Política
La nueva Asamblea Legislativa podría impulsar desde privatizar ANDA hasta destituir al Presidente
La tendencia que se tiene en la conformación de la próxima Asamblea Legislativa le da la llave a la derecha para, que como lo hiciera a inicios de la década de los noventa, legisle sin tener en cuenta la postura de la izquierda.
Los 23 diputados del FMLN no podrían impedir que los acuerdos entre ARENA, PCN, GANA y PDC sean concretados, además estos partidos incluso tendrían el poder de superar vetos presidenciales con mayoría calificada.
En discursos de algunos de los actuales diputados del FMLN se hace referencia a la Asamblea elegida en 1994 y que tenía números similares a los que se prevé van a ser declarados en firmes por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los ocho diputados que pierde el Frente lo hacen un partido poco atractivo para que las fuerzas minoritarias –con ideologías diferentes a las del FMLN- los vayan a buscar para negociar y oponerse a las propuestas de ARENA.
Precisamente, los presidenciales de este instituto político han comenzado a analizar la importancia que representa tener el control del legislador, pero aclaran que no pueden pasar por alto al FMLN, ya que esto podría implicar que la población les imponga un voto de castigo por tomar decisiones que pudieran parecer antojadizas.
Ley de agua y privatización de ANDA
Johnny Wright Sol, diputado de ARENA que no continuará en el Palacio Legislativo, presentó una propuesta para la aprobación de la Ley de Agua que fue muy criticada por diputados de izquierda, pues aseguraron se trataba de un intento de privatización de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
El arenero empeñó su palabra ante la opinión pública y aseguró que no se quiere privatizar la autónoma, sino crear una comisión conformada por instancias públicas y privadas para supervisar a la autónoma.
Con Wright Sol fuera el escenario, la situación podría cambiar. Por otro lado, si los diputados no se atreven, el mejor de los escenarios en este tema es que las propuestas sean regresadas al archivo del Órgano Legislativo.
Elección de magistrados de Corte Suprema, fiscal general y otros funcionarios
La elección popular de segundo grado fue una de las propuestas que hizo la izquierda en la campaña, pero que van a tener que esperar, ya que los funcionarios seguirán siendo seleccionados por los diputados.
Uno de los primeros puntos a cumplir por la actual Asamblea serán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde elegirán a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que estarán en estos cargos por nueve años. Un organismo que el FMLN ha acusado de estar al servicio de ARENA.
Asimismo, deberán escoger un nuevo fiscal general de la República, una de las piezas claves para la investigación del delito y que estaría quedando la decisión en manos de los diputados de derecha.
Además, podrá de disponer de los principales cargos en instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Procuraduría General de la República (PGR), Corte de Cuentas de la República (CCR), Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Tribunal de Ética (TEG), Tribunal de Servicio Civil y Procuraduría de Derechos Humanos (PDHH).
Presupuesto general de la nación
El Órgano Ejecutivo tendrá que cambiar su forma de elaborar el presupuesto debido a que –es casi un hecho- que ARENA va a exigir que se cumpla con la resolución de la Sala de lo Constitucional a una demanda del diputado René Portillo Cuadra en el que se le exige austeridad a la Presidencia.
La aprobación de deuda, conocer la partida secreta y austeridad en gastos son las tres principales condicionantes que la Sala de lo Constitucional ha puesto al Gobierno para la aprobación del presupuesto y que esta vez se tendrán que dar si o si.
Caso contrario a esto podría provocar que no se apruebe el plan financiero y que la administración de Sánchez Cerén alegando estar desfinanciada, aunque la oposición siempre ha exigido reajustes en ciertas áreas.
Superar vetos presidenciales
La Asamblea entrante va a tener más poder de decisión que el propio presidente de la República, quien podría sufrir importantes reveces en sus decisiones al unirse los 56 votos que se harían pesar más que el jefe de Estado.
En la actual legislatura situación provocó que los partidos de derecha no se atrevieran a aprobar su propuesta a la reforma al sistema de pensiones. Una de las últimas decisiones que pudo haber sido revertida fue el veto para que personas con DUI vencidos pudiera votar en los comicios.
En pocas ocasiones la Asamblea ha logrado superar vetos presidenciales, el último escenario de este tipo se tuvo en 2011 cuando Mauricio Funes se negó a sancionar la Ley Antitabaco que aún se encuentra vigente.
Condicionar viajes del presidente
Incluso las salidas del país del presidente de la República se verían condicionadas, ya que se ha reclamado el cumplimiento a la resolución de la Sala de lo Constitucional que se interpreta que el mandatario debe llegar a la Asamblea a pedir permiso por cada viaje.
Para seguir otorgando los permisos como se ha venido haciendo –cada seis meses- el FMLN tendría que recurrir a tres fuerzas políticas para lograr superar los cuestionamientos que siempre hará ARENA.
En junio del presente año Salvador Sánchez Cerén tendrá que regresar al Palacio Legislativo para solicitar permiso para sus salidas, esta será otra de las primeras pruebas que van a permitir medir el escenario legislativo.
Destitución del presidente
Desde que llegó el FMLN al poder ARENA ha intentado sacarlo a como dé lugar, incluso poniendo en duda la salud mental de los presidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, al primero solo lo señalaron mediáticamente; mientras que al segundo le solicitaron incluso un chequeo médico.
Según el artículo 131 de la Constitución de la República, la Asamblea Legislativa debe aprobar la destitución del mandatario con dos tercios, además se debe nombrar una constituyente que va a gobernar hasta que se celebren elecciones.
Según la Carta Magna, se puede «declarar, con no menos de los dos tercios de votos de los diputados electos, la incapacidad física o mental del presidente, del vicepresidente de la República y de los funcionarios electos por la Asamblea, para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea».
Este proceso ya fue solicitado por el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, quien justificó la petición en la conducta mostrada por el presidente, quien en ese entonces fue noticia por un confuso discurso en el que pareció pedir que se pusieran de pie a personas en sillas de ruedas.
Incluso El Salvador Times se dio a la tarea de buscar profesionales para que dieran su valoración respecto a la salud del presidente, los psiquiatras y psicólogos consultados emitieron diferentes opiniones que fueron desde déficit de atención hasta idiotez.
De momento, entre los virtuales candidatos electos ya se escuchan voces de querer la presidencia del Órgano Legislativo, uno de ellos el último candidato a la presidencia Norman Quijano, quien de esta manera podría llegar a gobernar en un país donde dice que le robaron el gane cuando corrió contra Sánchez Cerén.
A partir del 1 de mayo próximo se va a comenzar a visualizar el camino de esta nueva Asamblea que aunque se diga es de derecha se ha comprobado que está dividida.
Por: El Salvador Times
La permanencia en ARENA de Joel Humberto Sánchez, cuando era candidato a la presidencia de la república por el tricolor, tenía un precio: $30 millones, según reveló ayer él mismo en la entrevista Las Cosas Como Son, monto que le fue exigido por directores departamentales del instituto político, quienes tenían el apoyo del presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, para amenazar a su aspirante.
Dicha cantidad sería para financiar supuestos gastos de la campaña electoral del partido en el mercado de las pasadas elecciones generales.
«Así literal me lo dijeron, en diciembre (de 2023), ese fue el regalo de Navidad que me dieron todos los directores departamentales; y saltó uno, puedo decir el nombre: Efraín Cañas, tú me dijiste eso, y me amenazaste, me insultaste y el presidente del partido estaba a la par mía y ni tan siquiera se paró a callarlo. Me dijiste: “Si no trae $30 millones este día por favor retírese, que para qué se metió a esto”. Así de sencillo y trágico, teniendo al presidente del partido enfrente y al resto de gente del COENA en mi casa de campaña, en mi propia casa burlándose de mí», narró Sánchez.
Efraín Cañas fue candidato a alcalde por San Salvador Sur por el partido ARENA en las elecciones del pasado 3 de marzo, en las cuales perdió ante el candidato de Nuevas Ideas, Mario Vásquez.
Sánchez, salvadoreño radicado en Estados Unidos, aseguró que fue García Saade quien lo convocó y convenció en diciembre pasado para que sostuviera una reunión con los directores departamentales de ARENA, en la que recibió las amenazas de expulsión.
«Y si no daba [el dinero] “te expulsamos del partido”. Esto no es nuevo, era como la cuarta vez [que me amenazaban]. Ahora lo puedo decir porque ya no pertenezco al partido, ya no me van a hacer nada […] no lo podía decir por la amenaza del tribunal (interno), la amenaza de la expulsión, pero ahora estoy libre y puedo decir las cosas como son», explicó el excandidato arenero.
El pasado lunes Sánchez notificó su renuncia al partido, luego que el presidente del COENA solicitara, el 10 de abril, la apertura de un proceso de expulsión contra el excandidato por emitir declaraciones en supuesto perjuicio de la imagen del instituto de derecha.Sánchez manifestó ayer haberse sentido «amenazado y desgastado» durante el periodo preelectoral con su candidatura, pues además de haber recibido amenazas también hubo duras críticas por parte de altas autoridades del partido, quienes buscaban un «protagonismo político».
«Podía más el interés personal, el protagonismo político que el plan de nación. Querían protagonismo y ellos [partidos políticos de oposición y la sociedad civil] tenían esas discrepancias de «ese candidato es mío». En realidad, no había un consenso, era una lucha interna entre partidos por protagonismo. Era un desgaste, se los decía todo el tiempo», dijo.
Comentó que miembros de ARENA también se aprovechaban de su «estatus de empresario» para realizar reuniones en el extranjero en restaurantes de lujo, donde le tocó pagar en una ocasión más de $1,800 por una cena para aproximadamente 12 personas. «Eran unos abusivos», aseveró Sánchez.
«Yo pagué cada cinco de mi campaña y apoyé inclusive a muchos candidatos que les miraba potencial […] diputados, alcaldes, diputados al Parlacen, y ahora muchos de ellos son detractores y me acusan de que yo tuve la culpa de los resultados que tuvimos, porque no les di $30 millones. En realidad eran propuestas descabelladas, todas las que me hacían eran descabelladas, y siendo yo una persona cuerda no iba a acceder a tanta atrocidad», indicó.
También denunció que aparte de pedirle $30 millones movimientos sociales que en principio impulsaron su candidatura presidencial le exigían $15 millones por apoyarlo, e incluso afirmó que recibió amenazas por parte de dichos grupos de retirarle su acompañamiento.
«La sociedad civil también me amenazaba. Te vamos a quitar el apoyo, nos vamos a ir con el candidato de tal partido […] era totalmente un desastre», añadió.
De acuerdo al excandidato tricolor, las indicaciones que le dio el partido durante la campaña electoral eran «confusas» y las estrategias que implementaban hacían quedar mal su imagen ante los electores. «No utilizaba los colores del partido y la gente decía “es que Joel se avergüenza”, y no. Es que era el mismo COENA que me dijo que no lo usara […] eran las directrices del COENA. El mismo partido me dijo: No se vaya a poner chaleco. Me ponían en entredicho, me hacían quedar mal con las bases, fue una campaña muy dura y confusa», afirmó Sánchez.
Aseguró que en ARENA incluso fue menospreciado por su apariencia física. «Ellos querían ver al mesías, querían ver a alguien prominente, alto, yo pienso que blanco y pelo rubio; y cuando me miran, un salvadoreño como soy yo, real, cojutepecano, gordito y bajito, comenzaron a tirarme posturas elevadas, astrales», comentó.
El Gobierno Central solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar la suscripción de un préstamo con la em-presa Yutong Bus (fabricante chino de autobuses), por la cantidad de $179,577,857 para financiar el 85 % del proyecto de renovación de buses del servicio colectivo en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
La solicitud fue presentada a través de una pieza de correspondencia, que fue admitida en la sesión ple-naria 153, que se realizó el lunes anterior, siendo admitida y enviada a la comisión de hacienda y especial del presupuesto para su respectivo estudio.
De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio de Hacienda, es el Ministerio de Obras Públi-cas a través del Viceministerio de Transporte el encargado de realizar el proyecto, que tiene por finalidad mejorar las condiciones de conectividad de los usuarios en el AMSS, así como la reducción de la conta-minación ambiental.
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron dos disposiciones transitorias enfocadas a proteger la economía familiar.
La primera de las iniciativas busca mantener estables las tarifas del pasaje que pagan los salvadoreños por el servicio del transporte público.
Para lograrlo, los parlamentarios ampliaron el período de vigencia de la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros tipo Colectivo y Masivo.
Dicha iniciativa fue aprobada con 64 votos a favor y busca mantener la estabilidad del pasaje, por un mes más, a partir del 1 de mayo hasta el último día de ese mes.
Por otra parte, los parlamentarios acordaron prorrogar la vigencia de las placas de los vehículos automotores.
Con 73 votos, los parlamentarios aprobaron ampliar la disposición Transitoria a la Ley de derechos fiscales para ampliar vigencia de las placas con formato 2011.
Dicha iniciativa busca ser una medida de contingencia ante diversos factores internacionales que impactan de forma negativa la economía del país.
«Este decreto tiene como propósito prorrogar el periodo de validez de las placas de circulación de los vehículos. El Gobierno sigue en la búsqueda de estrategias que ayuden a disminuir el impacto económico en las familias salvadoreñas y esta iniciativa es prueba de ello», indicó el diputado de Nuevas Ideas, Salvador Chacón.
De acuerdo con la normativa actual, la vigencia de las placas de los vehículos deben renovarse cada quinquenio, pero dada la situación del alza de precios del petróleo y sus derivados, debido a la crisis global, los parlamentarios consideran necesario ampliar transitoriamente el periodo de validez del uso de las mismas.
