Judicial
Probidad encuentra indicios de enriquecimiento ilícito contra Nayib Bukele y Luis Mario Rodríguez, Corte Plena por definir juicios este martes
La Sección de Probidad concluyó recientemente los análisis financieros de las administraciones públicas de Nayib Bukele y Luis Mario Rodríguez.
Al primero se le investigó por la gestión al frente de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad, para los años 2012-2015 y al segundo (Rodríguez) cuando fungió como Secretario Jurídico de la Presidencia, durante la administración de Elías Antonio Saca (2004-2009).
De acuerdo con Probidad, hay indicios de enriquecimiento ilícito contra los dos indagados, por lo sus casos se diligenciaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes en Corte Plena deberán decidir si Bukele y Rodríguez son enjuiciados civilmente.
Este martes, se espera que los magistrados estudien y resuelvan ambos casos.
Rodríguez se desempeña actualmente como Director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Bukele está por abandonar la alcaldía de San Salvador, quien al ser expulsado del FMLN perdió automáticamente la posibilidad de reelección con el partido de izquierda.
De acuerdo con Probidad, Bukele debe justificar un incremento dudoso en su patrimonio por un monto cercano a los $300,000, mientras que Rodríguez deberá justificar un aproximado de $400,000
¿Qué podría pasar en Corte Plena?
Los 15 magistrados de la CSJ deberán votar si envían a juicio a Bukele y Rodríguez.
Para el alcalde la situación es compleja, sobre todo, por sus aspiraciones políticas de cara a las Presidenciales del 2019.
Si los magistrados ordenar abrir juicio contra Bukele esto pondría en riesgo su intención de optar al Ejecutivo, una aspiración que no termina de confirmar el alcalde saliente.
Considerando lo anterior, ha trascendido que los magistrados tomarían dos caminos para resolver los casos de enriquecimiento ilícito contra Bukele y Rodríguez.
El tema Bukele sería enviado a otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Hacienda, para que imponga una posible multa y así resolver de manera definitiva.
En el caso de Rodríguez se ordenaría juicio civil y deberá seguir todo el proceso que señale la Cámara.
A inicios del año pasado, la Fiscalía General de la República informó sobre el caso “Destape a la Corrupción” donde figura como principal implicado el expresidente Saca, quien al igual que algunos de sus colaboradores más cercanos fue detenido y enviado a prisión. Pese a que Rodríguez era el Secretario Jurídico de la Presidencia no fue implicado.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ha decidido en audiencia inicial que Karen Vanesa Flores permanecerá en detención provisional tras ser acusada de intentar asesinar a una persona bajo régimen de protección. La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado cargos por homicidio agravado en grado de tentativa, argumentando que la acusada representa un riesgo significativo para la víctima y la comunidad.
Según el informe del caso, el incidente ocurrió el pasado 2 de enero en la 20.ª avenida norte y calle Castillo, donde la imputada y la víctima se encontraban departiendo con otros individuos. Testigos entrevistados por la Policía Nacional Civil (PNC) relataron que, al retirarse la víctima, Flores sacó una navaja y le infligió múltiples cortaduras en el estómago y el cuello.
#JusticiaSV⚖️|𝗦𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿𝗮́ 𝗲𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗰𝘂𝗰𝗵𝗶𝗹𝗹𝗼́ 𝗮 𝘃𝗶́𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗲𝗻 𝗰𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘆 𝗲𝘀𝘁𝗼́𝗺𝗮𝗴𝗼
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, la instrucción formal con… pic.twitter.com/YsPcPnjr3j
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) January 10, 2025
La víctima fue rápidamente trasladada a un centro hospitalario gracias a una llamada de emergencia que alertó sobre el ataque. En la resolución del juzgado se consideraron diversos elementos de prueba recopilados en la fase inicial de la investigación, incluyendo actas de entrevistas a testigos, que podrán ser ampliadas en la siguiente etapa del proceso.
Flores fue detenida en el lugar de los hechos por agentes de la PNC, quienes actuaron de inmediato tras recibir información sobre su implicación en el ataque. El expediente ha sido remitido a un juzgado de Instrucción de San Salvador, donde se llevará a cabo la segunda fase del proceso penal. Durante esta etapa, el ministerio público deberá presentar un dictamen de acusación que incluirá toda la evidencia recabada por fiscales y policías.
Una vez presentada la investigación, el Juzgado de Instrucción fijará una audiencia preliminar, en la cual se determinará si el caso avanza a juicio público y qué tipo de pruebas serán admitidas.
La Fiscalía General de la República (FGR) hizo posible que Héctor David López Beltrán se mantenga en prisión provisional mientras avanzan las investigaciones en su contra por maltratar a su hijo de 11 años de edad y a su compañera de vida. Los abusos se conocieron a través de un video que circuló redes sociales.
Al imputado se le acusa de haber cometido los delitos de maltrato infantil, desobediencia de medidas cautelares de protección y lesiones agravadas en perjuicio de un menor y una mujer.
En la primera audiencia en contra del imputado, la Fiscalía presentó el peritaje de reconocimiento de lesiones realizado por el Instituto de Medicina Legal (IML) en el cual se estableció que las lesiones sufridas por el menor fueron de gravedad; todas las evidencias fueron valoradas por El Juzgado de Paz de San Juan Opico de La Libertad Centro y decretó que el caso pase a la etapa de instrucción.
Tras viralizarse dichos sucesos, la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó un operativo de búsqueda del agresor, quien fue detenido el pasado 19 de diciembre y la FGR actuó con las demás instituciones del Estado a favor de la protección de las víctimas.
Afectados por las retenciones de cuotas laborales y apropiaciones durante la gestión del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, han declarado ante el Tribunal Quinto de Sentencia que para solventar la mora con los bancos tuvieron que refinanciar los créditos por montos considerables.
Una de las víctimas expuso a los jueces que tramitó un refinanciamiento por $18,000 pues en la comuna durante la gestión de Muyshondt, le descontaron de su salario las cuotas de un crédito adquirido, pero nunca se trasladó el pago al banco.
Otras de las personas sostuvieron que cuando comenzaron a detectar las irregularidades reclamaron a la alcaldía la afectación que se les estaba haciendo, pero todo empleado que exigió una solución fue despedido.
Silvia Dubón, abogada que representa a cinco de las 49 víctimas, respaldó las declaraciones de los afectados. «Hasta el día de ahora, ellos siguen pagando todavía los intereses moratorios que les cobraron», expresó la acusadora particular.
