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Si se impone cárcel a una persona que bota 2 libras de basura, ¿qué sucederá con un alcalde que arroja 500 toneladas de basura del municipio?
Un medio constató, como consecuencia de una denuncia ciudadana, que la municipalidad de San Vicente, dirigida por el alcalde José Roberto Barrientos, se encuentra utilizando un predio que no cuenta con permisos ambientales, para depositar la basura que los camiones recolectores recogen en el municipio.
El sitio que se ha convertido en un botadero a cielo abierto se encuentra ubicado en el kilómetro 69 de la carretera que de San Vicente conduce hacia Zacatecoluca, en el lugar se verificó que hasta el día de ayer se habían arrojado en el inmueble unas 500 toneladas de basura aproximadamente, lo que ya representa una grave contaminación ambiental y un foco de insalubridad para los habitantes cercanos al lugar.
Reforma legal declara delito botar más de dos libras de basura en un sitio inapropiado
En noviembre del año recién pasado, la Asamblea Legislativa aprobó reformas al Código Penal estableciendo como delito “la disposición indebida de residuos o desechos” consistente en que se comete la infracción penal por cualquier sujeto que arroja basura con peso de más de dos libras en lugares no autorizados, lo que acarrea una pena de prisión de 1 a 3 años.
Sin embargo, lo que está ocurriendo en el municipio de San Vicente, bajo responsabilidad principal del señor alcalde es la contaminación de una zona que tiene un importante valor ambiental y que al no contar con permisos ambientales constituye el delito de contaminación ambiental agravada, conforme lo dispuesto en los arts. 255 y 256 del Código Penal.
Para algunos habitantes del municipio entrevistados por este medio “es vergonzoso que el alcalde municipal esté depositando la basura en un botadero a cielo abierto, provocando contaminación de aguas, cultivos e insalubridad en la zona, cuando para cumplir con el servicio de disposición final de la basura percibe ingresos ya que a todos los habitantes se les cobra una tasa municipal para ese fin, que va cargada en los colectores municipales”.
Municipalidad declaró estado de emergencia para usar sitio sin permisos ambientales
Una fuente interna de la municipalidad que habló con un medio bajo reserva de anonimato por temor a las represalías, relató a este medio que en los primeros días del mes de diciembre del año pasado, el concejo municipal presidido por el señor alcalde Roberto Barrientos, decretó un “Acuerdo de Emergencia”, pese a no existir ninguna causa legal o hecho que la justificara lo que vuelve ese acto nulo.
Con ese acuerdo se contrató a la empresa CONSTRUPER para brindar el servicio, pero la municipalidad está utilizando el inmueble del kilómetro 69, pese a no contar con permisos ambientales, convirtiéndose en un botadero a cielo abierto.
El 28 de diciembre de 2022, la alcaldesa de Soyapango, Nerci Montano fue detenida administrativamente por orden de Fiscalía, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Malversación de Fondos y Apropiación o Retención Indebida de Cuotas Laborales, en medio de una crisis de recolección de la basura.
Ese mismo día el señor presidente de la República, Nayib Bukele, recordó que no se va a tolerar la corrupción y que los alcades deben responder de los delitos que cometan, en igual sentido se pronunció el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, con un mensaje directo: “Quedan avisados todos los alcaldes”.
Con una inversión de 3 millones de dólares, 82 familias que habitaban en zonas de alto riesgo recibieron las llaves de su nuevo hogar gracias al Programa de Reasentamiento que lidera el Ministerio de Vivienda.
«Este proyecto ha costado $3 millones, los fondos incluyen urbanización, materiales para viviendas y todo para que la comunidad tenga condiciones dignas y seguras», dijo la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
Las casas forman parte del Proyecto Habitacional 10 de Mayo, ubicado en la comunidad 10 de Mayo, en el cantón Llano de La Laguna, distrito de Ahuachapán, Ahuachapán Centro.
El proyecto incluye obras de urbanización, así como los servicios básicos. Las viviendas cuentan con dos dormitorios, comedor, cocina, sala y baño.
«Este proyecto es parte del Programa de Reasentamiento, con el que buscamos proteger a miles de salvadoreños que, históricamente, han vivido en zonas de alto riesgo. Con esta iniciativa, a escala nacional, se han invertido y ejecutado $56 millones», añadió Sol.
Las familias beneficiadas formaron parte del proceso de construcción bajo la modalidad de ayuda mutua.
«Damos gracias a Dios por esta oportunidad y por recibir nuestras llaves. Son muchos sentimientos encontrados porque es el patrimonio de nuestros hijos. Fuimos trabajando todos de la mano; soy madre soltera, estoy muy feliz y agradecida con el presidente Nayib Bukele», expresó Ruth Serrano, beneficiada con el proyecto habitacional.
Recientemente, el Gobierno de El Salvador, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó el acto de certificación de electricistas de 4. ° categoría de 25 salvadoreños retornados.
El evento fue presidido por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, quien remarcó que con este tipo de apuestas generan oportunidades de fortalecimiento de capacidades e inclusión, enfocadas en la reintegración económica y social de las personas migrantes retornadas.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, entrega su certificado a uno de los salvadoreños retornados beneficiados con dicho programa. Foto: Cancillería de El Salvador
Este tipo de proyecto se encuentra enmarcado en el Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas, que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele, informó Cancillería en su sitio web.
«Desde el “Proyecto para la protección a población en movilidad”, impulsado por la Cancillería, se cuenta con una visión centrada en los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible. Por ello, la reintegración económica de las personas retornadas requiere trabajo articulado entre instituciones públicas, cooperación internacional, academia y gobiernos locales», aseguró Godínez.
Parte de los capacitados en electricidad. Foto: Cancillería de El Salvador
Asimismo, subrayó que, además de las competencias técnicas, se fortalecieron habilidades blandas en cada uno de los participantes (como el desarrollo integral, la confianza y la resiliencia).
En tanto, la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros, recordó que la reintegración no ocurre de manera inmediata ni depende de una sola institución, sino que requiere articulación interinstitucional, acompañamiento continuo y oportunidades que permitan a las personas fortalecer sus capacidades y construir nuevas perspectivas para su desarrollo laboral.
La jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros. Foto: Cancillería de El Salvador
A su vez, Medeiros, señaló que los participantes fueron beneficiados con jornadas de atención psicosocial, con las que se pretende reforzar capacidades profesionales, sociales y personales.
La Universidad Don Bosco estuvo a cargo de capacitar y certificar a los participantes, aseguró la cancillería.
América Latina y el Caribe encadenaron en 2025 desastres climáticos y olas de calor sofocaron a sus poblaciones, pero la región es incapaz de contabilizar las muertes causadas por esas temperaturas extremas, alertó un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El documento «El estado del clima en América Latina y el Caribe 2025», presentado este lunes en Brasilia, registra un año de récords en casi todos los frentes.
Lluvias torrenciales, con inundaciones y deslizamientos de tierra, golpearon varios países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela.
El huracán Melissa devastó Jamaica, con pérdidas de más del 40 % de su PIB.
El 85 % del territorio mexicano fue golpeado por una sequía, mientras los glaciares andinos, de cuya agua dependen unas 90 millones de personas, aceleraron su deshielo.
El informe destaca las recurrentes e intensas olas de calor que asolaron gran parte de América del Norte, Central y del Sur, con temperaturas por encima de los 45 ºC en varios puntos.
El documento apunta que el calor extremo implica «una carga creciente para la salud pública».
Pero la mayoría de los países no publica de forma sistemática datos sobre los fallecimientos por calor, y los impactos suelen deducirse a partir del análisis del exceso de mortalidad.
El organismo calcula que en América Latina mueren alrededor de 13,000 personas al año por causas atribuibles al calor, según un promedio de 17 países entre 2012 y 2021. Pero advierte que esa cifra es, casi con certeza, una subestimación.
«A medida que se intensifiquen los episodios de calor extremo, la mortalidad evitable solo se podrá reducir si se redobla la cooperación entre las esferas del clima y la salud», alerta la OMM.
Existe «una necesidad imperiosa de integrar las alertas meteorológicas tempranas con los sistemas de activación de la salud pública», señala la OMM en un comunicado.
Brasil ilustra tanto la magnitud del problema como sus límites. El Instituto Nacional de Meteorología del país registró siete olas de calor a lo largo de 2025.
En febrero, Rio de Janeiro alcanzó 44 ºC y Sao Paulo batió en diciembre su récord histórico con 37.2 ºC en 64 años de mediciones.
Las escuelas retrasaron su regreso a clases, hubo gente que buscó alivio en playas y en los «refugios climáticos» habilitados por las autoridades municipales.
Pero las muertes directamente atribuidas al calor en ese período siguen siendo, en gran parte, invisibles en las estadísticas oficiales.
La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, dijo que el informe «es un llamado a la acción».
«Nos insta a fortalecer las observaciones, invertir en servicios, subsanar las deficiencias en los sistemas de alerta temprana y garantizar que la información climática llegue a quienes más la necesitan», afirmó la funcionaria en un comunicado.
El Plan de Acción en Salud de Belém, aprobado en la COP30 de la ONU en noviembre, establece una hoja de ruta para adaptar los sistemas de salud a la crisis climática, recuerda la OMM, que llama en su informe a aplicarla.
