Política
Diputados de la Asamblea Legislativa suprimen fuero constitucional a Quijano
Con 66 votos a favor, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa aprobaron eliminar el fuero constitucional a Norman Noel Quijano, quien actualmente representa a El Salvador como legislador del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Ante la eliminación del fuero, el odontólogo de profesión podrá ser detenido y juzgado por las autoridades judiciales, pues el recinto legislativo emite la declaración de procedencia, pero no juzga. Es decir, solo elimina la protección constitucional del que goza el servidor público y este caso pasará a la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.
“Se ha hecho justicia”, dijo el Presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, luego de la decisión emitida y tras ello procedieron los aplausos por parte de los diputados, quienes esperaban el veredicto.
Los parlamentarios definieron, tras un largo proceso realizado por la Comisión Especial de Antejuicio, que hay formación de causa para desaforar a Quijano, quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Ambas faltas se originaron por estar implicado en una negociación hecha con miembros de estructuras criminales, a quienes les solicitó el apoyo para poder llegar a la presidencia de la República en las pasadas elecciones de 2014. Estas fueron ganadas por el ahora expresidente Salvador Sánchez Cerén, tras una segunda vuelta electoral.
“Lamentamos mucho por aquellos jóvenes que por ir a jugar a una cancha de alguna colonia fueron asesinados, lamentamos mucho por todas aquellas familias que perdieron a un familiar en manos de los pandilleros, lamentamos mucho por aquellos que se hincaron pidiendo perdón por haberse equivocado de dirección y que fueron asesinados…”, comentó la diputada Marcela Pineda, quien fungió como parte fiscal dentro de la Comisión de Antejuicio.
El delito de fraude electoral se encuentra en el artículo 295 del Código Penal; mientras que el de agrupaciones ilícitas, en el 345 de este mismo documento que establece las infracciones y las sanciones o penas que corresponden por cometerlos.
Hasta la fecha, Quijano contaba con el fuero constitucional del que gozan ciertos servidores públicos. Este privilegio había impedido con anterioridad que las autoridades pertinentes lo procesaran por haber negociado con pandillas.
El pasado 10 de diciembre, la Comisión Especial de Antejuicio emitió dictamen único favorable para que los 84 diputados decidieran si quitarle o no el fuero al Quijano, tras exponer los elementos probatorios presentados en las sesiones que fueron desarrolladas de manera pública.
Para determinar tal decisión, los legisladores citaron a testigos considerados como implicados en el hecho: Al presidente de la Red Nacional de Pastores Torre Fuerte de El Salvador, Nelson Valdez; a la perita fiscal, Ena Granados; al coordinador del plan de Gobierno de Quijano –denominado como “Plan País”– el empresario Miguel Ángel Simán.
Además, también fue convocado el periodista alemán Paolo Lüers y Ernesto Angulo Milla, este último tuvo una función dentro del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y ejecutó un papel activo en la tregua con pandilleros.
“El señor Norman Quijano pactó vidas por votos y esto quedó en evidencia con lo dicho por el testigo Paolo Lüers, con quien nos dimos cuenta de que no solo ARENA hizo tratos con pandillas, sino que también el FMLN”, dijo la diputada Pineda.
El pasado 1 de diciembre, el columnista de El Diario de Hoy indicó ante la comisión: “Yo me di cuenta de que los pandilleros estaban haciendo tratos con el FMLN y ARENA. Los líderes de las pandillas me contaron con orgullo que estaban a punto de bajarle pisto a los dos partidos”.
Legislatura anterior no quiso desaforar a Quijano
La FGR solicitó, en noviembre pasado, al Órgano Legislativo que iniciará un proceso de antejuicio a Norman Quijano y le retirara el fuero constitucional para acusarlo judicialmente penalmente por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
En 2020, el Ministerio Público hizo la misma petición a la legislatura pasada para procesar al entonces diputado de la Asamblea Legislativa por el mismo caso.
Los legisladores acordaron crear una comisión especial que determinó que sí existía lugar a formación de causa, es decir que encontraron indicios de que Quijano hizo negociaciones ilegales con pandilleros y emitieron un dictamen favorable para que se le retirara la inmunidad.
Sin embargo, cuando la iniciativa fue llevada al pleno, la mayoría de diputados no dio sus votos para que se le quitara ese beneficio al funcionario arenero.
“Hace catorce meses, en este mismo pleno, se estaba ventilando el desafuero para el mismo señor involucrado, Norman Quijano. Y los mismos diputados que se levantaron ahora (de ARENA) son los que votaron para no desaforarlo”, señaló la diputada Rebeca Santos, quien ejerció la función de fiscal en el actual proceso de antejuicio.
La parlamentaria enfatizó que como nueva Asamblea Legislativa existe un compromiso firme con el pueblo salvadoreño de no permitir más actos de corrupción e impunidad en las instancias de Gobierno, especialmente si estas acciones van en detrimento de la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.
“Estamos demostrando que a esta nueva Asamblea no le va a temblar la mano para aplicar la ley. Esta es una diferencia sustancial, le demostramos al pueblo salvadoreño que somos diferentes, pero también estamos generando un precedente: la ley se va a aplicar a quien sea”, sostuvo el legislador Jorge Castro.
Él recordó que se ha respetado el proceso respectivo, que implica el derecho de audiencia y el derecho de defensa, donde se han recogido elementos de juicio que determinan la vinculación de Quijano con las pandillas.
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».
