Judicial
FGR de Raúl Melara pierde caso en que acusó a Adán Perdomo por apropiarse de alimentos del Gobierno
El Juzgado de Instrucción de Ilopango absolvió este jueves al alcalde de esa localidad, el arenero Adán Perdomo, que era acusado por el delito de peculado, al haberse apropiado de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) que entrega el Gobierno en bolsas solidarias a familias afectadas económicamente por la pandemia del Covid-19.
Este es un nuevo caso que pierde la Fiscalía de Raúl Melara al no poder sustentar la acusación contra el edil, luego de que la Policía recibiera una denuncia ciudadana en la que se confirmaba que personas estaban en la sede del partido ARENA trasegando alimentos de las bolsas solidarias hacia paquetes con la foto del alcalde Perdomo.
El edil confesó que había llevado los alimentos a la sede arenera de ese municipio, pues los paquetes que le entregó el Gobierno para repartirlos entre la población ya no cabían en las instalaciones de la alcaldía.
Las fotografías presentadas por la Policía dejaban ver que en efecto había bolsas solidarias del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) en la sede tricolor, mismo lugar donde se estaban llenando bolsas que entregaría el alcalde en su campaña.
El primer revés que tuvo la Fiscalía en este caso comenzó cuando el juzgado decidió que el alcalde seguiría el proceso en libertad condicional, pues no había peligro para que se fugara por ese caso y porque su apoderado legal presentó suficientes arraigos.
Algunos políticos y funcionarios han cuestionado el actuar de la Fiscalía con personas ligadas con el partido ARENA, como el caso del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt García-Prieto, que tiene varios procesos en su contra con casos comprobados en apropiación de retenciones laborales que rondan los $6 millones, su participación en negociaciones con miembros de estructuras criminales y denuncias de proveedores por el no pago de servicios, entre otros.
El fiscal general, Raúl Melara, también conoce el proceso contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson Munguía, por el incumplimiento de una resolución del Juzgado de lo Contencioso para que reinstale a más de 70 empleados despedidos desde el 31 de julio del 2018 para darle vida a la empresa TECLASEO. También fue demandado por la retención de cuotas sindicales y por la muerte de un vendedor ambulante tras ordenar el desalojo de locatarios de las calles de Santa Tecla.
En ambos casos la Fiscalía General de la República ha actuado con paciencia e incluso ha retrasado algunos procesos para conocerlos después de las elecciones de este domingo 28 de febrero.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.
Judicial
Ordenan captura de mujer acusada de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la captura de Olinda Madai Claros Rivera, a quien se le acusa de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico infantil.
La mujer fue detenida este miércoles en su casa de habitación en San Miguel Centro, San Miguel. En el mismo lugar se encontraron a las dos víctimas menores de edad, quienes fueron rescatados y a quienes la Fiscalía les garantizará la debida atención sicológica.
Esta investigación inició en mayo de 2026, cuando se recibió una denuncia y se indicaba que Claros Rivera generaba material pornográfico infantil.
Durante el operativo se incautaron dos dispositivos celulares que ayudarán a robustecer la investigación en curso.
Rivera es acusada de los delitos de utilización de niños/as y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación y agresión sexual en menor en incapaz continuada en perjuicio de los menores identificados. La mujer será presentada ante las autoridades competentes en los próximos días.
