Judicial
Asesor de imagen de «La Michy» detalla viajes de placer hechos en presidencia de Funes
El maquillista y asesor de imagen, José Eduardo Zelaya, reveló este viernes en calidad de testigo en el juicio de «Saqueo Público», los detalles de tres viajes que la expareja del expresidente Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán, realizó junto a Funes, y que supuestamente se realizaron con fondos de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia de la República.
A preguntas de la Fiscalía General de la República, el testigo afirmó que fueron tres viajes en los que él acompañó, en calidad de asesor de belleza e imagen, a la expareja de Funes; viajaron a Cuba, Panamá y Los Ángeles, en Estados Unidos. Al primer país, supuestamente Guzmán compró pinturas; en el segundo, aparatos de sonido, electrodomésticos, mientras que al tercero, la entonces pareja del mandatario fue a realizarse un cambio de look y una rinoplastía (cirugía estética en la nariz).
El testigo aseguró que Ada Mitchell Guzmán se realizó una rinoplastía en la clínica del doctor Jason Diamond, ubicada en Beverly Hills, en Los Ángeles, uno de los cirujanos plásticos de celebridades como Kim Kardashian, Hilary Duff.
«Ese viaje creo que fue en diciembre del 2011…ahí fue por asesoramiento de belleza e imagen, y que ella se iba a hacer una rinoplastía…se la realizó con el doctor Diamond, que su clínica está en Beverly Hills», declaró el maquillista en el juicio.
Sobre el costo de la cirugía plástica dijo no tener conocimiento, ya que no asistió el día que se realizó la operación. Relató que en ese viaje, Guzmán adquirió ropa en tiendas como Guess, y se realizó un cambió de look, todo pagado en efectivo.
Zelaya relató en su testimonio que en el año 2011, también la acompañó en un viaje a Cuba, que duró cinco días; en ese viaje compró cinco pinturas, que fueron pagadas con dinero en efectivo. Así mismo, realizó un viaje a Panamá en donde compró aparatos de sonido y electrodomésticos, siempre pagado en efectivo. Todo lo comprado fue para la remodelación de una casa ubicada en la colonia Lomas de San Francisco, en Antiguo Cuscatlán.
El maquillista dijo que de los tres viajes solo recibió honorarios por el viaje a Cuba, por $300.
La defensa en el caso, se abstuvo de preguntar al maquillista y asesor de imagen, ya que aseguró que su declaración es impertinente para el caso donde es procesada la exprimera dama, Vanda Piganato y nueve más, porque en este juicio no es procesada Ada Mitchell Guzmán.
En el requerimiento de acusación en la fase inicial, presentada por la Fiscalía General de la República, se estableció que las cirugías que se realizó Ada Mitchell Guzmán tuvieron un costo de $60,000, y que los fondos eran provenientes de las cuentas de gastos reservados de Casa Presidencial, de los $351 millones, que supuestamente se desviaron en el periodo de Funes.
Aunque en este juicio Guzmán no figura, si está acusada de lavado de dinero en el proceso de Saqueo Público que fue separado en la fase de instrucción, debido a su calidad de prófuga, y le cuestionan el manejo de $499,205.81 de fondos no justificados, provenientes, supuestamente de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
