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EEUU aprobó una medida de emergencia clave para evitar cierre del gobierno
Tras días de tensión, la Cámara de Representantes aprobó este sábado un proyecto de ley de financiación presupuestal temporal, que representa una instancia clave para evitar el cierre del gobierno.
La votación -a un día de la fecha límite- resultó con 335 votos positivos -209 demócratas y 125 republicanos- frente a 91 negativos -todos de la oposición más radical- y permitirá, así, mantener al país en funcionamiento bajo los niveles actuales del año en curso, durante otros 45 días. Esto sería hasta el 17 de noviembre.
Ahora, el proyecto será enviado al Senado para su aprobación aunque se prevé que obtenga la luz verde sin problema ya que allí hay presencia mayoritaria demócrata.
La propuesta, impulsada por el líder de la Cámara baja, Kevin McCarthy, cede en muchos de los temas más álgidos y, por tanto, presenta menos exigencias en cuanto a los recortes de gasto y excluye los envíos de ayuda a Ucrania -una cuestión prioritaria en la gestión de Joe Biden que ha despertado gran malestar entre los republicanos-. En su lugar, prevé la suba en USD 16.000 millones la ayuda federal para desastres, como los recientes incendios en Hawaii o los tornados en Florida.
“Haremos nuestro trabajo. Vamos a actuar con madurez y vamos a mantener al gobierno en operaciones”, declaró antes de ingresar al Congreso el líder republicano tras días de desencuentros que llevaron a insinuar la fuerte posibilidad de un cierre de las instituciones.
El resultado favorable de este sábado fue clave para evitar lo que podría haber sido una situación crítica en el país.
De no haberse alcanzado un acuerdo en la Cámara de Representantes -donde, en realidad, primaba el conflicto- Estados Unidos habría quedado al borde de un cierre parcial de sus tareas.
La fecha máxima para evitar este escenario era mañana, el 1 de octubre, día en que comienza a regir el nuevo año fiscal y cuando debe entrar en acción el nuevo plan.
Un shutdown, que ya ha ocurrido en pasadas presidencias, implica que el pago de cientos de miles de trabajadores federales se ve suspendido en tanto se resuelva la cuestión presupuestaria. Además, múltiples servicios y sectores quedan en pausa aunque otros esenciales, como el Ejército, están obligados a continuar en el cunplimiento de sus tareas sin goce de sueldo.
En total, unos 1.8 millones de trabajadores se verían afectados por este escenario, precisó la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE).
En cuanto a la economía, este suceso generaría un impacto “negativo para el crédito” de la deuda soberana, amenazando su máxima nota y aumentando el riesgo de un alza en los costes de financiación.
También, el crecimiento del país se vería truncado en 0.2 puntos porcentuales por cada semana de duración.
Desde 1976, Estados Unidos pasó por 21 cierres de gobierno ante una falta de acuerdo en el Congreso.
El más largo de ellos fue en 2019, bajo la presidencia de Donald Trump, y duró 34 días. Previo a ello, con Barack Obama se había dado otro shutdown en 2013, cuando se debatía el Obamacare, y duró 16 días.
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, «presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso» de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está «en aislamiento» por precaución en un instituto de infectología especializado pero los solicitudes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda «con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea».
La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y «el caso sigue en investigación».
La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.
La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).
El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
«La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo», apuntaron las autoridades de Sao Paulo.
Los colombianos comenzaron a votar este domingo en las elecciones presidenciales que definirán si el país mantiene el respaldo a la izquierda en el poder o apuesta por un giro hacia la derecha, en un contexto marcado por la violencia y la polarización política.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió la jornada electoral acompañado de una de sus hijas e hizo un llamado a que el sufragio se ejerza de manera libre y sin presiones.
Sin posibilidad de reelección, Petro concluirá su mandato tras impulsar políticas enfocadas en la reducción de la pobreza monetaria, el hambre y el desempleo, además de la ampliación de programas sociales.
Según las encuestas citadas en el proceso electoral, el candidato oficialista Iván Cepeda encabeza la intención de voto. El senador propone dar continuidad a las políticas impulsadas por el actual gobierno en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento de la violencia.
Entre sus principales contendientes se encuentra Abelardo de la Espriella, quien mantiene un discurso crítico hacia la izquierda y ha centrado su propuesta en el combate al crimen organizado. También figura la senadora Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.
Los sondeos anticipan que ningún candidato alcanzará los votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta, por lo que se prevé una segunda ronda electoral el 21 de junio.
La autoridad electoral informó que la jornada se extenderá hasta las 21:00 GMT y espera divulgar los resultados preliminares pocas horas después del cierre de las urnas. Asimismo, las autoridades desplegaron 408,000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad durante el proceso.
La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de polarización política, marcado por atentados atribuidos a grupos armados, el asesinato de un aspirante presidencial y la ausencia de debates entre algunos de los principales candidatos.
En distintas regiones del país, ciudadanos expresaron su expectativa de que el próximo gobierno contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y reducir los niveles de conflicto que afectan a varias comunidades.
El Congreso mexicano, dominado por el oficialismo, concluyó el viernes la aprobación de una reforma constitucional que busca anular elecciones en las que se compruebe que en el resultado influyó una intervención extranjera.
La iniciativa, lanzada por el partido Morena (izquierda), fue aprobada ayer en el Senado tras ser votada el jueves por los diputados, pero aún requiere de leyes secundarias para ser aplicada.
Por otro lado, el parlamento bicameral movió los comicios judiciales para 2028, una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otra iniciativa presidencial que fue aprobada con el voto del oficialismo es la creación de una comisión dentro de la autoridad electoral que vete posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado.
Tras la votación en el Sanado, el artículo 41 de la Constitución plantea ahora la nulidad de una elección cuando «se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados».
Esta reforma sobre injerencia despertó, no obstante, preocupación entre opositores y expertos, que alertan sobre la discrecionalidad de su aplicación.
Pero la propuesta complementaria que reformaba leyes secundarias relativas a las causales de nulidad de una elección fue retirada la tarde del jueves por Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena y autor del proyecto.
Esto deja a la reforma constitucional sin una normativa para aplicarse.
Monreal dijo que las leyes secundarias requieren de «un mayor periodo de reflexión» y de construir «consensos parlamentarios».
José Antonio Crespo, experto en materia electoral, dijo a la AFP que la propuesta original es «tan vaga» que puede ser utilizada como un «elemento de abuso», sobre todo por parte del oficialismo.
«Si se quiere incorporar un elemento de nulidad que tenga que ver con la intervención extranjera tendría que ser muy preciso», añadió.
De ser aprobadas las leyes secundarias, esta reforma sobre la intervención extrajera se aplicaría en las elecciones generales de 2030.
El próximo año México celebra comicios intermedios en las que se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales.
