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En 2026, 10 estafadores han sido condenados a penas de seis a 62 años de cárcel
Según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), en lo que va del año al menos 10 personas acusadas de estafa han sido condenadas a prisión.
Las cantidades defraudadas por los imputados oscilan entre $12,000 y $375,360, mientras que las penas impuestas van desde seis hasta 62 años de cárcel.
Las autoridades aseguran que las detenciones de estafadores y posteriores condenas se deben al trabajo coordinado entre la Policía y la Fiscalía, quienes han fortalecido sus esfuerzos tanto en la investigación de estos casos como en la propuesta y diseño de reformas legales orientadas a combatir delitos para combatir delitos que afectan contra el patrimonio de los salvadoreños.
«Tenemos la responsabilidad de gestionar, ordenar e investigar para poner tras las rejas y frente a un juez a los responsables de delitos graves. Hemos venido trabajando en una técnica de empezar por los delitos más graves, todo lo que tiene que ver con los delitos de la libertad sexual, violaciones, agresiones sexuales, estafas, robos y hurtos», señaló recientemente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario detalló que, para luchar contra este tipo de delitos, se presentaron el año pasado ante la Asamblea Legislativa, una serie de reformas relacionadas a delitos patrimoniales.
«El año pasado también llevamos a la Asamblea el último compacto de reformas que estaba relacionado a delitos patrimoniales, y también estamos analizando la información, escuchando las nuevas formas en que los salvadoreños se manifiestan y denuncian este tipo de delitos para lograr capturar a los implicados y llevarlos tras las rejas», indicó Villatoro.
El pasado 16 de febrero, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador decretó una condena de seis años de prisión a Jorge Franklin Ríos Rugamas, quien fue declarado culpable por el delito de estafa agravada. El imputado también fue condenado a pagar $85,000 en calidad de responsabilidad civil.
«Los hechos sucedieron a comienzos del año 2020 cuando la víctima conoció a Ríos Rugamas, quien se hacía pasar como un empresario del área de las edificaciones y otros rubros. El imputado le ofreció a la víctima diferentes servicios del sector construcción y suscribió varios contratos para efectuar los proyectos», explicó el fiscal del caso.
Al vencer los plazos establecidos, Ríos Rugamas incumplió los contratos; sin embargo, simuló que respondería económicamente debido a los daños y perjuicios que ocasionó, pero lo hizo emitiendo cheques sin fondos.
En otro caso, un mes después, el 20 de marzo, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador decretó que Edgar Omar Revelo Álvarez siga en prisión mientras avanzan las investigaciones en su contra por el delito de estafa agravada en perjuicio de 23 víctimas.
«En 2025 se comenzaron a recibir múltiples denuncias contra el imputado, quien ofrecía boletos aéreos a bajo costo a través de redes sociales», explicó la fiscal del caso.
Según la representación fiscal, Revelo Álvarez se hacía pasar por empleado de una aerolínea y promocionaba supuestas ofertas bajo modalidades como el pago únicamente de impuestos o promociones de 2×1 a países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, España, Italia, Indonesia, Tailanda, Japón, Panamá, Perú y México.
«Las víctimas realizaban transferencias por los supuestos boletos; sin embargo, el imputado cortaba toda comunicación posteriormente, y las reservaciones resultaban falsas o inexistentes. El monto total de lo estafado asciende a $50,491.04», dijo la fiscal.
Mientras que, en Usulután, el Tribunal de Sentencia de dicha localidad declaró culpables a Santos Tomás Mercado y José Reinaldo Turcios Callejas por el delito de estafa y les impuso una pena de ocho años de prisión. Los imputados estafaron a 32 personas residentes en distintas comunidades del departamento.
«Los ahora condenados solicitaron a las víctimas diversas cantidades de dinero a cambio de supuestos beneficios como viviendas, terrenos, ganado y abonos para proyectos agrícolas. Los imputados aseguraban que dichos recursos serían entregados mediante una presunta ayuda humanitaria proveniente de China Taiwán», detalló el fiscal del caso.
En abril de 2025, las víctimas fueron convocadas a una reunión en San Salvador, donde supuestamente recibirían escrituras y otros beneficios; sin embargo, las promesas nunca se concretaron. Tras constatar el incumplimiento y la pérdida de su dinero, los afectados interpusieron la denuncia que dio origen al proceso judicial y a la posterior sentencia condenatoria.
El clásico de acción que catapultó a la fama a Tom Cruise celebrará su reestreno en las salas de cine de El Salvador el próximo 13 de mayo. No solo el título original estará disponible a partir del próximo jueves en cines, sino también la secuela «Top Gun: Maverick».
La película dirigida por Tony Scott, estrenada en 1986, asombró al público con un Tom Cruise que interpretó a Pete «Maverick» Mitchell, un as de las acrobacias a bordo del F-14. Con el tiempo, «Top Gun» se volvió un clásico del cine de acción.
Para todos los fanáticos de la película que logró grandes proezas en el aire con aviones reales, esta maratón de «Top Gun» y «Top Gun: Maverick» es una gran oportunidad para revivir con nostalgia un clásico del cine que también se adueñó de «Take My Breath Away» de Berlín, como banda sonora inconfundible, además de otras pistas de la época.
Para elevar la emoción de los fans las buenas noticias no terminan con el reestreno del clásico «Top Gun» por su 40 aniversario, ni con el relanzamiento de «Top Gun: Maverick» de 2022, sino que se ha confirmado que la historia continuará con una tercera entrega, según confirmó Paramount en la CinemaCon de este 2026.
Las entradas para «Top Gun» y «Top Gun: Maverick» ya están disponibles en preventa en los cines de El Salvador. Todo está listo para que el 13 de mayo despegue el famoso F-14 de Maverick surque los cielos con acrobacias y maniobras de combate.
La derechista Laura Fernández asumió este viernes la presidencia de Costa Rica con la promesa de aplicar mano firme contra el narcotráfico que penetró instituciones estatales y disparó la violencia en un país considerado por mucho tiempo de los más seguros de América.
En un acto multitudinario en el Estadio Nacional de San José, la politóloga de 39 años juró para un periodo de cuatro tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero, gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.
Exministra de la Presidencia de Chaves, toma las riendas del pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, pero hoy con un récord de asesinatos por el narcotráfico.
«Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (…). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado», dijo, al señalar como inaceptable que «el narcotráfico encuentre grietas» en el sistema democrático costarricense.
Admiradora del presidente Nayib Bukele, Fernández reiteró en su discurso que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador.
«Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos», manifestó al achacar al poder judicial, como su antecesor, la crisis de inseguridad.
Anunció además reformas para endurecer las penas y que el año carcelario sea de 12 meses y no de ocho, como ocurre actualmente. «Ya no más alcahueterías», subrayó.
Fernández gobernará a la sombra de su mentor, quien ejercerá como una suerte de primer ministro que controlará la agenda política y económica del llamado «gobierno de la continuidad».
Gobernará con 31 de 57 diputados a su favor, una mayoría conveniente para buscar aliados en su afán de reformar el Estado, sobre todo el poder judicial.
«La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar», dijo la presidenta, que también heredó la mayoría del gabinete de Chaves.
«Vamos a revisar nuestra institucionalidad (…) eso no significará nunca atentar contra la división de poderes, nunca lo haría», aseguró Fernández, quien también dijo que su gobierno respetará los derechos humanos.
Para el politólogo argentino Daniel Zovatto, habrá una diarquía (gobierno compartido) y riesgo de una «concentración de poder» en un expresidente «con tentaciones autoritarias».
Chaves, economista de 64 años, cuyo estilo sarcástico y confrontativo es popular, debe esperar dos mandatos para postular a la reelección, pero diputados oficialistas no descartan cambiar esa norma.
La Mara Salvatrucha intentó, en varios casos, desvincularse de crímenes cometidos por sus 230 clicas [células territoriales] y, para despistar a las fuerzas de seguridad, dejaba carteles sobre los cadáveres atribuyendo los hechos al grupo de exterminio La Sombra Negra.
Ese grupo clandestino, que operó en El Salvador en la década de los 90 y principios de los 2000, estuvo integrado por policías, militares y civiles. Los pandilleros quisieron hacer ver a las autoridades que ellos no tenían que ver con esos homicidios para que ningún terrorista de la estructura fuera investigado y capturado.
Toda es información fue obtenida mediante la herramienta de la intervención a las telecomunicaciones que jueces avalaron y ejercieron función jurisdiccional sobre esa técnica especializa de investigación.
Todo ese accionar y modos operandi de los gatilleros [homicidas de las pandillas] fue avalado por la cúpula de la Mara Salvatrucha integrada por 22 fundadores o ranfleros históricos que están siendo enjuiciados en la audiencia única abierta, junto a otros 464 cabecillas de los 232 programas [estructura jerárquica superior] dirigidas por corredores [cabecillas de alto rango].
Otras de las evidencias presentadas por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, son varios videos extraídos del teléfono celular decomisado a un corredor de programa, donde se observan torturas y ejecuciones de personas.
Con el material audiovisual se evidencia que la Mara Salvatrucha utilizó como principal método la decapitación de las víctimas, previas torturas. Tras ser decapitadas las mutilaban y enterraban en cementerios clandestinos que fueron avalados instalar en zonas rurales por los ranfleros históricos.
Además, en los audios se registran conversaciones en las que pandilleros reciben instrucciones de que las personas bajo investigación, a quienes se les daba vigilancia y seguimiento, debían ser privadas de libertad y trasladadas a «casas Destroyer»; sin embargo, se les prohibía asesinarlas sin autorización previa de la cúpula y los corredores de programa.
«Definitivamente, se ordenaba que a las personas no las mataran inmediatamente, sino que las capturaran y mantuvieran privadas de libertad mientras se daban los pases y se conseguía la autorización para poderlos matar. Por lo tanto, queda demostrado y suficientemente probado, que nadie podía matar sin la autorización de la ranfla, de los corredores de programa, ellos eran los que tenían la decisión de quien vivía y quien moría en este país», manifestó Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.
En más de una semana de reproducción de audios, adquiridos mediante escuchas telefónicas, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado tuvo acceso a 125 grabaciones donde ha quedado evidenciado la ejecución de 29,000 homicidios acumulados en más de 500 casos.
En uno de los últimos audios se escucha que los pandilleros perseguían una ambulancia en la que era trasladada una víctima a quien le habían disparado en el rostro; los terroristas buscaban a como diera lugar asegurar la muerte para no dejar testigos.
En otra grabación se escuchaban los gritos de las víctimas mientras los pandilleros se burlaban de ellas y sin piedad les asestaban múltiples disparos.
Además de los homicidios en las conversaciones captadas, uno de los pandilleros dice a un cabecilla que tiene un censo de cuánto se estaba pagando en concepto de extorsión en las colonias bajo su control, mientras que sugiere que debían aumentar la cuota, ya que la mara estaba corta de dinero.
También se escuchó como daban indicaciones a abogados para trasladar mensajes hacia los centros penales.
