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Columnista internacional destaca avances en materia de seguridad de El Salvador
Para la investigadora y columnista mexicana, Fernanda Ortega, el acierto que han tenido las medidas de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele han desatado toda una «Bukelemanía», no solo en El Salvador, sino en otros países, donde la admiración por el mandatario es indiscutible.
En una columna publicada en la plataforma web de TV Azteca, Ortega remarca que la admiración hacia Bukele se debe, en gran medida, a la efectividad en los planes de seguridad que ha implementado en el país, como el régimen de excepción.
La investigadora destaca que el régimen de excepción es la herramienta que ha permitido que «66 mil personas han sido detenidas, acusadas de ser pandilleras, y de estas, al menos 4 mil han sido ingresadas al Centro de Confinamiento de Terrorismo de El Salvador, una cárcel y proyecto estrella de Bukele, que equivale a cinco veces el Zócalo de la CDMX, y que tiene capacidad para 40 mil presos».
«Los resultados han sido claros, en 2015, la tasa por homicidios en El Salvador era de 106 por cada 100 mil habitantes. Siete años después, bajó a 7 asesinatos, por la misma cifra de ciudadanos», señala contundentemente en su artículo.
En ese sentido, Ortega cuestiona a quienes han calificado al régimen de excepción como lago «inhumano» o que viola los derechos humanos. Sin embargo, hace énfasis en que los pandilleros han acabado con miles de vidas en El Salvador y han causado dolor a miles de familias, por lo que un castigo ejemplar es una recompensa acorde a sus crímenes.
«En dicha cárcel no hay camas, patios recreativos ni visita conyugal. Solo planchas metálicas para dormir, 19 torres de vigilancia, y un baño para cada 100 reos. Y seguramente sí, es complicado de imaginar, y la pizca de humanidad que habita en nuestro interior nos dirá que es un castigo cruel, que atenta contra toda dignidad», expresa.
«¿Pero qué pasa con las miles de familias salvadoreñas que por años debían cuidarse de los maras? ¿Pensaríamos igual si nos hubiera tocado ver cómo le disparaban en la cabeza a un primo, o violaban a alguna de nuestras vecinas? ¿Realmente se le puede llamar ‘humano’ a alguien que jamás se tentó el corazón y mató a alguien de su propia familia? ¿Realmente son dignos de derechos estos entes?», agrega.
Finalmente, Ortega detalla que «estas cifras, aunadas a otros logros del gobierno salvadoreño, han desatado una Bukelemanía, sobre todo en redes sociales, donde incluso, personas de otras naciones reconocen la labor de Nayib y le piden sea presidente de sus países o de América».
«Nayib Bukele tiene el 92% de aprobación entre los salvadoreños, lo cual podría llevarle a ser presidente por segunda vez, claro, siempre y cuando gane las elecciones de febrero. Sin embargo, esta aceptación no ha impedido que organizaciones internacionales, Derechos Humanos y gobernantes se rasguen las vestiduras por las medidas que Bukele y su gobierno han tomado para detener a los criminales. ¿No será que sus intereses se están viendo afectados, más que una preocupación genuina por los detenidos?», cuestiona.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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