Política
Asamblea Legislativa aprueba reformas a ley del crimen organizado y de telecomunicaciones
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron diversas reformas a la Ley Especial Contra el Crimen Organizado y a la Ley de Telecomunicaciones, para continuar apoyando la lucha del Gobierno salvadoreño contra los grupos terroristas.
La modificación de la primera normativa fue avalada por 66 parlamentarios; la segunda, por 65.
De acuerdo a lo discutido en la sesión plenaria número 79, con estas actualizaciones de ambas normativas se busca debilitar a las estructuras delictivas y agilizar los procesos judiciales, para garantizar que ningún pandillero que haya sido detenido retorne a las calles.
Con los cambios en la Ley de Telecomunicaciones se dotará a los aplicadores de la seguridad pública de herramientas necesarias para el combate de la delincuencia en las modalidades ejecutadas mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, con el fin de garantizar la preservación de la paz pública y permitir el aseguramiento de los procesos penales.
Con ello se pondrá un orden a las operadoras telefónicas que prestan servicios en el país. Además, se les prohibirá brindar servicios a aparatos de teléfono que tengan un reporte de robo o hurto, según los acuerdos determinados por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y cuatro empresas, tras un acercamiento para crear herramientas necesarias para ser aplicadas con estas reformas.
Mientras que con las enmiendas en la Ley Especial Contra el Crimen Organizado se ampliará el alcance conceptual de la definición de “crimen organizado”, así se unificarán los trámites relacionados a los procesos penales relativos a todos los imputados a quienes se les atribuya la comisión de hechos delictivos y pertenezcan a estructuras criminales o grupos terroristas.
Asimismo, se busca unificar el trámite en un solo proceso respecto a la participación de menores de edad en estructuras terroristas, en virtud de las recientes reformas a la Ley Penal Juvenil.
“Los principales objetivos de estas reformas es redefinir el concepto de ‘crimen organizado’, armonizar la actual normativa con la Ley Penal Juvenil, respetando las garantías y derechos de los menores con responsabilidad penal”, aseguró la diputada Suecy Callejas. “Además, cuando concurran adultos y menores de edad en calidad de procesados estarán a cargo de dos jueces, cada uno con competencia para cada segmento de edad, quienes deberán de aplicar la normativa determinada de acuerdo a la ley”, agregó.
La novedad de esto es la creación de Tribunales Contra el Crimen Organizado Pluripersonales, pues con la actual infraestructura judicial del país son más de 400 de estas instituciones para conocer delitos comunes y solo 11 para delitos especializados.
“Con estas reformas se brinda un nuevo concepto contra el crimen organizado, le da vuelta a todo ese sistema que cubría la impunidad. Antes, un caso andaba de instancia en instancia para que los tiempos se vencieran y el acusado saliera impune”, explicó el parlamentario Eduardo Amaya.
Esta no es la primera ocasión en la que los parlamentarios respaldan los planes de seguridad estatales. El pasado 18 de octubre, el Pleno Legislativo aprobó con 67 votos la séptima extensión al régimen de excepción para 30 días más.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que habilitará centros de votación en la República Popular China, Japón y Australia para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
De acuerdo con el organismo colegiado, dos de las sedes estarán ubicadas en las capitales de los países asiáticos y las otras dos en ciudades australianas. Los centros estarán en Beijing y Tokio, así como en Canberra y Melbourne.
«¡Centros de Votación en Asia y Oceanía para 2027! Dos sedes, ubicadas en: Canberra y Melbourne (Australia); Beijing, China; y en Tokio, Japón», detalló el TSE.
Con estas cuatro sedes, el tribunal completa las 92 previstas en 29 países de cuatro continentes: América, Europa, Asia y Oceanía. Del total de sedes, el 53 % se concentrará en Estados Unidos, según informó el organismo electoral.
De esta manera, la diáspora salvadoreña podrá ejercer el voto de forma presencial el próximo 28 de febrero. El TSE recordó que en los centros de votación en el extranjero estará habilitado el voto electrónico presencial para salvadoreños cuya dirección en el Documento Único de Identidad (DUI) se encuentre desactualizada.
Ante esto, la institución recordó a los salvadoreños residentes en el exterior que el plazo para actualizar la dirección del DUI vence el 29 de noviembre de 2026.
«¿Eres salvadoreño viviendo en el extranjero? Votar es más fácil si tienes tu dirección al día en el DUI. Si aún no lo has hecho actualízala antes del 29 de noviembre de 2026», puntualizó el tribunal.
Los salvadoreños podrán realizar este trámite en los consulados, durante las jornadas móviles del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y, en el caso de los ciudadanos residentes en Estados Unidos, mediante la aplicación dui.sv.
Por otra parte, de acuerdo con el calendario electoral publicado por el TSE, el voto por internet comenzará el 30 de enero de 2027 y podrá emitirse desde diferentes dispositivos electrónicos. El calendario oficial del TSE contempla las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para el 28 de febrero de 2027.
Como parte de las actividades relacionadas con el voto en el exterior, el TSE informó que los tres partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la elección legislativa anterior —Nuevas Ideas, ARENA y FMLN— tienen hasta el próximo miércoles para presentar sus propuestas de integrantes de las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX).
Desde la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, las autoridades han intensificado las acciones contra las estructuras delictivas que durante años afectaron a El Salvador. Hasta el pasado 30 de agosto, se reportan 93,039 personas vinculadas a pandillas capturadas.
Como parte de estas operaciones, las autoridades también han incautado 5,548 armas de fuego, 12,227 vehículos presuntamente utilizados en actividades ilícitas y 25,458 celulares que contienen información considerada relevante sobre el accionar delictivo y que podría ser vinculada a procesos de investigación.
«Seguimos firmes, actuando para impedir que las estructuras criminales vuelvan a sembrar terror en nuestras comunidades», ha señalado el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
Solo entre el 1.° de enero y el 30 de agosto de este año, las autoridades han localizado a 2,195 personas vinculadas a pandillas.
Entre los últimos capturados se encuentra Jairo Ernesto González Medina, alias Chuchito, señalado como homeboy con función de gatillero y miembro de la pandilla 18. Fue detenido en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, González Medina cuenta con antecedentes vigentes desde 2022 por los delitos de homicidio, extorsión y agrupaciones ilícitas. Además, el funcionario indicó que el detenido ha intentado borrarse los tatuajes alusivos a la pandilla a la que pertenece.
«Siempre fueron expertos en esconderse y montar sus bares, clubes y discotecas de fachada. Ustedes, uno a uno, y sus negocios, irán cayendo. Terroristas. Que les quede claro: todo aquel que forme parte de estas organizaciones es enemigo de los salvadoreños y del Estado», advirtió Villatoro.
En materia de narcotráfico, las autoridades valoran en $1,736,249,885 el total de droga incautada durante la implementación de la medida constitucional.
El régimen de excepción fue solicitado en 2022 por el presidente Nayib Bukele con el objetivo de restablecer el orden y el control territorial, luego del incremento de homicidios registrado entre el 25 y el 26 de marzo de ese año, cuando se contabilizaron 76 crímenes contra la vida. La medida fue implementada para contrarrestar el accionar de las pandillas y salvaguardar la vida de la población.
A partir de estas disposiciones legales, las autoridades reforzaron las acciones para localizar a pandilleros mediante patrullajes terrestres, marítimos y aéreos, además de controles vehiculares. Asimismo, en varias zonas del país se mantiene presencia permanente de soldados y policías.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, denunció que fue notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor de ese partido, en el que se solicita su expulsión y se le notificó la suspensión de sus derechos como afiliada, incluido el derecho a participar en la elección interna y a ejercer como miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Ortiz cuestionó la actuación del Tribunal de Honor y señaló que este está integrado por dos personas. Según expuso en un comunicado, una de ellas tendría afinidad con la actual secretaria general, además de haber sido candidata de la planilla que actualmente compite contra la que ella lidera y posteriormente renunciar a esa candidatura. La otra persona, afirmó, es esposo de una candidata de esa misma planilla.
Ante estas circunstancias, Ortiz sostuvo que quienes tengan vínculos directos con personas que compiten contra la planilla que lidera no deberían decidir sobre su permanencia en el partido ni sobre sus derechos dentro de la elección interna. Por ello, exigió que quienes tengan posibles conflictos de interés se aparten del proceso y aseguró que no acepta la suspensión.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, informó que fue notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor de su partido, en el que se solicita su expulsión y se suspenden sus derechos como afiliada.
La medida también le impediría participar en la elección interna y ejercer como… pic.twitter.com/QBellfj1vf
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 4, 2026
La diputada afirmó que defenderá su derecho a competir y el derecho de los afiliados de VAMOS a decidir quiénes conducirán el partido. Asimismo, aseguró que su planilla continuará trabajando y haciendo campaña.
“Si quieren ganarnos esta elección, que sea con votos, no intentando sacarnos de la competencia”, afirmó Ortiz. “Que voten los afiliados. Que decida la militancia. ¡Eso es democracia!”, expresó.
