Internacionales
Los peruanos afrontan desconcertados una elección presidencial con 36 candidatos
La profunda crisis política del país, que ha tenido ocho mandatarios en 10 años, el último designado hace apenas dos semanas, ha hecho que buena parte del electorado mire con desilusión estas elecciones con récord de postulantes.
Entre los candidatos figuran un prófugo de la justicia por presunta corrupción, un cómico de la televisión, un exfutbolista de la selección nacional y ex militares. Más de una veintena aparece en el rubro «otros» de los sondeos.
«No le tengo fe a ninguno», pues que el que gane «no va a hacer nada por nosotros», dice decepcionada López, madre de 43 años, frente a una estación de metro en Lima donde vende refrescos fríos en medio del verano.
Como ella, según una reciente encuesta de la consultora Ipsos, el 28% de los peruanos ya decidió no darle su voto a ninguno de los aspirantes que figurarán en una inédita papeleta de 65 centímetros de largo.
«Hay demasiados candidatos. A algunos ya los conocemos y sabemos que son un desastre», dice la médica Solange León, de 29 años, en una concurrida plaza del centro de la capital de 10 millones de habitantes.
Para el electorado, es muy difícil encontrar un postulante que lo convenza. «Los más conocidos tienen mucho rechazo» y el resto «son desconocidos», explica a la AFP el sociólogo David Sulmont.
Los actuales favoritos para pasar a un balotaje son el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que lidera con un 10%, y Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori, con 9%, según la misma encuestadora.
Entre los dos no llegan ni a una quinta parte de las preferencias.
– «No tengo esperanzas» –
El actual presidente interino, el izquierdista José María Balcázar, que reemplazó a mediados de febrero al destituido José Jerí, no puede ser candidato.
La fragmentación del panorama político significa que hay «muchas dificultades» para «representar intereses sociales» y que hay una desconexión «entre las demandas de la ciudadanía y el sistema político», según Sulmont.
Además, dice, la dispersión «ha roto el equilibrio de poder entre el Parlamento y el Ejecutivo».
Los presidentes en Perú, con un Parlamento muy dividido y sin una bancada numerosa, están constantemente amenazados por el fantasma de la destitución.
Desde el 2016, el Congreso cesó a cuatro. Dos renunciaron antes de enfrentar el mismo destino y apenas uno completó su mandato interino.
Walter Chávez, un abogado de 59 años, se debate entre cuatro posibilidades para votar. Aún así, se mantiene escéptico. «No tengo esperanzas» de que estas elecciones generen un cambio, dice.
«Los actores de la política han hecho la tarea perfecta de destruir la confianza» de la población en la democracia peruana, comenta Guillermo Loli, director de estudios de opinión de Ipsos.
Acostumbrados a un congreso unicameral, los peruanos escogerán por primera vez desde 1990 diputados y senadores, tanto nacionales como regionales. Una cédula con cinco columnas aumentará su perplejidad.
Al menos 252 candidatos a todos los cargos en juego tienen condenas penales, de acuerdo con un informe de la radio RPP.
«Va a ser muy complicado para la ciudadanía», advierte Sulmont.
Las calles atiborradas de afiches, las estruendosas caravanas de campaña y los medios colmados de jingles siembran aún más incertidumbre.
«Buscamos un candidato que se asemeje a lo que queremos», pero no lo encontramos, dice Antony Cotrina, administrador de 36 años.
La desconfianza surge después de años de inestabilidad, falta de resultados de las autoridades, corrupción y una percepción general de ineficiencia.
El único consuelo de los electores es que pese a la crisis política, Perú se mantiene como una de las economías más estables de Latinoamérica. En 2025 registró la inflación más baja de la región (1,5%).
«Los escándalos de corrupción (…) hacen que la gente esté en su vida diaria, en la lucha permanente. No está para perder el tiempo en la política», dice Loli.
Eduardo Goytisolo, comerciante de 48 años, coincide. Asegura que no piensa leer los 36 planes de propuestas para la presidencia.
«El peruano es así. Trabaja y no necesita del Estado», anota.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
