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El Salvador mejora significativamente su posición en el ranking mundial de combate al crimen organizado
El Salvador alcanzó su mejor calificación histórica en el Índice Mundial de Crimen Organizado, posicionándose como el país menos expuesto al crimen organizado transnacional en la región, gracias a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno.
Este reporte es desarrollado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y es financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Programa ENACT de la Unión Europea y el Gobierno de Noruega. La herramienta se lanzó en el 2021 y se han publicado tres índices mundiales desde entonces.
En el Índice Mundial de Crimen Organizado, El Salvador ocupa la posición número 77, una mejora sustancial con respecto al 2023, cuando se ubicaba en el puesto 52. Este índice ordena a los países del peor al mejor desempeño, por lo que avanzar hacia números más altos en la clasificación indica una mejora.
El Salvador ha logrado un avance significativo en este ranking mundial, escalando 25 posiciones. Este resultado refleja una tendencia sostenida de mejora, ya que en 2021 se encontraba entre los países con menor calificación, ocupando el puesto 46. Estos avances están estrechamente vinculados a las medidas de seguridad implementadas desde el 2022, que han marcado un antes y un después en la percepción internacional del país.
El informe de estos expertos sobre El Salvador en el 2025 muestra mejoras significativas en el combate a la extorsión, las pandillas, el contrabando y el comercio ilícito, las redes criminales y los crímenes relacionados con la flora y la fauna, entre otros aspectos.
“La ofensiva estatal contra el crimen organizado ha reducido significativamente el control de las pandillas en los barrios, lo que ha provocado una disminución en los casos de extorsión. Muchos negocios ya no incluyen los pagos de extorsión en sus costos operativos, y el sector del transporte reporta ahorros significativos gracias a la reducción de las demandas de extorsión de las pandillas”, dice el documento.
“El comercio ilícito de productos de tabaco ha servido durante mucho tiempo como una fuente de ingresos para las pandillas. En particular, se sabe que la MS-13 utiliza cigarrillos ilícitos para financiar sus actividades, a veces obligando a individuos a participar en el contrabando y la venta de cigarrillos ilícitos si no pueden pagar las extorsiones. Según informes, la represión al crimen organizado ha disminuido la participación de las pandillas en el contrabando de cigarrillos, trasladando sus operaciones a Guatemala y Honduras”, añaden los expertos.
Entre otros detalles, el reporte sobre El Salvador también menciona que las actividades de comercio de cannabis y otras drogas “se han visto gravemente afectadas por las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno, que han debilitado la operatividad de estas pandillas”.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos de estabilización de dos taludes en residencial Palo Alto, Zaragoza, continúan. Estos trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación 2026.
«Nos encontramos en Palo Alto donde estamos haciendo una obra más como parte del Plan Nacional de Mitigación. Se intervendrán dos taludes de grandes proporciones, uno es este que empezamos con varias actividades», dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades, ya se realizó el chapeo y perfilado del talud como parte de las primeras fases del proyecto de estabilización, por lo que continuarán con la construcción de muro soil nailing, drenajes profundos, aplicación de shotcrete, canaletas, aceras y revegetación del área.
«Por el tipo de suelo que tiene el talud si solo se hace lanzado fácilmente se puede venir el talud; por eso hay que hacer otro tipo de obras. Se realizaron estudios de suelo y por eso se están haciendo perforaciones para poderlo anclar, esta ronda los 5 mil metros cuadrados», añadió Rodríguez.
El segundo talud que también se intervendrá mide 6 mil metros cuadrados.
Durante una entrevista en el programa de radio La Tribu FM, el titular de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, detalló esta mañana que el programa Proceso Formativo continúa creciendo y ya beneficia a miles de estudiantes salvadoreños con oportunidades de formación universitaria y técnica.
Según explicó, en la actualidad alrededor de 17 mil jóvenes cursan estudios en 37 universidades y escuelas técnicas, mientras que para el próximo año se prevé incorporar a otros 20 mil estudiantes.
Además, señaló que 49 mil alumnos que se encuentran en su último año de bachillerato iniciarán el proceso para ingresar a la educación superior.
Gutman indicó que prácticamente todas las universidades del país participan en el programa, el cual busca incentivar la continuidad académica entre los jóvenes.
«Yo le quiero agradecer a don Alejandro porque este esfuerzo ningún funcionario de antes pudo haberlo hecho mejor que usted…Le insto muchísimo a los jóvenes que estas oportunidades deben aprovecharse porque solo son una vez en la vida», dijo uno de los oyentes durante la entrevista radial, que también es beneficiario de la Dirección de Integración.
El funcionario enfatizó que este esfuerzo forma parte de un cambio estructural impulsado en 2025, orientado a superar las limitaciones históricas que restringían el acceso a la educación superior para la mayoría de bachilleres.
