Judicial
Asesor de imagen de «La Michy» detalla viajes de placer hechos en presidencia de Funes
El maquillista y asesor de imagen, José Eduardo Zelaya, reveló este viernes en calidad de testigo en el juicio de «Saqueo Público», los detalles de tres viajes que la expareja del expresidente Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán, realizó junto a Funes, y que supuestamente se realizaron con fondos de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia de la República.
A preguntas de la Fiscalía General de la República, el testigo afirmó que fueron tres viajes en los que él acompañó, en calidad de asesor de belleza e imagen, a la expareja de Funes; viajaron a Cuba, Panamá y Los Ángeles, en Estados Unidos. Al primer país, supuestamente Guzmán compró pinturas; en el segundo, aparatos de sonido, electrodomésticos, mientras que al tercero, la entonces pareja del mandatario fue a realizarse un cambio de look y una rinoplastía (cirugía estética en la nariz).
El testigo aseguró que Ada Mitchell Guzmán se realizó una rinoplastía en la clínica del doctor Jason Diamond, ubicada en Beverly Hills, en Los Ángeles, uno de los cirujanos plásticos de celebridades como Kim Kardashian, Hilary Duff.
«Ese viaje creo que fue en diciembre del 2011…ahí fue por asesoramiento de belleza e imagen, y que ella se iba a hacer una rinoplastía…se la realizó con el doctor Diamond, que su clínica está en Beverly Hills», declaró el maquillista en el juicio.
Sobre el costo de la cirugía plástica dijo no tener conocimiento, ya que no asistió el día que se realizó la operación. Relató que en ese viaje, Guzmán adquirió ropa en tiendas como Guess, y se realizó un cambió de look, todo pagado en efectivo.
Zelaya relató en su testimonio que en el año 2011, también la acompañó en un viaje a Cuba, que duró cinco días; en ese viaje compró cinco pinturas, que fueron pagadas con dinero en efectivo. Así mismo, realizó un viaje a Panamá en donde compró aparatos de sonido y electrodomésticos, siempre pagado en efectivo. Todo lo comprado fue para la remodelación de una casa ubicada en la colonia Lomas de San Francisco, en Antiguo Cuscatlán.
El maquillista dijo que de los tres viajes solo recibió honorarios por el viaje a Cuba, por $300.
La defensa en el caso, se abstuvo de preguntar al maquillista y asesor de imagen, ya que aseguró que su declaración es impertinente para el caso donde es procesada la exprimera dama, Vanda Piganato y nueve más, porque en este juicio no es procesada Ada Mitchell Guzmán.
En el requerimiento de acusación en la fase inicial, presentada por la Fiscalía General de la República, se estableció que las cirugías que se realizó Ada Mitchell Guzmán tuvieron un costo de $60,000, y que los fondos eran provenientes de las cuentas de gastos reservados de Casa Presidencial, de los $351 millones, que supuestamente se desviaron en el periodo de Funes.
Aunque en este juicio Guzmán no figura, si está acusada de lavado de dinero en el proceso de Saqueo Público que fue separado en la fase de instrucción, debido a su calidad de prófuga, y le cuestionan el manejo de $499,205.81 de fondos no justificados, provenientes, supuestamente de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
