Judicial
“¡Mira, si yo quiero te mato porque tengo una pistola y te puedo dar unos tres balazos! Vas a quedar tirada” Doctor de la colonia Monserrat a una de sus vecinas
“Maldita, te voy a matar”, fueron las palabras que un médico le dijo a su vecina antes de ser arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia Monserrat, en San Salvador. El pleito vecinal fue llevado a los tribunales donde esperan que el agresor pague con una condena.
José R., tiene 60 años de edad y debido a su carácter no supo controlar sus emociones por las que fue detenido tras una denuncia de Sandra (nombre modificado por seguridad), una vecina del imputado a la que no toleraba y trataba con desprecio.
Debido a la edificación de esta famosa zona de la capital, José y Sandra estaban acostumbrados a verse con frecuencia, algo que de a poco fue empeorando su relación vecinal.
Robusto, de piel morena con barba y cabello repleto de canas el imputado reside en el lugar con su compañera de vida y meses atrás había perdido su trabajo, algo que lo tenía propenso a ataque de ira.
Según el expediente judicial, el domingo 10 de febrero de 2019, a las 9:30 de la noche, la ofendida se encontraba en el parqueo de los condominios conversando con un amigo cuando apareció José con un semblante enojado.
La mujer y su acompañante se quedaron sorprendidos ante la actitud de José, ambos comenzaron a alejarse al ver que el médico levantaba un bate de béisbol con el que los amenazaba.
Una vez estuvo cerca de sus víctimas, el hombre optó por lanzar el bate que impactó con la pierna izquierda de la mujer a la que le insultaba a los gritos sin importarle que el resto de vecinos fueran testigos de lo que acontecía.
El problema se agravó cuando la esposa del médico, que estaba en una zona cercana del edificio, en lugar de buscar detener la pelea se unió a la agresión tomando una roca que se la lanzó a su vecina..
“¡Mira, si yo quiero te mato porque tengo una pistola y te puedo dar unos tres balazos! Vas a quedar tirada”, le repitió varias veces el acusado que irrumpía el silencio característico de esta colonia de San Salvador.
Con los golpes en su cuerpo y llena de miedo, Sandra y su amigo decidieron irse del lugar para evitar problemas por razones que hasta la fecha sigue sin tener claras.
Al día siguiente, la mujer decidió interponer una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) debido al temor que sentía que las amenazas del médico y su esposa se convirtieran en realidad.
La denuncia interpuesta permitió a las autoridades proceder con la detención del imputado quien fue interceptado cuando iba llegando a su casa. Los agentes le hicieron la inspección y no le encontraron ningún tipo de arma, ni algún otro ilícito.
El caso ha llegado al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador a la espera de la audiencia preliminar en la que se va a decidir si el caso pasa a juicio o no.
La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá un máximo de dos meses para recabar información que puedan determinar los hechos que se le atribuyen al imputado.
El supuesto agresor se encuentra en libertad bajo medidas sustitutivas con la condición de presentarse periódicamente a los tribunales y no acercarse a la víctima.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
