Política
Mario Ponce asume la presidencia de la Asamblea Legislativa y promete diálogo con el Ejecutivo y estabilidad laboral para empleados legislativos
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ingresó hoy al edificio saludando a los empleados de la institución y prometiéndoles estabilidad laboral.
Aseguró que se va a hacer a acompañar por empleados institucionales, es decir, no contraría nuevo personal para su función como titular del órgano legislativo. «Ese es un reconocimiento a ellos, tenemos que parar de una vez por todas el despilfarro. Aquí hay empleados que han estado invisibilizados, que tienen maestría”, afirmó hoy en una conferencia de prensa, frente a un grupo de empleados.
Ponce aún no se ha comunicado con el presidente de la República, Nayib Bukele, pero prometió tener una visión de diálogo como presidente de la Asamblea. “Tenemos el compromiso de buscar esos acercamientos, no podemos poner encima los intereses personales», fueron sus palabras.
Además, en una reunión que sostuvo con los directores de las oficinas departamentales, el presidente legislativo confirmó que en el presupuesto del año 2020 se ha previsto un déficit de $2.3 millones, de los cuales $800,000 tendrían que ser destinados al alquiler de oficinas de las fracciones legislativas de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Ponce pedirá un diagnóstico de la situación financiera de la institución parlamentaria para investigar por qué se prevé este déficit presupuestario para 2020.
De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, el presupuesto modificado de la Asamblea Legislativa de 2019 es $59.8 millones, de los cuales el rubro 51 “remuneraciones” suma $51,013,850.
El presupuesto programado de la Asamblea Legislativa para 2020 es $58.3 millones, es decir, $1.5 millones menos que 2019. La distribución incluye un gasto total de $51,013,850 en gasto de remuneraciones. Sin embargo, el presidente legislativo informó hoy de un déficit que, si no se corrige, afectaría el pago de salarios en 2020.
“Hace una hora he pedido información, vamos a buscar un diagnóstico, este servidor no se manda solo, son retos que tenemos, no encontramos una situación bonancible en materia financiera. Vamos a ver qué decisión tomamos, óigase bien, tomamos, el ‘yo’ terminó ayer”, expresó.
El presidente de la Asamblea tampoco ha asumido una postura crítica hacia los diputados de Arena y FMLN críticos del gobierno de Nayib Bukele. Sosstuvo que para eso es la oposición, «para fiscalizar». «Tienen que hacer el papel de fiscalizadores, no quiere decir que le estén diciendo ‘no’ a la fase 2 o 3 del plan de seguridad, el debate es sano, los consensos se construyen con los debates, no hemos escuchado una oposición del ‘no absoluto», respondió.
Arena y FMLN han mantenido duras críticas al proyecto de presupuesto general del Estado de 2020 presentado el 30 de septiembre por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, acompañado de una emisión de nueva deuda de $775 millones. También tienen serios señalamientos al proyecto de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $91 millones, que serviría para la segunda fase del Plan Control Territorial, la base que según el gobierno tiene para sostener la disminución de homicidios.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
