El Gobierno de Ecuador estableció estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, durante 60 días para combatir a los grupos armados organizados ante «el incremento de hostilidades», de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 250 publicado el martes.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajan conjuntamente para «mantener la soberanía y la integridad del Estado».

Con la medida quedó suspendido el derecho de la inviolabilidad de domicilio, esto significa que las autoridades de seguridad pueden llevar a cabo inspecciones, allanamientos y requisas en las propiedades en las que consideren se ocultan miembros vinculados a los grupos armados.

También decomisarán «materiales o instrumentos» con lo que se puedan cometer delitos para neutralizar las amenazas.

Ante la operatividad del crimen en el territorio, el Gobierno también creará en los próximos días la Fuerza de Investigación Anticriminal para reducir los homicidios intencionales.

El director nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased), Freddy Sarzosa, detalló que el principal motivo de la violencia criminal asociada al tráfico de drogas y de armas.

La capital de Honduras declaró este viernes «alerta» por la mala calidad del aire a causa de la contaminación provocada por los miles de vehículos que circulan en la ciudad, anunció una funcionaria.

«Hemos declarado alerta (…) por la calidad del aire, altamente contaminado», declaró a periodistas la directora de Gestión Integral de Riesgos de la Alcaldía de Tegucigalpa, Ingrid Flores.

Tegucigalpa está rodeada de montañas, lo que contribuye a que el humo de unos 650.000 vehículos quede suspendido sobre la ciudad.

El municipio adquirió este año equipo que por primera vez permite medir las micropartículas suspendidas en el aire en esta capital de un millón y medio de habitantes.

«Hoy no se encuentra [el aire] en ese rango de peligro pero sí se encuentra en no saludable», dijo.

«Eso puede repercutir en la salud de la población», porque «afecta vías respiratorias, cerebro, pulmones» y otros órganos, advirtió.

Flores atribuyó el problema a que el «parque vehicular es bien alto y estos gases generan esta contaminación y (…) esperamos que ya no haya ninguna incidencia de incendios forestales».

Los hijos de Diego Maradona, ídolo del fútbol argentino fallecido en 2020, solicitaron a la justicia trasladar los restos de su padre de un cementerio privado a un mausoleo en la capital argentina, informaron este jueves fuentes judiciales.

La petición, tramitada ante un juzgado de la provincia de Buenos Aires, es para «permitir la exhumación de los restos y su traslado con las condiciones de seguridad y confidencialidad suficientes», según el escrito que cita la prensa local.

De acuerdo a la solicitud, el mausoleo se ubicará en el barrio de Puerto Madero, cercano al centro de la capital, «para que todo el pueblo argentino y los ciudadanos del mundo puedan rendir homenaje a quien fuera el máximo ídolo argentino.

La petición lleva la firma de Dalma, Gianinna, Jana, hijas de Maradona, y de su expareja Verónica Ojeda, madre del hijo menor Diego Junior.

Los restos del «10» permanecen en el privado cementerio de Bella Vista, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y emblema de la selección albiceleste, falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en su lecho de enfermo, convaleciente de una cirugía por un hematoma en la cabeza sufrido en un accidente casero.

El deceso se produjo cuando el excapitán del seleccionado campeón en México 1986 se encontraba bajo internación domiciliaria, en una residencia de un barrio privado de Tigre, a 40 km al norte de Buenos Aires.

Ocho profesionales de la salud, entre ellos el cirujano que lo intervino, serán juzgados por «homicidio con dolo eventual» (sin intención), en un proceso que se espera comience el 4 de junio próximo en los tribunales de San Isidro (periferia norte de Buenos Aires).

Los acusados enfrentan posibles penas que van desde los 8 a los 25 años de prisión.

La fiscalía considera que todos ellos incumplieron las responsabilidades que tenían a su cargo sobre el cuidado de Maradona durante su internación domiciliaria.