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Corte Suprema de Justicia invierte $1.8 millones en tecnología para agilizar procesos judiciales

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador invertirá $1,855,743 en la modernización de sistemas de audio y videoconferencia en centros judiciales de San Salvador.

El objetivo es facilitar audiencias virtuales y optimizar la gestión de procesos judiciales, adaptándose a las demandas tecnológicas actuales.Según la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros), se adquirirán 364 equipos electrónicos: 244 para videoconferencias y 120 para soluciones de audio.

Estos se instalarán en sedes como el Centro Judicial Isidro Menéndez, el Centro Judicial de Segunda Instancia, el Centro Judicial de Derecho Privado y Social, el Edificio Cardona y el Centro Integrado de Soyapango, con 314 unidades destinadas al Almacén General DCPI de la CSJ. La inversión será cubierta con fondos públicos.

Los sistemas de videoconferencia incluirán pantallas de 85 pulgadas con procesadores de ocho núcleos, 12 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

Los costos unitarios oscilan entre $2,170 y $13,400 para equipos de video, y $1,858 para los de audio.Paralelamente, la CSJ impulsa dos licitaciones adicionales: una de $828,243.59 para instalar cámaras de videovigilancia en centros judiciales de Metapán, Soyapango, Ciudad Delgado, el Instituto de Medicina Legal en San Vicente y el Centro Judicial de Derecho Privado y Social; y otra de $118,818.67 para un sistema eléctrico en el Centro Integrado de Soyapango.

Un hito reciente es la transformación del Centro Integrado de Soyapango en un Centro Judicial especializado contra el Crimen Organizado, aprobada por la Corte Plena en abril de 2025.

Esta decisión, publicada con retraso a finales de junio debido a la demora en las actas de la CSJ, refuerza la estrategia de modernización judicial.Con estas acciones, el Órgano Judicial busca fortalecer la eficiencia y seguridad de sus operaciones, integrando tecnología de vanguardia al sistema de justicia.

Fuente: Derechos y Negocios

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Economia

Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026

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La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.

El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.

El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.

La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.

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Judicial

Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos

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El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.

Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.

Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.

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Judicial

Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.

Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.

Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.

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