Judicial
Condenan a pandillero que extorsionaba a comerciantes en Santa Ana
La Unidad de Penal Juvenil de la oficina fiscal de Santa
Ana, logro la sanción de siete años de internamiento y tres de libertad
asistida para un pandillero de MS, luego de que un tribunal de menores lo
declarara culpables del delito de Extorsión Agravada, en perjuicio de un
comerciante de la cabecera departamental, que goza de régimen de protección de
víctima y testigo, dijo el jefe de la Unidad Julio Sosa.
El Juzgado Segundo de Menores de Santa Ana, determinó la responsabilidad de
Christopher N., luego de que la Fiscalía presentara, además del testimonio de
la víctima, pruebas de entregas controladas, con lo que se comprobó la
participación del adolescente en el delito de Extorsión Agravada, prevista y
sancionada en el artículo 214 del Código Penal.
La víctima y testigo, quien goza de protección especial y se le identifica bajo
la clave “49”, dijo que en el mes de mayo de 2018, en la ciudad de Santa Ana,
se le acercaron tres sujetos de la MS, manifestándole que si quería trabajar en
la zona, tenía que darles cada vez que entrara la cantidad de $50.00, y en caso
que no cumpliera lo iban a matar; ante tal situación interpone denuncia en sede
policial.
Al iniciar la investigación la víctima entrego por temor a que lo fueran a
matar el número telefónico para realizar la negociación con los sujetos, por lo
que el 5 de junio del 2018, le entrego un billete de $20.00, para que lo
entregaran los sujetos que le exigían el dinero, posteriormente los
investigadores dela PNC realizan la entrega controlada, el cual fue recogido
por un sujeto que se conducía en bicicleta, quien momentos después fue
interceptado e identificado con el nombre de Christopher N.
Durante la Vista de Causa al adolescente Christopher N., se le declaro
responsable imponiéndole la medida definitiva de siete años de Internamiento y
tres años de libertad asistida, pena que cumplirá en la Granja de
Rehabilitación para jóvenes en conflicto con la ley en Ilobasco, en el
departamento de Cabañas, concluyo el fiscal Ponce.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
