Judicial
FGR de Raúl Melara pierde caso en que acusó a Adán Perdomo por apropiarse de alimentos del Gobierno
El Juzgado de Instrucción de Ilopango absolvió este jueves al alcalde de esa localidad, el arenero Adán Perdomo, que era acusado por el delito de peculado, al haberse apropiado de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) que entrega el Gobierno en bolsas solidarias a familias afectadas económicamente por la pandemia del Covid-19.
Este es un nuevo caso que pierde la Fiscalía de Raúl Melara al no poder sustentar la acusación contra el edil, luego de que la Policía recibiera una denuncia ciudadana en la que se confirmaba que personas estaban en la sede del partido ARENA trasegando alimentos de las bolsas solidarias hacia paquetes con la foto del alcalde Perdomo.
El edil confesó que había llevado los alimentos a la sede arenera de ese municipio, pues los paquetes que le entregó el Gobierno para repartirlos entre la población ya no cabían en las instalaciones de la alcaldía.
Las fotografías presentadas por la Policía dejaban ver que en efecto había bolsas solidarias del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) en la sede tricolor, mismo lugar donde se estaban llenando bolsas que entregaría el alcalde en su campaña.
El primer revés que tuvo la Fiscalía en este caso comenzó cuando el juzgado decidió que el alcalde seguiría el proceso en libertad condicional, pues no había peligro para que se fugara por ese caso y porque su apoderado legal presentó suficientes arraigos.
Algunos políticos y funcionarios han cuestionado el actuar de la Fiscalía con personas ligadas con el partido ARENA, como el caso del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt García-Prieto, que tiene varios procesos en su contra con casos comprobados en apropiación de retenciones laborales que rondan los $6 millones, su participación en negociaciones con miembros de estructuras criminales y denuncias de proveedores por el no pago de servicios, entre otros.
El fiscal general, Raúl Melara, también conoce el proceso contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson Munguía, por el incumplimiento de una resolución del Juzgado de lo Contencioso para que reinstale a más de 70 empleados despedidos desde el 31 de julio del 2018 para darle vida a la empresa TECLASEO. También fue demandado por la retención de cuotas sindicales y por la muerte de un vendedor ambulante tras ordenar el desalojo de locatarios de las calles de Santa Tecla.
En ambos casos la Fiscalía General de la República ha actuado con paciencia e incluso ha retrasado algunos procesos para conocerlos después de las elecciones de este domingo 28 de febrero.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
