Judicial
“¡Mira, si yo quiero te mato porque tengo una pistola y te puedo dar unos tres balazos! Vas a quedar tirada” Doctor de la colonia Monserrat a una de sus vecinas
“Maldita, te voy a matar”, fueron las palabras que un médico le dijo a su vecina antes de ser arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia Monserrat, en San Salvador. El pleito vecinal fue llevado a los tribunales donde esperan que el agresor pague con una condena.
José R., tiene 60 años de edad y debido a su carácter no supo controlar sus emociones por las que fue detenido tras una denuncia de Sandra (nombre modificado por seguridad), una vecina del imputado a la que no toleraba y trataba con desprecio.
Debido a la edificación de esta famosa zona de la capital, José y Sandra estaban acostumbrados a verse con frecuencia, algo que de a poco fue empeorando su relación vecinal.
Robusto, de piel morena con barba y cabello repleto de canas el imputado reside en el lugar con su compañera de vida y meses atrás había perdido su trabajo, algo que lo tenía propenso a ataque de ira.
Según el expediente judicial, el domingo 10 de febrero de 2019, a las 9:30 de la noche, la ofendida se encontraba en el parqueo de los condominios conversando con un amigo cuando apareció José con un semblante enojado.
La mujer y su acompañante se quedaron sorprendidos ante la actitud de José, ambos comenzaron a alejarse al ver que el médico levantaba un bate de béisbol con el que los amenazaba.
Una vez estuvo cerca de sus víctimas, el hombre optó por lanzar el bate que impactó con la pierna izquierda de la mujer a la que le insultaba a los gritos sin importarle que el resto de vecinos fueran testigos de lo que acontecía.
El problema se agravó cuando la esposa del médico, que estaba en una zona cercana del edificio, en lugar de buscar detener la pelea se unió a la agresión tomando una roca que se la lanzó a su vecina..
“¡Mira, si yo quiero te mato porque tengo una pistola y te puedo dar unos tres balazos! Vas a quedar tirada”, le repitió varias veces el acusado que irrumpía el silencio característico de esta colonia de San Salvador.
Con los golpes en su cuerpo y llena de miedo, Sandra y su amigo decidieron irse del lugar para evitar problemas por razones que hasta la fecha sigue sin tener claras.
Al día siguiente, la mujer decidió interponer una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) debido al temor que sentía que las amenazas del médico y su esposa se convirtieran en realidad.
La denuncia interpuesta permitió a las autoridades proceder con la detención del imputado quien fue interceptado cuando iba llegando a su casa. Los agentes le hicieron la inspección y no le encontraron ningún tipo de arma, ni algún otro ilícito.
El caso ha llegado al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador a la espera de la audiencia preliminar en la que se va a decidir si el caso pasa a juicio o no.
La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá un máximo de dos meses para recabar información que puedan determinar los hechos que se le atribuyen al imputado.
El supuesto agresor se encuentra en libertad bajo medidas sustitutivas con la condición de presentarse periódicamente a los tribunales y no acercarse a la víctima.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
