Política
Personal de salud que labora en horarios nocturnos recibiría incentivo económico
La Comisión de Salud respaldó una iniciativa para brindar el estímulo a los trabajadores que cumplen horarios rotativos con atención nocturna, con el objetivo de reconocer su sobreesfuerzo y garantizar que los usuarios tengan una mejor atención.
La Comisión de Salud emitió dictamen favorable para que se aprueben disposiciones especiales orientadas a reconocer el esfuerzo extra que realiza el personal del Ministerio de Salud que trabaja en la modalidad rotativa y que en sus horarios incluyen atención nocturna.
Amílcar Ayala, presidente de la mesa legislativa, destacó el empeño con los que estos empleados ejercen sus funciones, sobre todo cuando hay situaciones que requieren mayor compromiso con los pacientes, entre ellos una pandemia, un terremoto o enfermedades graves.
Mientras que el parlamentario de Nuevas Ideas, Edwin Serpas, recordó que el incentivo económico nació a raíz de la pandemia por COVID-19.
El titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabi, fue invitado por los legisladores a la sesión de trabajo para que les ampliara la información sobre las disposiciones especiales que el Órgano Ejecutivo ha solicitado aprobar.
El funcionario detalló que el objetivo es que al personal que hace sobresfuerzos para brindar atención a los usuarios se le retribuya el 25 % extra por hora laborada en jornada nocturna y una sola compensación equivalente a un 30 % de 15 días de salario.
Dicho beneficio lo recibirían médicos, paramédicos, estudiantes y practicantes de medicina. También los motoristas de ambulancias, personal de archivo, auxiliares de servicios de la red hospitalaria, los del primer nivel de atención y otras dependencias.
«El personal de salud siempre estará activado para atender emergencias, estamos tomando todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de ellos. También, nos aseguramos de que cumplan con las obligaciones que rigen su trabajo», afirmó el ministro Alabi.
El ministro aclaró que la entrega del incentivo no afectará al presupuesto de la institución, ya que los fondos para ese fin fueron contemplados, desde hace dos años, en cada área hospitalaria. Agregó que la institución verificará que los trabajadores cumplan sus obligaciones y brinden atención de calidad a la población que acude al sistema de salud público.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
