Sucesos
Vecinos sacan a la calle el cadáver de un fallecido por covid-19
En Bolivia, los inquilinos de una casa en Cochabamba, en el centro del país, sacaron este sábado a la calle el cadáver de un vecino que falleció con síntomas de covid-19. A ello les motivo tanto el miedo a infectarse, como la necesidad de llamar la atención de las autoridades para que aceleren la evacuación de los cuerpos.
«El hombre falleció en la mañana y, como no vienen a recogerlo, los inquilinos sacaron el cuerpo a la calle, de lo contrario demorarán más en recoger. Hay preocupación, los vecinos estamos expuestos al contagio», ecplica Florencio Carvallo, dirigente del barrio Distrito 6, al sur de la ciudad, citado por AP.
Los medios informan de hospitales, funerarias y cementerios colapsados debido al gran número de contagios de coronavirus en el país. Según la Policía, que también está involucrada en el proceso de evacuación de los cuerpos, la demora se explica también por la enorme saturación de los laboratorios que hacen las pruebas.
En el barrio donde ocurrieron los hechos, han fallecido cerca de 20 personas desde el inicio de la pandemia, asegura el dirigente del mismo, Florencio Carvallo.
Cochabamba no es la única ciudad del país donde se registran este tipo de problemas. En La Paz los cuerpos de los fallecidos permanecen varios días en sus hogares también debido a demoras en la evacuación. La demanda de los entierros en las últimas semanas aumentó en tres veces.
Según informó el Ministerio de Salud de Bolivia, para el 25 de julio el total acumulado de contagios de coronavirus se situó en 68.281 casos en todo el país, mientras que las muertes por covid-19 ascienden a 2.535.
Varias personas sufrieron desmayos y crisis nerviosas luego de quedar atrapadas en un juego mecánico que presentó fallas la noche del domingo en el distrito de Acajutla, municipio de Sonsonate Oeste, departamento de Sonsonate.
De acuerdo con personas presentes en el campo de diversiones, los ocupantes permanecieron suspendidos boca abajo durante aproximadamente 30 minutos mientras se realizaban las labores para auxiliarlos.
Según versiones de los asistentes, alrededor de 15 personas, entre ellas tres niños, resultaron afectadas por el incidente. Socorristas de Cruz Blanca atendieron la emergencia y brindaron asistencia a los afectados.
La mayoría de las personas que quedaron atrapadas se recuperaron rápidamente tras ser auxiliadas y regresar a tierra firme. Sin embargo, se reportó que dos casos requirieron una atención más prolongada.
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador también acudió al lugar para apoyar en las labores de rescate. Hasta el momento, la institución no ha emitido un informe oficial sobre la cantidad de personas afectadas.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
