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Los peruanos afrontan desconcertados una elección presidencial con 36 candidatos
La profunda crisis política del país, que ha tenido ocho mandatarios en 10 años, el último designado hace apenas dos semanas, ha hecho que buena parte del electorado mire con desilusión estas elecciones con récord de postulantes.
Entre los candidatos figuran un prófugo de la justicia por presunta corrupción, un cómico de la televisión, un exfutbolista de la selección nacional y ex militares. Más de una veintena aparece en el rubro «otros» de los sondeos.
«No le tengo fe a ninguno», pues que el que gane «no va a hacer nada por nosotros», dice decepcionada López, madre de 43 años, frente a una estación de metro en Lima donde vende refrescos fríos en medio del verano.
Como ella, según una reciente encuesta de la consultora Ipsos, el 28% de los peruanos ya decidió no darle su voto a ninguno de los aspirantes que figurarán en una inédita papeleta de 65 centímetros de largo.
«Hay demasiados candidatos. A algunos ya los conocemos y sabemos que son un desastre», dice la médica Solange León, de 29 años, en una concurrida plaza del centro de la capital de 10 millones de habitantes.
Para el electorado, es muy difícil encontrar un postulante que lo convenza. «Los más conocidos tienen mucho rechazo» y el resto «son desconocidos», explica a la AFP el sociólogo David Sulmont.
Los actuales favoritos para pasar a un balotaje son el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que lidera con un 10%, y Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori, con 9%, según la misma encuestadora.
Entre los dos no llegan ni a una quinta parte de las preferencias.
– «No tengo esperanzas» –
El actual presidente interino, el izquierdista José María Balcázar, que reemplazó a mediados de febrero al destituido José Jerí, no puede ser candidato.
La fragmentación del panorama político significa que hay «muchas dificultades» para «representar intereses sociales» y que hay una desconexión «entre las demandas de la ciudadanía y el sistema político», según Sulmont.
Además, dice, la dispersión «ha roto el equilibrio de poder entre el Parlamento y el Ejecutivo».
Los presidentes en Perú, con un Parlamento muy dividido y sin una bancada numerosa, están constantemente amenazados por el fantasma de la destitución.
Desde el 2016, el Congreso cesó a cuatro. Dos renunciaron antes de enfrentar el mismo destino y apenas uno completó su mandato interino.
Walter Chávez, un abogado de 59 años, se debate entre cuatro posibilidades para votar. Aún así, se mantiene escéptico. «No tengo esperanzas» de que estas elecciones generen un cambio, dice.
«Los actores de la política han hecho la tarea perfecta de destruir la confianza» de la población en la democracia peruana, comenta Guillermo Loli, director de estudios de opinión de Ipsos.
Acostumbrados a un congreso unicameral, los peruanos escogerán por primera vez desde 1990 diputados y senadores, tanto nacionales como regionales. Una cédula con cinco columnas aumentará su perplejidad.
Al menos 252 candidatos a todos los cargos en juego tienen condenas penales, de acuerdo con un informe de la radio RPP.
«Va a ser muy complicado para la ciudadanía», advierte Sulmont.
Las calles atiborradas de afiches, las estruendosas caravanas de campaña y los medios colmados de jingles siembran aún más incertidumbre.
«Buscamos un candidato que se asemeje a lo que queremos», pero no lo encontramos, dice Antony Cotrina, administrador de 36 años.
La desconfianza surge después de años de inestabilidad, falta de resultados de las autoridades, corrupción y una percepción general de ineficiencia.
El único consuelo de los electores es que pese a la crisis política, Perú se mantiene como una de las economías más estables de Latinoamérica. En 2025 registró la inflación más baja de la región (1,5%).
«Los escándalos de corrupción (…) hacen que la gente esté en su vida diaria, en la lucha permanente. No está para perder el tiempo en la política», dice Loli.
Eduardo Goytisolo, comerciante de 48 años, coincide. Asegura que no piensa leer los 36 planes de propuestas para la presidencia.
«El peruano es así. Trabaja y no necesita del Estado», anota.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
