Judicial
Asesor de imagen de «La Michy» detalla viajes de placer hechos en presidencia de Funes
El maquillista y asesor de imagen, José Eduardo Zelaya, reveló este viernes en calidad de testigo en el juicio de «Saqueo Público», los detalles de tres viajes que la expareja del expresidente Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán, realizó junto a Funes, y que supuestamente se realizaron con fondos de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia de la República.
A preguntas de la Fiscalía General de la República, el testigo afirmó que fueron tres viajes en los que él acompañó, en calidad de asesor de belleza e imagen, a la expareja de Funes; viajaron a Cuba, Panamá y Los Ángeles, en Estados Unidos. Al primer país, supuestamente Guzmán compró pinturas; en el segundo, aparatos de sonido, electrodomésticos, mientras que al tercero, la entonces pareja del mandatario fue a realizarse un cambio de look y una rinoplastía (cirugía estética en la nariz).
El testigo aseguró que Ada Mitchell Guzmán se realizó una rinoplastía en la clínica del doctor Jason Diamond, ubicada en Beverly Hills, en Los Ángeles, uno de los cirujanos plásticos de celebridades como Kim Kardashian, Hilary Duff.
«Ese viaje creo que fue en diciembre del 2011…ahí fue por asesoramiento de belleza e imagen, y que ella se iba a hacer una rinoplastía…se la realizó con el doctor Diamond, que su clínica está en Beverly Hills», declaró el maquillista en el juicio.
Sobre el costo de la cirugía plástica dijo no tener conocimiento, ya que no asistió el día que se realizó la operación. Relató que en ese viaje, Guzmán adquirió ropa en tiendas como Guess, y se realizó un cambió de look, todo pagado en efectivo.
Zelaya relató en su testimonio que en el año 2011, también la acompañó en un viaje a Cuba, que duró cinco días; en ese viaje compró cinco pinturas, que fueron pagadas con dinero en efectivo. Así mismo, realizó un viaje a Panamá en donde compró aparatos de sonido y electrodomésticos, siempre pagado en efectivo. Todo lo comprado fue para la remodelación de una casa ubicada en la colonia Lomas de San Francisco, en Antiguo Cuscatlán.
El maquillista dijo que de los tres viajes solo recibió honorarios por el viaje a Cuba, por $300.
La defensa en el caso, se abstuvo de preguntar al maquillista y asesor de imagen, ya que aseguró que su declaración es impertinente para el caso donde es procesada la exprimera dama, Vanda Piganato y nueve más, porque en este juicio no es procesada Ada Mitchell Guzmán.
En el requerimiento de acusación en la fase inicial, presentada por la Fiscalía General de la República, se estableció que las cirugías que se realizó Ada Mitchell Guzmán tuvieron un costo de $60,000, y que los fondos eran provenientes de las cuentas de gastos reservados de Casa Presidencial, de los $351 millones, que supuestamente se desviaron en el periodo de Funes.
Aunque en este juicio Guzmán no figura, si está acusada de lavado de dinero en el proceso de Saqueo Público que fue separado en la fase de instrucción, debido a su calidad de prófuga, y le cuestionan el manejo de $499,205.81 de fondos no justificados, provenientes, supuestamente de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
