Nacionales
Embargo de bienes de DAVIVIENDA no elimina obligación contable internacional
Los apoderados legales del empresario, José Antonio Salaverría, aseguraron que el hecho de que haya un embargo sobre los bienes del banco DAVIVIENDA esa situación no elimina la obligación contable internacional para hacer las reservas estratégicas para que esta institución bancaria mantenga el prestigio en El Salvador.
En ese sentido explicaron que todos los requisitos de embargo y la obligación contable internacional se han cumplido, porque hay una deuda líquida, existe una sentencia en firme y además hay una obligación inapelable de pago inmediato.
Los profesionales en derecho aseguraron de que el hecho que existe un embargo, eso confirma la deuda del banco con el empresario Salaverría por un monto de 49 millones 314 mil 303 dólares con 55 centavos. “No se trata de un juicio ejecutivo, puesto que la deuda ya está en firme, como una ejecución forzosa de una sentencia que ellos se niegan a cumplir”, dijeron.
Detallaron que DAVIVIENDA tiene todas las provisiones necesarias para enfrentar una situación de esta naturaleza, pero que hasta el momento ellos se niegan a honrar la deuda.
“Es un proceso de ejecución forzosa y de sentencia en firme, por lo que los más de 49 millones de dólares no se verán reflejados en el balance y mucho menos afecta los estados financieros del banco. Sin embargo, si el banco no hace la reserva que por sana práctica internacional debe de realizar, ese dinero se le va a ver reflejado en la reducción del activo y el capital social, entrando en una situación de engaño con los depositantes”, afirmaron, y con lo cual se exponen a consecuencias penales y administrativas.
Por lo antes expuesto y para que los estados financieros reflejen verdaderamente la situación contable y financiera del banco, dijeron que era imprescindible que los mismos reflejen las reservas adecuadas para absorber ese impacto inminente, real y firme.
Que de no ser reflejada la reserva en el balance, el banco DAVIVIENDA va a incurrir en diversos delitos, al igual que el supervisor de responsabilidad administrativa y de cuentas, por su eventual co-participación en los actos que realice esta institución financiera a fin de no pagar el dinero que deben a José Antonio Salaverría.
De igual forma indicaron, que si bien la Superintendencia del Sistema Financiero no tiene facultades jurisdiccionales, si las tiene administrativamente y puede supervisar que DAVIVIENDA siga el debido proceso para hacer la reserva estratégica para enfrentar la pérdida de ese dinero y que es cosa de tiempo para que se logre materializar.
Los abogados indicaron que el banco ha interpuesto un recurso de amparo constitucional y con el cual no tienen nada que hacer, debido a que la Sala de lo Constitucional no es un Tribunal de Tercera Instancia, ya que la legalidad del proceso ha alcanzado la justicia y ha sido validada por el máximo tribunal en el orden civil y mercantil, como lo es la Sala de lo Civil.
En su oportunidad, el empresario Salaverría explicó que el banco de forma arbitraria inició un proceso ejecutivo en contra de sus propiedades y que con el cese de los préstamos que tenía, inició con el embargo de propiedades, entre ellas beneficios de café.
“De manera ilegal el banco inició los embargos sin tener sustentos legales y sin tener mora. Ellos incumplieron todo lo que se ha venido ventilando en éste proceso, como también, los convenios que se habían pactado con el banco en su debido momento, por ese motivo se presentaron tres demandas en el 2009 y que llegaron a su fin. El banco no ha tenido un sustento legal para decir que no puede pagar ese dinero y simplemente se han hecho los desentendidos para el no pago”, puntualizó Salaverría.
“Nos quebraron totalmente”
“Había suscrito un convenio con HSBC hoy DAVIVIENDA y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó José Antonio Salaverría.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, indicó el cafetalero que ahora pide justicia.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
