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Combate a las Pandillas: El plan más eficiente de la última década transformando la seguridad nacional
Datos vertidos por las encuestas de opinión de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA), elaboradas en los últimos 10 años, muestran la eficacia de las políticas de seguridad (Plan Control Territorial y el régimen de excepción) implementados por el Gobierno de Nayib Bukele, versus los bajos resultados obtenidos por los planes de seguridad ejecutados durante los mandatos presidenciales de ARENA y el FMLN.
Las estadísticas demuestran, un amplio apoyo (99 % en estudio realizado en junio 2024) de la población hacía el régimen de excepción en comparación del 50 %, 38 % y 59 % recibidos por parte de planes como El Salvador Seguro, la Tregua entre pandillas y el Plan Super Mano Dura, respectivamente.
Las encuestas muestran como la inseguridad y la delincuencia en el país pasaron de ser, en el 2015, el principal problema que aquejaba al país para el 60.9 % de ciudadanos, a pesar de la implementación del Plan El Salvador Seguro durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén, a convertirse en un tema casi resuelto en 2023 y 2024, ya que solo representaba problema para 2.6 % y 1.7 %, respectivamente, con la ejecución del régimen de excepción.
Entre el 2014 y el 2019, el último quinquenio gobernado por el FMLN, la población consideraba que la situación del país iba empeorando, la principal causa era el incremento de la inseguridad y la delincuencia que pasó del 42.8 % en 2015 al 44.3 % en 2017 y al 70.9 % en el 2018.
En ese último año, los salvadoreños consideraban como el principal fracaso de la administración Sánchez Cerén el aumento de la delincuencia que llevó al mandatario a incumplir su principal promesa «convertir a El Salvador en el país más seguro», el 79.6 % de la población opinó que no la estaba cumpliendo.
Sin embargo, el problema de la delincuencia se fue revirtiendo rápidamente en los primeros seis meses de mandato de Nayib Bukele, quien, con la ejecución del Plan Control Territorial logró que la población considerara, a finales de 2019, que la principal razón por la cual el país se encontraba mejor que el año anterior, era las mejoras en materia de seguridad brindándole un 42.6 % de apoyo, los salvadoreños también destacaron que en los últimos seis meses del 2019 la inseguridad y la delincuencia disminuyeron en un 52.3 % y un 63.1 %, respectivamente.
Para el 2022, las encuestas de la UCA mostraron que el 54.2 % de los salvadoreños opinaban que la seguridad en el país había mejorado; mientras que en el 2023 el 91 % de la población destacó que la delincuencia había disminuido, ya para el 2024 el 96.8 % de los salvadoreños consideraron que la delincuencia se redujo.
Para ese mismo año (2024), el 85 % de los encuestados detallaron que la drástica disminución de la delincuencia, en los últimos años, se debe a la ejecución del régimen de excepción, en esa misma encuesta el 87.5 % de los salvadoreños indicaron sentirse más seguros, gracias a la implementación de dicha medida, además siete de cada diez salvadoreños (69.1 %) opinó que el régimen debe continuar.
POCA ACEPTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD DEL FMLN
Contrario a la gran aceptación que actualmente tiene la población del régimen de excepción, el Plan El Salvador Seguro no gozó de la aprobación de los salvadoreños, para el 2015 el 41.7 % de los encuestados opinaron que la medida de seguridad ejecutada, en ese momento por el Gobierno del FMLN, estaba dando pobres resultados.
El 22 de julio de 2003 Francisco Flores, presidente del partido ARENA, lanzó el Plan Mano Dura, en la colonia Dina, de San Salvador. Foto: Cortesía.
La baja aprobación del plan fue tal que para el 2016, el 77.3 % de la población aseguró que los pandilleros eran los principales ejecutores de la ola de homicidios que azotaba al país; el descontento de los encuestados fue más allá y el 35.6 % señaló que el despliegue de soldados y tanquetas en las calles no reducía la criminalidad versus un 15 % que aseguró que sí.
La perspectiva de la población, respecto a los planes de seguridad, cambió para el 2020, año en que el 68.8 % de los encuestados destacó que el Plan Control Territorial le permitió al Gobierno recuperar los territorios que eran controlados por pandillas, la opinión del 71.6 % de la ciudadanía también detalló que para ese año el Plan ayudó a reducir la delincuencia en todo el país.
Para el 2021, contrario a lo sucedido con el Plan El Salvador Seguro, el 59.4 % de los salvadoreños opinaron que el despliegue de soldados ordenado por el Gobierno contribuyó a la reducción de todos los crímenes en el país.
La poca eficiencia de los planes de seguridad implementados por gobiernos anteriores también tuvo repercusión en la confianza que la población tenía en instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República (FGR).
En el 2015, por ejemplo, el 43.6 % de los salvadoreños dijeron tener poca confianza en la Policía versus un 18.5 % que opinó no tener ninguna confianza; para el 2018, la opinión de la población no varió mucho, un 42.3 % aseguró tener poca confianza en la institución y un 12.4 % dijo tener mucha confianza.
Una situación similar ocurrió con la Fuerza Armada y la Fiscalía, en el 2015, el 37.2 % y el 42.4 % expresaron tener poca confianza en ambas instituciones, respectivamente. Mientras que, el 2018, el 40.3 % dijo tener poca confianza en la institución castrense y el 43.5 % en la FGR.
Contrario a esa desconfianza generada por el Plan El Salvador Seguro, en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública, luego de casi tres años de implementación de régimen de excepción, la población tiene 82.9 % de confianza en la Fuerza Armada, 79.1 % en la PNC y 63.3 % en la Fiscalía, según la encuesta publicada por la UCA el 20 de enero 2024.
PERSPECTIVAS A FUTURO
En los últimos años, la esperanza de los salvadoreños en un país mejor y libre de la delincuencia ha aumentado, contrario a lo ocurrido durante el último mandato del FMLN.
En el 2015, a la pregunta ¿Cuándo piensa en el futuro del país, que es lo primero que siente? El 56.9 % de la población opinó que temor, versus un 40.9 % que dijo sentirse esperanzado.
Para el 2022, ya con Bukele liderando el país, la expectativa de la población cambió, y a la misma pregunta un 65.5 % opinó sentirse esperanzado, versus un 31.1 % que dijo sentir temor; y para el 2024 esa proyección ha ido en alza sin precedentes: el 77.3 % de los encuestados indicó sentirse esperanzado versus un 19.4 % que mencionó sentir temor.
En la misma encuesta, 56 de cada 100 salvadoreños (el 56.7 %) declararon que para el 2025 la delincuencia seguirá disminuyendo, versus un 4.4 % que piensa que aumentará.
Con el propósito de oficializar diferentes iniciativas de cooperación para el fortalecimiento institucional, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el Presidente Ejecutivo de certalatam,Pablo Scotellaro.
En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), destacó el compromiso de la institución con la profesionalización de la función pública, la mejora continua de los servicios estatales y la construcción de una administración más eficiente, innovadora y orientada al bienestar de la población.
Por su parte, el Presidente Ejecutivo de CERTAL resaltó la transformación que vive el país y señaló que el modelo salvadoreño resulta de especial interés para América Latina, al integrar componentes como la tecnología, el turismo, la innovación, la educación con valores esenciales como la ética y la fe. “Queremos que El Salvador sea un aliado principal de CERTAL, para mostrar Latinoamérica al mundo”, afirmó.
Asimismo, habló sobre los siguientes pasos para establecer un centro de formación de alta tecnología, una iniciativa que permitirá abrir nuevos espacios de colaboración, fortalecer los lazos de hermandad entre Uruguay y El Salvador, y proyectar de forma integral los avances alcanzados en la región.
El Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Sr. Camilo Trigueros destacó los avances del CNR como referente de modernización institucional, gracias a una nueva estructura orientada a agilizar trámites, reducir costos y facilitar procesos en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, aclaró que El Salvador ya cuenta con herramientas como la firma electrónica, la factura electrónica y el sello electrónico, fortaleciendo así la transformación digital del Estado. Destacó también la reciente participación en el Encuentro Ministerial organizado por CERTAL junto a la Secretaría de la Presidencia en Montevideo, Uruguay, en donde tuvo la oportunidad de presentar los avances de modernización del CNR, así como los proyectos de formación impulsados desde la ESIAP, los cuales fueron presentados en el mencionado evento por la Directora Ejecutiva de la institución, Sra. @ClaudiadeLarin.
CERTAL es una organización que impulsa espacios de diálogo y articulación entre los sectores público y privado, especialmente en los ámbitos de las telecomunicaciones, mediante cumbres, simposios, encuentros de alto nivel, conferencias y jornadas de capacitación; razón por la cual, se ha comenzado a trabajar en diferentes iniciativas en el marco del acuerdo interinstitucional entre la ESIAP y el CNR para el fortalecimiento de la administración pública en la región.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 26, 2026
Principal
Juez solicita certificaciones de condenas por crímenes que ordenaron 486 cabecillas de la MS
El juicio contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha procesados en audiencia única abierta, permanecerá en receso hasta que diversos tribunales envíen unas 20 certificaciones de condenas impuestas a la Mara Salvatrucha, por crímenes que ordenó la ranfla histórica y demás jefes de esa estructura señalados de 47,427 delitos.
A mediados de la segunda semana de mayo cuando la Fiscalía General de la República informó al juez de la causa que estaban listos para exponer extensos alegatos finales, el funcionario judicial informó que iban entrar en una pausa indefinida porque, pese a las solitudes enviadas a varios tribunales de todo el país para que entregaran las certificaciones de juicios que terminaron en condenas en contra de la MS, no se había recibido respuesta.
La última información que se sabe, es que el juez ya volvió a requerir a los tribunales esas certificaciones, que son parte de la prueba documental que el ministerio público ha ofrecido para fortalecer la acusación por múltiples crímenes consumados con el aval de los 486 cabecillas enjuiciados.
Hasta que el tribunal tenga en su sede esa documentación, se reanudará la audiencia única, esas certificaciones de condenas son hechos que la Mara Salvatrucha perpetró entre el 2012 y 2022, período mediante el cual cometieron de 444 casos de homicidios con un total de 29,000 víctimas.
Esos hechos fueron ejecutados por la organización terrorista conformada por 32 programas [estructura jerárquica superior] distribuidos en 230 clicas [células territoriales].
A mediados de mayo lo último que la Fiscalía presentó fue la prueba documental y pericial mediante la lectura para que sea valorada por el juez.
Las agrupaciones ilícitas es el delito principal acusado por el hecho de ser miembros de la Mara Salvatrucha, se incluyen también extorsión, tráfico de armas, tráfico de droga, trata de personas y homicidio.
El ministerio público ha informado que cuando se reinicie con la audiencia van a exponer alegatos finales extensos con varias jornadas en las cuales aclararán al juez la participación de los terroristas en cada uno de los ilícitos atribuidos y que se les condene por cada una de las imputaciones.
Con audios y videos se ha establecido el nivel jerárquico en la MS, para consumar los delitos entre el 2012 y 2022 y acreditar la autoría mediata en los aparatos organizados de poder y no ver a los cabecillas como simples cómplices o inductores, sino como los hombres de atrás, quienes en su calidad de máximos jefes de estructuras ordenaron crímenes a cientos de pandilleros.
Jueces del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador comenzaron este lunes a enjuiciar en audiencia única abierta a 134 terroristas de dos estructuras de la Mara Salvatrucha.
Son dos expedientes únicos diligenciados por separado en esa sede judicial, el primero es en contra de 43 pandilleros de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos que por años estuvieron delinquiendo en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador,
Al iniciar la audiencia, la Fiscalía General de la República planteó al tribunal que con la abundante prueba recopilada acreditará que los mareros incurrieron en delitos de crimen organizado.
La principal acusación es por agrupaciones ilícitas y entre los enjuiciados hay dos cabecillas, uno de ellos es el fundador y el otro tiene el rango de corredor de clica.
Para ambos el ministerio público pretende que se les condene a la pena máxima de 60 años de prisión, la reformas que la Asamblea Legislativa aprobó a la Ley contra el Crimen Organizado ordena que fundadores y cabecillas de pandillas deben ser condenados de 45 a 60 años de prisión y en este caso los representantes de la Fiscalía se proponen lograr una condena con la pena máxima.
Además, los terroristas también enfrentan los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, así como posesión y tenencia con fines de tráfico.
En el segundo expediente, son procesados 91 terroristas que durante décadas estuvieron delinquiendo en barrios, colonias, caseríos y cantones de cinco distritos de departamento de Cabañas.
Los imputados enfrentan agrupaciones ilícitas como delito común, pero también son señalados de tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas cometidos durante su accionar en Sensuntepeque, Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera.
Estos pandilleros fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada, a través de las incursiones realizadas en el marco del régimen de excepción, esas acciones realizadas les permitieron ingresar a peligrosas colonias.
En Sensuntepeque, detuvieron a los mareros que delinquían en las colonias Los Llanitos, Quinteros y El Moidán, territorios que estaban bajo el dominio de estos terroristas.
En Sensuntepeque, los miembros de estas estructuras estuvieron extorsionando y asesinando personas por varios años.
Los hechos fueron cometidos en el 2012. «Entre los enjuiciados hay un corredor de programa, 3 corredores de clica, 3 corredores de base y varios homeboys que cumplían también con el rol de cabecillas. Además, hay nueve imputados con el rango de chequeo, seis observadores y 44 colaboradores de la pandilla», informó la Fiscalía.
