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Combate a las Pandillas: El plan más eficiente de la última década transformando la seguridad nacional
Datos vertidos por las encuestas de opinión de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA), elaboradas en los últimos 10 años, muestran la eficacia de las políticas de seguridad (Plan Control Territorial y el régimen de excepción) implementados por el Gobierno de Nayib Bukele, versus los bajos resultados obtenidos por los planes de seguridad ejecutados durante los mandatos presidenciales de ARENA y el FMLN.
Las estadísticas demuestran, un amplio apoyo (99 % en estudio realizado en junio 2024) de la población hacía el régimen de excepción en comparación del 50 %, 38 % y 59 % recibidos por parte de planes como El Salvador Seguro, la Tregua entre pandillas y el Plan Super Mano Dura, respectivamente.
Las encuestas muestran como la inseguridad y la delincuencia en el país pasaron de ser, en el 2015, el principal problema que aquejaba al país para el 60.9 % de ciudadanos, a pesar de la implementación del Plan El Salvador Seguro durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén, a convertirse en un tema casi resuelto en 2023 y 2024, ya que solo representaba problema para 2.6 % y 1.7 %, respectivamente, con la ejecución del régimen de excepción.
Entre el 2014 y el 2019, el último quinquenio gobernado por el FMLN, la población consideraba que la situación del país iba empeorando, la principal causa era el incremento de la inseguridad y la delincuencia que pasó del 42.8 % en 2015 al 44.3 % en 2017 y al 70.9 % en el 2018.
En ese último año, los salvadoreños consideraban como el principal fracaso de la administración Sánchez Cerén el aumento de la delincuencia que llevó al mandatario a incumplir su principal promesa «convertir a El Salvador en el país más seguro», el 79.6 % de la población opinó que no la estaba cumpliendo.
Sin embargo, el problema de la delincuencia se fue revirtiendo rápidamente en los primeros seis meses de mandato de Nayib Bukele, quien, con la ejecución del Plan Control Territorial logró que la población considerara, a finales de 2019, que la principal razón por la cual el país se encontraba mejor que el año anterior, era las mejoras en materia de seguridad brindándole un 42.6 % de apoyo, los salvadoreños también destacaron que en los últimos seis meses del 2019 la inseguridad y la delincuencia disminuyeron en un 52.3 % y un 63.1 %, respectivamente.
Para el 2022, las encuestas de la UCA mostraron que el 54.2 % de los salvadoreños opinaban que la seguridad en el país había mejorado; mientras que en el 2023 el 91 % de la población destacó que la delincuencia había disminuido, ya para el 2024 el 96.8 % de los salvadoreños consideraron que la delincuencia se redujo.
Para ese mismo año (2024), el 85 % de los encuestados detallaron que la drástica disminución de la delincuencia, en los últimos años, se debe a la ejecución del régimen de excepción, en esa misma encuesta el 87.5 % de los salvadoreños indicaron sentirse más seguros, gracias a la implementación de dicha medida, además siete de cada diez salvadoreños (69.1 %) opinó que el régimen debe continuar.
POCA ACEPTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD DEL FMLN
Contrario a la gran aceptación que actualmente tiene la población del régimen de excepción, el Plan El Salvador Seguro no gozó de la aprobación de los salvadoreños, para el 2015 el 41.7 % de los encuestados opinaron que la medida de seguridad ejecutada, en ese momento por el Gobierno del FMLN, estaba dando pobres resultados.
El 22 de julio de 2003 Francisco Flores, presidente del partido ARENA, lanzó el Plan Mano Dura, en la colonia Dina, de San Salvador. Foto: Cortesía.
La baja aprobación del plan fue tal que para el 2016, el 77.3 % de la población aseguró que los pandilleros eran los principales ejecutores de la ola de homicidios que azotaba al país; el descontento de los encuestados fue más allá y el 35.6 % señaló que el despliegue de soldados y tanquetas en las calles no reducía la criminalidad versus un 15 % que aseguró que sí.
La perspectiva de la población, respecto a los planes de seguridad, cambió para el 2020, año en que el 68.8 % de los encuestados destacó que el Plan Control Territorial le permitió al Gobierno recuperar los territorios que eran controlados por pandillas, la opinión del 71.6 % de la ciudadanía también detalló que para ese año el Plan ayudó a reducir la delincuencia en todo el país.
Para el 2021, contrario a lo sucedido con el Plan El Salvador Seguro, el 59.4 % de los salvadoreños opinaron que el despliegue de soldados ordenado por el Gobierno contribuyó a la reducción de todos los crímenes en el país.
La poca eficiencia de los planes de seguridad implementados por gobiernos anteriores también tuvo repercusión en la confianza que la población tenía en instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República (FGR).
En el 2015, por ejemplo, el 43.6 % de los salvadoreños dijeron tener poca confianza en la Policía versus un 18.5 % que opinó no tener ninguna confianza; para el 2018, la opinión de la población no varió mucho, un 42.3 % aseguró tener poca confianza en la institución y un 12.4 % dijo tener mucha confianza.
Una situación similar ocurrió con la Fuerza Armada y la Fiscalía, en el 2015, el 37.2 % y el 42.4 % expresaron tener poca confianza en ambas instituciones, respectivamente. Mientras que, el 2018, el 40.3 % dijo tener poca confianza en la institución castrense y el 43.5 % en la FGR.
Contrario a esa desconfianza generada por el Plan El Salvador Seguro, en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública, luego de casi tres años de implementación de régimen de excepción, la población tiene 82.9 % de confianza en la Fuerza Armada, 79.1 % en la PNC y 63.3 % en la Fiscalía, según la encuesta publicada por la UCA el 20 de enero 2024.
PERSPECTIVAS A FUTURO
En los últimos años, la esperanza de los salvadoreños en un país mejor y libre de la delincuencia ha aumentado, contrario a lo ocurrido durante el último mandato del FMLN.
En el 2015, a la pregunta ¿Cuándo piensa en el futuro del país, que es lo primero que siente? El 56.9 % de la población opinó que temor, versus un 40.9 % que dijo sentirse esperanzado.
Para el 2022, ya con Bukele liderando el país, la expectativa de la población cambió, y a la misma pregunta un 65.5 % opinó sentirse esperanzado, versus un 31.1 % que dijo sentir temor; y para el 2024 esa proyección ha ido en alza sin precedentes: el 77.3 % de los encuestados indicó sentirse esperanzado versus un 19.4 % que mencionó sentir temor.
En la misma encuesta, 56 de cada 100 salvadoreños (el 56.7 %) declararon que para el 2025 la delincuencia seguirá disminuyendo, versus un 4.4 % que piensa que aumentará.
Respaldado con cifras y con el sentir de su población, El Salvador mantiene en el primer trimestre de 2026, las cifras más bajas de homicidios de Centroamérica, consolidándose como un país seguro para vivir, para hacer turismo y negocios.
En contraste, y de acuerdo a cifras oficiales, Guatemala registra actualmente el mayor índice de crímenes contra la vida, seguido por Honduras y en tercer lugar Costa Rica, donde el tema del narcotráfico y las bandas criminales, han disparado los actos delictivos.
Es así como, mientras en El Salvador se contabilizan 19 homicidios en los primeros tres meses de 2026, en contraste; según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de Guatemala, en el primer trimestre de este año, se registran 613 homicidios con promedio de 6.8 asesinatos por día. De ellos, 204 ocurrieron en enero, 172 en febrero y 237 en marzo. El punto más crítico ocurrió en enero, cuando operativos de control en las cárceles generó una ola de violencia, que cegó la vida de al menos once policías, a manos de las pandillas.
La matanza protagonizada por pandilleros fue en respuesta a que el gobierno intentaba recuperar el control de las cárceles, las cuales estaban en manos de las pandillas, que hasta tenían tiendas y diversas comodidades al interior y que se daban el lujo de exigir servicio de comidas a domicilio.
El Salvador, después de ser considerado uno de los países más peligrosos del mundo, con tasas de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes y un promedio de 18 homicidios por día en el 2015, ahora es considerado el más seguro de Latinoamérica.
Las medidas de seguridad han permitido posicionarse en el tiempo, como el país con los índices más bajos de asesinatos. En el 2025 El Salvador alcanzó el récord histórico de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, al registrarse solo 82 asesinatos durante el año. Una cifra muy inferior a 2019, cuando la tasa de homicidios fue de 38 por cada 100,000 habitantes.
Honduras bajo fuego
Honduras ocupa el segundo lugar en el índice de más víctimas por homicidios. De acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad de Honduras, en el primer trimestre hubo 524 muertes violentas, a un promedio de 6 por día, desatando preocupación entre la población. En enero hubo un reporte de 179 muertes violentas, en febrero 168 y para marzo 177. La tendencia de hechos de violencia en Honduras, se mantiene en abril. Uno de los casos más recientes sucedió el pasado 6 de abril cuando tres jóvenes fueron abatidos a balazos al interior de sus viviendas, en la comunidad El Guano, en Danlí, departamento de El Paraíso, por posibles vínculos con el narcotráfico.
Costa Rica, que por años fue considerada un «ejemplo de seguridad», ha sido golpeada últimamente por la violencia. En el primer trimestre de 2026, las autoridades costarricenses registran un total de 177 homicidios, la mayoría protagonizados por personas vinculadas al crimen organizado o el narcotráfico.
Frente a estos índices de violencia, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández ha expresado su intención de replicar aspectos del plan de seguridad de El Salvador tras evaluar el éxito en la seguridad de este país, el cual antepone los derechos de las víctimas y personas honradas por encima del de los grupos criminales.
La funcionaria costarricense respaldo establecer un mayor control en las cárceles y un combate más fuerte contra las bandas delincuenciales. Tomando como ejemplo a El Salvador, en Costa Rica se construye el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), que es una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
En Panamá, el trimestre ha cerrado con cifras alarmantes: más de 120 muertes violentas; según datos de la Policía hubo 42 homicidios en 27 días de marzo.
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, ha dicho que más del 90% de estos crímenes están vinculados a estructuras delictivas. Según Fernández, la mayoría de los crímenes responde a conflictos entre pandillas y grupos criminales.
Sobre Nicaragua hay poca información oficial sobre índices de criminalidad. Un reporte de la Policía Nacional, correspondiente al periodo de Semana Santa, del 29 de marzo al 5 de abril, revela que hubo tres muertes violentas. Mientras tanto el Colectivo de Mujeres de Nicaragua, registra cinco feminicidios en los primero tres meses de 2026.
En una reciente entrevista radial, Mauricio Soza, Inspector General de la Policía Nacional, expresó que la tasa de homicidios de Nicaragua es de 4.5 por cada 100,000 habitantes y destacó que su país es «de los más seguros» de Centroamérica, aunque el país está sumido en carencia de libertades en diferentes ámbitos.
El sistema financiero salvadoreño continúa consolidando su papel como principal fuente de financiamiento para la economía. De acuerdo con datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la cartera de créditos alcanzó los $21,056.8 millones al cierre de febrero de 2026, impulsada principalmente por el crecimiento de la banca.
Del total, los bancos concentran la mayor participación, con $19,242.9 millones en préstamos, equivalentes a más del 90 % de la cartera total. Por su parte, los bancos cooperativos registran $1,428.6 millones, mientras que las sociedades de ahorro y crédito (SAC) suman $385.3 millones.
En términos de colocación mensual, durante febrero de 2026 se otorgaron $953.7 millones en créditos a través de bancos, $13 millones mediante bancos cooperativos y $22 millones por parte de las SAC, lo que suma cerca de $989 millones en nuevos financiamientos en el sistema.
Al analizar la estructura del crédito en la banca, se observa que el consumo es el principal destino, con un saldo de $6,067.3 millones. Le siguen el comercio, con $3,082.9 millones, y la adquisición de vivienda, que alcanza los $3,005.8 millones. Estos tres segmentos concentran más de la mitad del crédito bancario.
BH dispone de $3 millones para colocar préstamos, aunque este monto puede variar dependiendo de las solicitudes del producto financiero. Foto: Banco Hipotecario
Otros sectores relevantes dentro de la cartera de los bancos incluyen la industria manufacturera, con $1,796 millones; los servicios, con $1,791.2 millones; y la construcción, con $1,426.2 millones. Asimismo, el financiamiento a electricidad, gas, agua y servicios suma $737.6 millones, mientras que el sector agropecuario registra $409.1 millones.
En el caso de los bancos cooperativos, el crédito también presenta una alta concentración en consumo, con $676.1 millones, seguido por servicios ($163.6 millones) y adquisición de vivienda ($175.3 millones). Destaca además el financiamiento a instituciones financieras, que alcanza $251.5 millones dentro de este segmento.
Por su parte, las sociedades de ahorro y crédito mantienen una cartera más enfocada en consumo, con $197.1 millones, y comercio, con $91 millones. Otros sectores como servicios ($46.5 millones) y transporte, almacenaje y comunicación ($21.4 millones) también forman parte de su estructura crediticia.
En conjunto, los datos reflejan una distribución del crédito donde predominan los segmentos vinculados al consumo, el comercio y la vivienda, mientras que sectores productivos como industria y agropecuario mantienen una participación menor dentro del total del sistema financiero.
Con una cartera que supera los $21,000 millones y un flujo mensual cercano a los $1,000 millones, el crédito continúa siendo un componente clave para la actividad económica en El Salvador, tanto para el financiamiento de los hogares como para la operación de empresas en distintos sectores.
La comisión de hacienda y especial del presupuesto del congreso emitió ayer dictamen favorable a la iniciativa del Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para suscribir un contrato de préstamo en especie (C-062025) con la empresa AGM El Salvador, por un monto de $23.7 millones para el proyecto Suministro e Instalación de Luminarias con Tecnología Led en Tramos Priorizados de la Red Vial a escala nacional.
La ejecución de este proyecto comprende obras en los siguientes tramos: Sacacoyo-Acajutla, periférico Claudia Lars, carretera Troncal del Norte entre San Salvador y Apopa, y carretera de Oro entre Apopa y San Martín, el cual será realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).
Para ahondar en detalles del proyecto, la comisión recibió a Marlon Omar Herrera, director general de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda.
«El MOPT determinó que la oferta técnica como económica presentadas por la empresa AGM El Salvador cumple con los criterios establecidos para la aceptación de la mismas; siendo ella quien proveería el financiamiento en especie para el contrato de suministro», explicó.
Herrera agregó: «El objetivo general del proyecto es contribuir para mejorar las condiciones de seguridad vial en las carreteras mejorando la visibilidad nocturna a través de la implementación de un sistema de iluminación con tecnología innovadora en diversos tramos de carretera a escala nacional».
Manifestó que al contar con este tipo de iluminación también se contribuye a reducir la accidentabilidad vial, por lo que el MOPT ha priorizado iluminar los tramos de carreteras antes mencionados; además, dijo que se favorecerán las condiciones de seguridad.
«El beneficio con este proyecto es contribuir al fortalecimiento de la seguridad vial, ya que con la iluminación adecuada de la carretera no solamente se brinda mejora en la infraestructura, sino que se dota de visión nocturna que produzca un entorno más seguro para los automovilistas y peatones», sostuvo.
Expuso que se mejorarán las condiciones para la circulación del tráfico en tiempo, ahorro de costos operativos y movilidad relacionada con el turismo.
«Se beneficia directamente a varios municipios de Sonsonate, La Libertad y de todo el país, porque es nuestra conexión y son nuestras arterias principales con occidente», afirmó Christian Guevara, presidente de la comisión de hacienda.
El legislador cian añadió: «Seguimos apoyando al norte [del país] porque se van a iluminar la Troncal del Norte y carretera de Oro, con alcance de muchas personas que viven en Soyapango, Ilopango y San Martín». Dicho préstamo tendrá un plazo de 48 meses, que se pagarán seis meses después de que el MOPT certifique los avances o entregas del proyecto.
