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Vicepresidente Ulloa respalda acuerdo histórico para la protección del río Lempa, la mayor conversión de deuda ambiental a nivel mundial
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó como testigo de honor en la firma del Acuerdo de Colaboración entre la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y el programa “Somos Río Lempa”, iniciativa que marca la conversión de deuda más grande del mundo dedicada a la protección de un río y su cuenca.
El acuerdo, respaldado por Catholic Relief Services y el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, busca fortalecer la gobernanza hídrica transfronteriza, articular planes de restauración ecosistémica y fomentar un modelo de desarrollo sostenible en la cuenca del río Lempa, que abastece de agua potable al 68 % de la población salvadoreña.
Durante su intervención, el vicepresidente Ulloa calificó la alianza como un hecho histórico, destacando que “el Gobierno del Presidente Nayib Bukele pensó desde el principio darle una atención especial a los temas medioambientales”, recordando que el país fue recibido bajo una alerta de estrés hídrico. Asimismo, enfatizó que los fondos estarán protegidos bajo un modelo de gestión transparente: “Ahora el dinero alcanza cuando nadie roba”.
Jorge Urbina, director ejecutivo nacional del Plan Trifinio, recordó que el Lempa significa no solo agua para la capital, sino también generación hidroeléctrica. En tanto, Liseth Hernández, de la Secretaría Ejecutiva Trinacional, subrayó que la firma del acuerdo representa una verdadera convergencia de voluntades institucionales.
Paul Hicks, director del programa “Somos Río Lempa”, resaltó que la iniciativa nació desde la Presidencia y que sienta las bases para una restauración sostenible de largo plazo.
La cuenca del Lempa alberga ecosistemas estratégicos como humedales y manglares reconocidos por la Convención RAMSAR y la UNESCO. El acuerdo representa un paso firme hacia la protección del principal recurso hídrico de El Salvador y el bienestar de las comunidades del Trifinio.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
