Judicial
Finaliza interrogatorio del exsecretario presidencial en Caso Saqueo Público
En el seguimiento del juicio de Caso Saqueo Público, de 10 exfuncionarios acusados de apropiarse de $351, 035,400 en el mandato presidencial de Mauricio Funes, culminó ayer el interrogatorio al testigo criteriado, Francisco José Cáceres Saldaña, exsecretario privado de Funes.
El exsecretario rindió su testimonio ante los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador desde el 29 de agosto hasta el 1º de septiembre.
La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció su declaración con el propósito de acreditar la apropiación de $351, 035,400, la manera en la que se sustrajo, los exfuncionarios y demás involucrados que se beneficiaron con el dinero del Estado.
Ante esto, los defensores interrogaron a Cáceres Saldaña, para ello las estrategias de los abogados es contrarrestar las incriminaciones que el criteriado reveló y llevarlo a incurrir en contradicciones y desacreditarlo.
En ese sentido, al ser testigo criteriado, se plantea que a cambio de no ir a prisión decidió declarar en contra de los imputados. La declaración posee reserva a la prensa.
La FGR presentará esta semana a otro testigo que fue muy cercano a Mauricio Funes y quien también obtuvo beneficios económicos de Casa Presidencial para sus empresas, la declaración también será reservada.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
