Política
Diputados piden al Presidente Bukele que destituya al ministro de Salud, en clara muestra de desesperación por ganar réditos electorales
Los diputados de la Asamblea Legislativa, en su afán por boicotear todas las acciones que provienen del Ejecutivo, crearon una comisión especial para investigar las supuestas irregularidades en el combate a la pandemia del COVID-19, de la cual no lograron concluir nada concreto, nada más tratar de conseguir un poco de atención.
Ahora, a 14 días de las elecciones municipales y legislativas, en una apresurada carrera por lograr alguna ventaja que les permita seguir enriqueciéndose a costa del pueblo, ha quedado en evidencia que el único propósito de la “comisión especial” fue el de pedir la destitución del Ministro de Salud, Francisco Alabi, uno de los funcionarios más destacados del Gobierno.
La comisión, encabezada por el arenero Emilio Corea, quiere que el Presidente Bukele destituya al ministro Alabi, un funcionario que ha estado al frente de la pandemia del COVID-19 y liderando el Gabinete de Salud Ampliado que ha dado cumplimiento al mandato de salvaguardar la vida de los salvadoreños.
Es gracias a ese trabajo articulado y al compromiso que ha demostrado el ministro Alabi con la mejora del Sistema Nacional de Salud, deteriorado por la falta de interés de los anteriores gobiernos, que le ha dado al país el reconocimiento internacional en el manejo de la pandemia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el instituto australiano Lowy reconocieron los esfuerzos del Gobierno del Presidente Bukele para salvaguardar la vida de la población salvadoreña durante la pandemia y ahora, los diputados opositores quieren que el mandatario destituya al funcionario que ha contribuido a que las cifras de contagio de El Salvador sean de las más bajas de la región.
Con la petición de destitución, los diputados demuestran que el objetivo de las comisiones especiales que han creado desde que inició la gestión del Presidente Bukele es desestabilizar al Gobierno, ante los exitosos resultados, no solo en materia de salud, sino también en Seguridad y han llegado incluso, a pedir la destitución del Presidente de la República en una acción desesperada ya que todas las encuestas indican que tendrán que despedirse de sus curules de forma definitiva, después de los resultados del próximo 28 de febrero.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
