediente judicial, esta es la primera vez que es procesado por lo que se decretó medidas sustitutivas con la condición de presentarse periódicamente a los tribunales. Para comprobar que tenía algún tipo de arraigos, la cooperativa de taxis giró una carta donde señaló que el imputado era “confiable, con espíritu de trabajo y responsable”.
Todo iba con normalidad hasta que una carta llegó a los tribunales: Guillermo no había logrados ser notificado. Cuando los mensajeros del sistema judicial llegaron a su casa en San Bartolo se dieron cuenta que el imputado ya no se encontraba y al preguntar por él, sus vecinos dijeron que no lo conocían.
El 6 de mayo, fecha para su vista pública, no se presentó y al Tribunal Primero de Sentencia no le quedó de otra que denominarlo como rebelde de la justicia por lo que se giró una orden de captura en su contra.
De llegar a ser encontrado, será llevado a prisión y no tendrá alternativa de salir en libertad hasta que se termine su proceso en el que podría enfrentar una pena de seis a ocho años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que este tipo de cigarrillo no cumple con las normas de sanidad por ser parte de una red de comercio ilegal y cada vez que las personas sean descubiertas con los productos deberán ser decomisados.
Nota tomada de El Salvador Times
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
