Los diputados cometieron un error al tratar de distorsionar la distribución de recursos provenientes de fondos externos, a través del decreto 781, pues no tenían competencia legal para hacerlo, según la Sala de lo Constitucional.

La sentencia del referido tribunal de justicia se conoció el 6 de enero y está relacionada con la controversia que se originó entre octubre y noviembre del año pasado. Este proceso está relacionado con el uso de los fondos que aún están disponibles de los préstamos otorgados a El Salvador.

“Declárase que el Decreto Legislativo no. 781, aprobado por la Asamblea Legislativa el 26 de noviembre de 2020, es inconstitucional por vicio de forma”, consigna el posicionamiento de los magistrados.

Con el decreto ahora expulsado del orden jurídico nacional, el bloque de oposición en la Asamblea Legislativa intentó modificar la ejecución de un decreto anterior, que es el 640, para dirigir $288.2 millones a los alcaldes. También intentaron mover dinero hacia otros destinos, como el pago a proveedores.

Sin embargo, la Sala estableció que los diputados no tenían el fundamento legal para proceder de esta manera y ahí radica la inconstitucionalidad: “infringir los principios de planificación y equilibrio presupuestario establecidos en el artículo 226 de la Constitución”.

Es el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda (MH), el responsable de establecer los destinos de los préstamos y de los fondos obtenidos a través de títulos valores. Mäs aún, el mismo titular del MH, Alejandro Zelaya, retiró la iniciativa para ejecutar el decreto 640 a mediados de octubre. Por lo tanto, no tenían los diputados por qué retomarla.

De esta manera, sigue vigente la distribución original de los fondos, que fue exactamente sobre la que trabajó el Gobierno del Presidente Bukele.