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En 2026, 10 estafadores han sido condenados a penas de seis a 62 años de cárcel
Según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), en lo que va del año al menos 10 personas acusadas de estafa han sido condenadas a prisión.
Las cantidades defraudadas por los imputados oscilan entre $12,000 y $375,360, mientras que las penas impuestas van desde seis hasta 62 años de cárcel.
Las autoridades aseguran que las detenciones de estafadores y posteriores condenas se deben al trabajo coordinado entre la Policía y la Fiscalía, quienes han fortalecido sus esfuerzos tanto en la investigación de estos casos como en la propuesta y diseño de reformas legales orientadas a combatir delitos para combatir delitos que afectan contra el patrimonio de los salvadoreños.
«Tenemos la responsabilidad de gestionar, ordenar e investigar para poner tras las rejas y frente a un juez a los responsables de delitos graves. Hemos venido trabajando en una técnica de empezar por los delitos más graves, todo lo que tiene que ver con los delitos de la libertad sexual, violaciones, agresiones sexuales, estafas, robos y hurtos», señaló recientemente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario detalló que, para luchar contra este tipo de delitos, se presentaron el año pasado ante la Asamblea Legislativa, una serie de reformas relacionadas a delitos patrimoniales.
«El año pasado también llevamos a la Asamblea el último compacto de reformas que estaba relacionado a delitos patrimoniales, y también estamos analizando la información, escuchando las nuevas formas en que los salvadoreños se manifiestan y denuncian este tipo de delitos para lograr capturar a los implicados y llevarlos tras las rejas», indicó Villatoro.
El pasado 16 de febrero, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador decretó una condena de seis años de prisión a Jorge Franklin Ríos Rugamas, quien fue declarado culpable por el delito de estafa agravada. El imputado también fue condenado a pagar $85,000 en calidad de responsabilidad civil.
«Los hechos sucedieron a comienzos del año 2020 cuando la víctima conoció a Ríos Rugamas, quien se hacía pasar como un empresario del área de las edificaciones y otros rubros. El imputado le ofreció a la víctima diferentes servicios del sector construcción y suscribió varios contratos para efectuar los proyectos», explicó el fiscal del caso.
Al vencer los plazos establecidos, Ríos Rugamas incumplió los contratos; sin embargo, simuló que respondería económicamente debido a los daños y perjuicios que ocasionó, pero lo hizo emitiendo cheques sin fondos.
En otro caso, un mes después, el 20 de marzo, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador decretó que Edgar Omar Revelo Álvarez siga en prisión mientras avanzan las investigaciones en su contra por el delito de estafa agravada en perjuicio de 23 víctimas.
«En 2025 se comenzaron a recibir múltiples denuncias contra el imputado, quien ofrecía boletos aéreos a bajo costo a través de redes sociales», explicó la fiscal del caso.
Según la representación fiscal, Revelo Álvarez se hacía pasar por empleado de una aerolínea y promocionaba supuestas ofertas bajo modalidades como el pago únicamente de impuestos o promociones de 2×1 a países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, España, Italia, Indonesia, Tailanda, Japón, Panamá, Perú y México.
«Las víctimas realizaban transferencias por los supuestos boletos; sin embargo, el imputado cortaba toda comunicación posteriormente, y las reservaciones resultaban falsas o inexistentes. El monto total de lo estafado asciende a $50,491.04», dijo la fiscal.
Mientras que, en Usulután, el Tribunal de Sentencia de dicha localidad declaró culpables a Santos Tomás Mercado y José Reinaldo Turcios Callejas por el delito de estafa y les impuso una pena de ocho años de prisión. Los imputados estafaron a 32 personas residentes en distintas comunidades del departamento.
«Los ahora condenados solicitaron a las víctimas diversas cantidades de dinero a cambio de supuestos beneficios como viviendas, terrenos, ganado y abonos para proyectos agrícolas. Los imputados aseguraban que dichos recursos serían entregados mediante una presunta ayuda humanitaria proveniente de China Taiwán», detalló el fiscal del caso.
En abril de 2025, las víctimas fueron convocadas a una reunión en San Salvador, donde supuestamente recibirían escrituras y otros beneficios; sin embargo, las promesas nunca se concretaron. Tras constatar el incumplimiento y la pérdida de su dinero, los afectados interpusieron la denuncia que dio origen al proceso judicial y a la posterior sentencia condenatoria.
La Mara Salvatrucha intentó, en varios casos, desvincularse de crímenes cometidos por sus 230 clicas [células territoriales] y, para despistar a las fuerzas de seguridad, dejaba carteles sobre los cadáveres atribuyendo los hechos al grupo de exterminio La Sombra Negra.
Ese grupo clandestino, que operó en El Salvador en la década de los 90 y principios de los 2000, estuvo integrado por policías, militares y civiles. Los pandilleros quisieron hacer ver a las autoridades que ellos no tenían que ver con esos homicidios para que ningún terrorista de la estructura fuera investigado y capturado.
Toda es información fue obtenida mediante la herramienta de la intervención a las telecomunicaciones que jueces avalaron y ejercieron función jurisdiccional sobre esa técnica especializa de investigación.
Todo ese accionar y modos operandi de los gatilleros [homicidas de las pandillas] fue avalado por la cúpula de la Mara Salvatrucha integrada por 22 fundadores o ranfleros históricos que están siendo enjuiciados en la audiencia única abierta, junto a otros 464 cabecillas de los 232 programas [estructura jerárquica superior] dirigidas por corredores [cabecillas de alto rango].
Otras de las evidencias presentadas por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, son varios videos extraídos del teléfono celular decomisado a un corredor de programa, donde se observan torturas y ejecuciones de personas.
Con el material audiovisual se evidencia que la Mara Salvatrucha utilizó como principal método la decapitación de las víctimas, previas torturas. Tras ser decapitadas las mutilaban y enterraban en cementerios clandestinos que fueron avalados instalar en zonas rurales por los ranfleros históricos.
Además, en los audios se registran conversaciones en las que pandilleros reciben instrucciones de que las personas bajo investigación, a quienes se les daba vigilancia y seguimiento, debían ser privadas de libertad y trasladadas a «casas Destroyer»; sin embargo, se les prohibía asesinarlas sin autorización previa de la cúpula y los corredores de programa.
«Definitivamente, se ordenaba que a las personas no las mataran inmediatamente, sino que las capturaran y mantuvieran privadas de libertad mientras se daban los pases y se conseguía la autorización para poderlos matar. Por lo tanto, queda demostrado y suficientemente probado, que nadie podía matar sin la autorización de la ranfla, de los corredores de programa, ellos eran los que tenían la decisión de quien vivía y quien moría en este país», manifestó Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.
En más de una semana de reproducción de audios, adquiridos mediante escuchas telefónicas, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado tuvo acceso a 125 grabaciones donde ha quedado evidenciado la ejecución de 29,000 homicidios acumulados en más de 500 casos.
En uno de los últimos audios se escucha que los pandilleros perseguían una ambulancia en la que era trasladada una víctima a quien le habían disparado en el rostro; los terroristas buscaban a como diera lugar asegurar la muerte para no dejar testigos.
En otra grabación se escuchaban los gritos de las víctimas mientras los pandilleros se burlaban de ellas y sin piedad les asestaban múltiples disparos.
Además de los homicidios en las conversaciones captadas, uno de los pandilleros dice a un cabecilla que tiene un censo de cuánto se estaba pagando en concepto de extorsión en las colonias bajo su control, mientras que sugiere que debían aumentar la cuota, ya que la mara estaba corta de dinero.
También se escuchó como daban indicaciones a abogados para trasladar mensajes hacia los centros penales.
Por tres delitos de crimen organizado, 10 terroristas de la Mara Salvatrucha fueron condenados a penas de 20 y 28 años de prisión.
Los pandilleros integraban la estructura San Sivar Locos Salvatruchos y se habían agrupado en la célula territorial para consumar una serie de hechos delictivos en la colonia San Felipe y otros sectores de Ilopango, según quedó establecido en la vista pública realizada por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
El juez tres impuso la mayor condena a René Alonso Herrera Morales, conocido como Loncho, y ordenó que pase 28 años en la cárcel por los delitos de extorsión agravada, limitación ilegal a la libertad de circulación y agrupaciones ilícitas.
Mientras que otros nueve pandilleros fueron sentenciados a 20 años de prisión por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República probó que la estructura extorsionó a una víctima con régimen de protección con el pago semanal de $40. Le advirtieron que, si no accedía y colabora con la pandilla, la iban asesinar junto con su familia.
La persona denunciante dijo a las autoridades que por varios años estuvo pagando «renta» a la Mara Salvatrucha, pero dejo de cancelar la cuota hasta en el 2022, cuando las fuerzas de seguridad incursionaron en la zona donde residía para detener a los mareros como parte de las acciones ejecutadas en el marco del régimen de excepción.
La persona afectada dijo que por temor a que Locho la fuera asesinar huyó de su residencia, fue hasta la detención de todos los extorsionistas que pudo librarse de esta estructura criminal.
El Ministerio de Medio Ambiente informó esta tarde que a partir del domingo 10 de mayo se prevé presencia de polvo del Sahara en El Salvador, en bajas concentraciones.
Dicho fenómeno generará ambiente brumoso y mayor sensación de calor debido a la radiación solar y clima estable.
De acuerdo al MARN, los menores de edad, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas figuran entre los grupos más sensibles ante la Capa Aire Sahariano (CAS.
Las principales recomendaciones ante este Calima son: evitar la exposición prolongada al sol, usar protector solar, tomar precauciones al hacer ejercicio al aire libre y mantenerse hidratado.
