Política
Carmen Aída Lazo recibió propuesta de política pública para el desarrollo integral de la niñez por parte del Movimiento Ciudadano Visionarios
La candidata a la vicepresidencia de la Alianza por un Nuevo País, Carmen Aída Lazo, recibió el sábado una propuesta de política pública para el desarrollo integral de la niñez por parte del Movimiento Ciudadano Visionarios.
La propuesta integral está elaborada pensando en el bienestar de la infancia en El Salvador, que incluye el aspecto de salud, educación, cuidados primarios y aspectos jurídicos, misma que fue recibida por Carmen Aída Lazo, quien se comprometió a darle marcha de llegar a la vicepresidencia de la República junto al candidato presidencial del partido ARENA, Carlos Calleja.
Christian Aparicio, docente universitario de posgrado actualmente en Proceso de Doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales, fue el encargado de presentar la propuesta “-9+5” con la cual se planea invertir y apostar por la niñez temprana, desde el embarazo hasta los 5 años, con el fin de brindar iguales oportunidades a las futuras generaciones, libres de violencia y desigualdad social.
Carmen Adía Lazo agradeció la confianza del Movimiento Ciudadano Visionarios a su persona y exhortando a los salvadoreños a que se comprometan por sacar adelante a El Salvador desde el campo en el cual de desempeñan.
“Involúcrense cada uno desde su espacio, es mucho lo que pueden hacer por su país y lo primero que les pido es mantener su esperanza porque El Salvador vale la pena”, dijo la aspirante a la vicepresidencia de la República de la Alianza por un Nuevo País.
Aída Lazo reiteró que este tipo de propuestas que van encaminadas al mejoramiento de vida en las mujeres y la niñez, las cuales valen la pena y que están contempladas dentro de su plan de gobierno a desarrollar.
A su vez, sostuvo que hombres comprometidos por el bienestar de los salvadoreños como Christian Aparicio, deberían de formar parte del Gabinete de Gobierno de Carlos Calleja y de su persona de llegar a ganar la presidencia de la República.
“Usted (Christian Aparicio) es una persona comprometida con el tema y sería bueno que dentro de los próximos funcionarios públicos fuera parte de ellos porque es una persona muy comprometida con el tema”, recalcó Lazo.
Según la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), el 33.4% de hogares salvadoreños viven en situación de pobreza multidimensional y 4 de cada 10 hogares cuenta con presencia de niños sin cuidado de adultos, con baja educación, sin acceso a seguridad social y situación de subempleo.
El 97.8% de niños entre 0 a 3 años no recibe ningún servicio de cuidado público o privado y 32.1% de las familias con infantes entre 0 y 4 años vive sin alguno o ambos padres.
Por ello el movimiento ciudadano Visionarios, quienes constituyen a un espacio de participación ciudadana de los jóvenes, elaboraron el plan “-9+5”, el cual cuenta con los siguientes ejes:
- Reforzar leyes actuales para dar protección a la niñez y a las madres durante el embarazo.
- Involucramiento del estado, durante los primeros 5 años a través de programas de educación, alimentación, salud y cuido.
- Aprobación de ley para responsabilizar ambos padres de la protección del niño.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
