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Pandilleros piden a médicos que desalojen viviendas en Soyapango por atender pacientes con COVID-19
Mientras médicos y enfermeras trabajan para brindar atención integral a los ciudadanos que están contagiados con el coronavirus o covid-19, en diferentes partes de El Salvador, se han reportado casos de agresiones y maltrato en contra del personal de salud, pues los atacantes consideran que son una “amenaza” para propagar el virus.
En el municipio de Soyapango, las pandillas amenazaron al personal de salud de distintos hospitales y les ordenaron que desalojaran sus casas porque podían contagiar de coronavirus las colonias donde viven.
“En Soyapango los mareros les dieron ultimátum para que se fueran”, según aseguró el alcalde, Juan Pablo Álvarez.
“¿Quiénes crees que llegaban a las casas a tocarle la puerta y decirle ‘Mirá tenés 24 horas para irte de tu casa’? Eran las pandillas, hombre. Así ha sido”, reveló Álvarez.
El edil agregó que el problema no fue solo contra el personal de salud, sino también contra los ciudadanos que se estaban enfermando en sus casas ya sea de COVID-19 o por otras enfermedades respiratorias.
Álvarez informó que la situación de las amenazas disminuyó cuando las autoridades optaron por no acudir con los trajes de protección nivel 3 a traer a las personas a sus casas y utilizaron otras estrategias para evitar el contagio.
“Se identificaban a las familias y en algunos lugares el crimen (las pandillas) llegaba y le decía a la gente que en 24 horas tenía que desocupar su casa”.
A principios de la emergencia sanitaria en El Salvador y cuando comenzaba la cuarentena circularon videos de pandilleros pegándole batazos a la gente que salía de sus casas sin justificación.
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Accidente deja un fallecido y 14 lesionados en carretera de Acajutla
El accidente ocurrió en el kilómetro 79 ½ de dicha vía, cuando el conductor de un camión que transportaba trabajadores de una hacienda perdió el control del vehículo y volcó a un costado de la carretera.
Producto del accidente, una persona falleció en el lugar, mientras que otras 14 resultaron lesionadas. De estas, tres fueron trasladadas a un centro hospitalario para recibir atención médica.
El conductor fue identificado como Ángel Moya Serrano, quien será remitido por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, según informó la Policía Nacional Civil.
De acuerdo con la inspección policial, la causa del accidente fue la velocidad inadecuada, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo.
Las autoridades indicaron que, tras atender la emergencia y realizar las inspecciones correspondientes, el paso vehicular en la zona ya fue habilitado.
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El Gobierno ha invertido $56 millones en el Programa de Reasentamientos
El Gobierno continúa beneficiando a cientos de familias salvadoreñas con una vivienda propia. Durante la gestión del presidente Nayib Bukele, se han invertido $56 millones a través del Programa de Reasentamientos impulsado por el Ministerio de Vivienda, en coordinación con las instituciones del Sistema de Vivienda.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, afirmó que el programa brinda un espacio seguro, accesible y de calidad, sobre todo a las familias que vivían en zonas de peligro como ríos, quebradas, taludes o cárcavas y que en cada temporada lluviosa tenían que ser albergadas.
«Este esfuerzo [la entrega de viviendas] forma parte del Programa de Reasentamientos, que ya alcanza una inversión de $56 millones, beneficiando a familias en condición de riesgo, vulnerabilidad o afectadas por fenómenos naturales», destacó Sol.
Asimismo, en fechas anteriores, Sol ha mencionado que cuando llegaron al Gobierno encontraron un déficit habitacional elevado, familias que vivían en zonas de alto riesgo y a eso a lo que le han estado apostado durante toda la administración Bukele.
Es importante destacar que, a través de las diferentes modalidades de intervención, el Ministerio de Vivienda brinda una solución habitacional adecuada e integral, procurando el arraigo, el tejido social, redes de apoyo y las mejores condiciones de vida de las familias, garantizando servicios urbanos y escrituras de propiedad.
También, como parte del programa, la ministra informó recientemente que los equipos sociales del Sistema de Vivienda han concluido el censo de las familias de las comunidades de alto riesgo Río Mar y Chilama 1 y 2, a quienes se les ha presentado un proyecto habitacional para su reubicación.
Recientemente, Michelle Sol entregó viviendas a 16 familias de la Lotificación La Aguja, en La Libertad Costa, en el marco de este programa. La inversión social por cada vivienda fue de $35,000, sumando un total de $560,000.
Las viviendas constan de dos habitaciones, sala, comedor, cocina, lavatrastos de acero inoxidable, baño completo, pila, ventanas tipo francesa, puerta balcón y cuentan con los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica.
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Se esconde en local y luego en baños para hurtar $25,000 en teléfonos celulares
En Soyapango, la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la captura de José Luis Obando Vásquez, de 38 años, quien ingreso a un local para hurtar 47 teléfonos celulares y otros dispositivos por un monto de $25,000.
Según el informe policial el saqueador se ocultó en un establecimiento contiguo al local y por la noche abrió un agujero para ingresar a la tienda de donde sustrajo los celulares.
Tras cometer el hurto se desplazó por el techo hasta llegar al baño de un restaurante donde permaneció escondido a esperar que abrieran y salir con los aparatos.
La Policía recibió la denuncia de lo hurtado y tras una búsqueda en la zona, equipos de investigadores lo ubicaron y le decomisaron 47 dispositivos.
«Además se encontraron 23 celulares y una tableta en varias partes del establecimiento donde se ocultó. El valor de lo incautado es de aproximadamente $25,000. Será remitido por el delito de hurto», publico la PNC.
El detenido será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sea acusado ante un juzgado de paz de ese distrito y enfrente la primera audiencia por el delito de hurto.
El delito de hurto es sancionado con prisión de dos a cinco años si el valor de lo sustraído sobrepasa los $20 y si al momento de acusar la Fiscalía inicia la causa como hurto agravado la pena a imponer es de cinco a ocho años de cárcel.




