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Si se impone cárcel a una persona que bota 2 libras de basura, ¿qué sucederá con un alcalde que arroja 500 toneladas de basura del municipio?
Un medio constató, como consecuencia de una denuncia ciudadana, que la municipalidad de San Vicente, dirigida por el alcalde José Roberto Barrientos, se encuentra utilizando un predio que no cuenta con permisos ambientales, para depositar la basura que los camiones recolectores recogen en el municipio.
El sitio que se ha convertido en un botadero a cielo abierto se encuentra ubicado en el kilómetro 69 de la carretera que de San Vicente conduce hacia Zacatecoluca, en el lugar se verificó que hasta el día de ayer se habían arrojado en el inmueble unas 500 toneladas de basura aproximadamente, lo que ya representa una grave contaminación ambiental y un foco de insalubridad para los habitantes cercanos al lugar.
Reforma legal declara delito botar más de dos libras de basura en un sitio inapropiado
En noviembre del año recién pasado, la Asamblea Legislativa aprobó reformas al Código Penal estableciendo como delito “la disposición indebida de residuos o desechos” consistente en que se comete la infracción penal por cualquier sujeto que arroja basura con peso de más de dos libras en lugares no autorizados, lo que acarrea una pena de prisión de 1 a 3 años.
Sin embargo, lo que está ocurriendo en el municipio de San Vicente, bajo responsabilidad principal del señor alcalde es la contaminación de una zona que tiene un importante valor ambiental y que al no contar con permisos ambientales constituye el delito de contaminación ambiental agravada, conforme lo dispuesto en los arts. 255 y 256 del Código Penal.
Para algunos habitantes del municipio entrevistados por este medio “es vergonzoso que el alcalde municipal esté depositando la basura en un botadero a cielo abierto, provocando contaminación de aguas, cultivos e insalubridad en la zona, cuando para cumplir con el servicio de disposición final de la basura percibe ingresos ya que a todos los habitantes se les cobra una tasa municipal para ese fin, que va cargada en los colectores municipales”.
Municipalidad declaró estado de emergencia para usar sitio sin permisos ambientales
Una fuente interna de la municipalidad que habló con un medio bajo reserva de anonimato por temor a las represalías, relató a este medio que en los primeros días del mes de diciembre del año pasado, el concejo municipal presidido por el señor alcalde Roberto Barrientos, decretó un “Acuerdo de Emergencia”, pese a no existir ninguna causa legal o hecho que la justificara lo que vuelve ese acto nulo.
Con ese acuerdo se contrató a la empresa CONSTRUPER para brindar el servicio, pero la municipalidad está utilizando el inmueble del kilómetro 69, pese a no contar con permisos ambientales, convirtiéndose en un botadero a cielo abierto.
El 28 de diciembre de 2022, la alcaldesa de Soyapango, Nerci Montano fue detenida administrativamente por orden de Fiscalía, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Malversación de Fondos y Apropiación o Retención Indebida de Cuotas Laborales, en medio de una crisis de recolección de la basura.
Ese mismo día el señor presidente de la República, Nayib Bukele, recordó que no se va a tolerar la corrupción y que los alcades deben responder de los delitos que cometan, en igual sentido se pronunció el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, con un mensaje directo: “Quedan avisados todos los alcaldes”.
Las deterioradas calles urbanas y rurales del fronterizo distrito de Polorós, en La Unión Norte, poco a poco están quedando en el pasado con históricos proyectos del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la DOM.
En los 7.9 kilómetros de calles rurales que conducen de este distrito al cantón El Carpintero, que conectan a la frontera con Honduras, se están realizando trabajos de terracería, compactación y limpieza de la zona que ya permite una circulación vial más fluida para beneficiar a más de 4 mil personas.
Entre otras obras, se incluye la construcción de un puente y una caja puente, que está orientada a brindar seguridad a los peatones, automovilistas y a mantener la vía en buenas condiciones.
En el casco urbano de Polorós, la DOM está revitalizando 1.5 kilómetros de calles principales, con superficie de adoquín y concreto hidráulico, de mayor duración, las cuales muy pronto serán entregadas.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele está decidido a convertir la zona oriental en un polo de desarrollo y dejar atrás el desinterés de las pasadas administraciones.
Las cuadrillas de la DOM están transformando las calles rurales en modernas, seguras y con superficie de asfalto de la colonia Los Ángeles, en el distrito de Nueva Esparta, La Unión Norte.
Como parte de la primera fase, las cuadrillas de la DOM terminaron obras de terracería y la nivelación de la vía de 456 metros lineales para posteriormente trabajar en la conformación de la base y colocación de asfalto.
Con esta obra, el Gobierno brindará por primera vez en la historia calles nuevas a más de 300 personas las que nunca fueron prioridad de las pasadas administraciones.
Esta es la segunda obra que ejecuta la DOM en Nueva Esparta. El primer proyecto con el cual se renovaron 700 metros lineales de calles con adoquín y asfalto, fue entregado el 9 de junio de 2023.
Mediante el Plan Nacional de Bacheo fueron transformadas entre otras la avenida 3 de Mayo, las calles El Calvario y 28 de Junio, beneficiando a más de 9,000 habitantes de este distrito de La Unión Norte.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
