Política
En materia de seguridad «estamos mejor que Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y casi la mayoría de países de Latinoamérica», afirma analista político
Óscar Martínez Peñate, analista político. Analizaremos el tema: “El estatus político y social de El Salvador, en la entrevista de El Salvador Today, sobre todo en el tema de corrupción que por años ha dañado la imagen de país a nivel internacional.
Martínez Peñate destacó que bajo la administración del presidente Nayib Bukele, se está combatiendo el flagelo de corrupción, factor que fue una constante en los gobiernos anteriores.
“Una persona que va a entrar actualmente a la corrupción tiene que pensarlo. Primero porque le va a caer la ley, independientemente de todo, y segundo, que es imprescriptible. En los gobiernos de ARENA y el FMLN robaban 10 o 30 veces millones y pasaban diez años y la gente regresaba aquí como que un hubiera pasado nada”, resaltó el analista político.
Martínez Peñate se refirió además al tema de la transparencia en la declaración fiscal, en el que existe registro que desde el 2016 hay al menos unos 8,000 funcionarios y empleados públicos que no han cumplido con la declaración de la renta ante el Ministerio de Hacienda, según datos de Acción Ciudadana.
“Si la Ley de Probidad lo exige y además existe una normativa que pueden ser penados, pues deben ser penados. Si no se han presentado y existen penas, debería ser capturados”, dijo Martínez Peñate.
En el tema de seguridad pública el analista también dio su punto de vista y aseguró que El Salvador se están transformando en el país más seguro de la región.
“El Salvador no es un paraíso, pero tampoco es un infierno, pero estamos mejor que Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y casi la mayoría de países de Latinoamérica por los índices positivos que hemos tenido como país.
“Arena y el FMLN nunca enfrentaron la delincuencia en términos reales, eran gobiernos que estaban en función de esas estructuras y hacen campañas en contra del Estado atacado el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción. La diferencia de las políticas de seguridad de este gobierno es que estas se cumplen”, aseveró el analista político.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
