Judicial
Preguntar por su nieto desaparecido le costó la vida a un anciano zapatero, ahora sus asesinos están libres
Durante el juicio la fiscal explicó que los pandilleros habían lanzado una alerta de manera general en la que sentenciaban a todo aquel que diera información.
Un anciano zapatero que investigaba la desaparición de su nieto fue asesinado por sujetos que quedaron libres por el temor infundido a un testigo
Preguntar por su nieto desaparecido le costó la vida a un viejo zapatero que fue atacado por pandilleros que para salir bien librados del proceso judicial amenazaron de muerte a todo aquel que tratara de testificar en su contra.
Raúl Vázquez López, de 78 años de edad, fue asesinado por Carlos V., de 23 años, alias “El Negro”, y Víctor R., de 30, alias “Pupusa”, quienes se incomodaron por las preguntas que el hombre hacía para encontrar a su familiar.
Las dudas del zapatero llegaron hasta la noche del 28 de octubre de 2017, cuando regresaba a su casa de trabajar. El hombre fue presa fácil de los delincuentes quienes se interpusieron en su despacio caminar.
Carlos llevaba un arma en su mano con el dedo en el gatillo, lista para disparar, levantó el brazo y soltó 12 disparos que perforaron el pecho y el abdomen del zapatero; pocos segundos fueron los que necesitó para que su cuerpo se desplomara sobre el pavimento.
Culminado el acto criminal, los sujetos comenzaron a correr en dirección contraria hasta juntarse con otro hombre que realizaba llamadas a través de un teléfono celular. Todos desaparecieron en lo oscuro de la colonia.
El testigo y el proceso judicial
En este caso, los únicos que sabían lo que había pasado eran los pandilleros y una persona que se había ocultado a pocos metros de donde había sido ejecutado el zapatero.
Como en todo crimen las pistas que faltaban eran muchas, pero el testigo comenzó a colaborar con las autoridades y recibió un régimen de protección para que su vida no corriera peligro.
La declaración del delator sirvió para que Carlos y Víctor fueran capturados y procesados por el delito de homicidio agravado en contra del zapatero.
Durante la etapa de inicial y de instrucción el caso fue sustentado por el ministerio público con las palabras del testigo, algo que provocó que compinches de los imputados regaran la voz de amenaza en la zona donde se produjeron los hechos.
Las amenazas indirectas hicieron dudar al testigo quien llegó a cuestionar a los fiscales del caso “¿Cómo me van a garantizar mi vida?”, Sin tener una respuesta de calma, por lo que decidió abandonar el proceso dejando desarmada a la parte acusadora.
El pasado 13 de febrero se celebró la vista pública en contra de los dos sujetos implicados y antes de comenzar el desfile de pruebas, la fiscal del caso se paró frente a la jueza y le comunicó que el testigo no testificaría por medio a posibles represarías de las pandillas que operan en la zona.
La jueza del tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador señaló que por “insuficiencia probatoria” de la participación de los dejó en libertad luego de permanecer en el centro penitenciario de máxima seguridad de Quezaltepeque.
Nota tomada de El Salvador Times
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.

Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
Judicial
Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.




