Judicial
Asesor de imagen de «La Michy» detalla viajes de placer hechos en presidencia de Funes
El maquillista y asesor de imagen, José Eduardo Zelaya, reveló este viernes en calidad de testigo en el juicio de «Saqueo Público», los detalles de tres viajes que la expareja del expresidente Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán, realizó junto a Funes, y que supuestamente se realizaron con fondos de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia de la República.
A preguntas de la Fiscalía General de la República, el testigo afirmó que fueron tres viajes en los que él acompañó, en calidad de asesor de belleza e imagen, a la expareja de Funes; viajaron a Cuba, Panamá y Los Ángeles, en Estados Unidos. Al primer país, supuestamente Guzmán compró pinturas; en el segundo, aparatos de sonido, electrodomésticos, mientras que al tercero, la entonces pareja del mandatario fue a realizarse un cambio de look y una rinoplastía (cirugía estética en la nariz).
El testigo aseguró que Ada Mitchell Guzmán se realizó una rinoplastía en la clínica del doctor Jason Diamond, ubicada en Beverly Hills, en Los Ángeles, uno de los cirujanos plásticos de celebridades como Kim Kardashian, Hilary Duff.
«Ese viaje creo que fue en diciembre del 2011…ahí fue por asesoramiento de belleza e imagen, y que ella se iba a hacer una rinoplastía…se la realizó con el doctor Diamond, que su clínica está en Beverly Hills», declaró el maquillista en el juicio.
Sobre el costo de la cirugía plástica dijo no tener conocimiento, ya que no asistió el día que se realizó la operación. Relató que en ese viaje, Guzmán adquirió ropa en tiendas como Guess, y se realizó un cambió de look, todo pagado en efectivo.
Zelaya relató en su testimonio que en el año 2011, también la acompañó en un viaje a Cuba, que duró cinco días; en ese viaje compró cinco pinturas, que fueron pagadas con dinero en efectivo. Así mismo, realizó un viaje a Panamá en donde compró aparatos de sonido y electrodomésticos, siempre pagado en efectivo. Todo lo comprado fue para la remodelación de una casa ubicada en la colonia Lomas de San Francisco, en Antiguo Cuscatlán.
El maquillista dijo que de los tres viajes solo recibió honorarios por el viaje a Cuba, por $300.
La defensa en el caso, se abstuvo de preguntar al maquillista y asesor de imagen, ya que aseguró que su declaración es impertinente para el caso donde es procesada la exprimera dama, Vanda Piganato y nueve más, porque en este juicio no es procesada Ada Mitchell Guzmán.
En el requerimiento de acusación en la fase inicial, presentada por la Fiscalía General de la República, se estableció que las cirugías que se realizó Ada Mitchell Guzmán tuvieron un costo de $60,000, y que los fondos eran provenientes de las cuentas de gastos reservados de Casa Presidencial, de los $351 millones, que supuestamente se desviaron en el periodo de Funes.
Aunque en este juicio Guzmán no figura, si está acusada de lavado de dinero en el proceso de Saqueo Público que fue separado en la fase de instrucción, debido a su calidad de prófuga, y le cuestionan el manejo de $499,205.81 de fondos no justificados, provenientes, supuestamente de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
