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Ministerio de Trabajo iniciará este miércoles reuniones con empresas denunciadas por violaciones a derechos laborales
El ministro de Trabajo, Rolando Castro informó que este próximo miércoles 1 de julio inicia una serie de reuniones con las empresas que han sido denunciadas por los trabajadores por violaciones a los derechos laborales, que en su mayoría se trata de despidos que realizaron en medio de la pandemia por COVID-19.
“El primer ofrecimiento que tenemos es el diálogo para resarcir los daños ocasionados a los trabajadores y devolverles sus derechos fundamentales. Si las empresas no quieren acatar vía diálogo, estamos preparados con un equipo jurídico a fin de garantizar de que si no se resuelve en esta instancia, iremos a los tribunales a demandar a las empresas”, aseguró el funcionario.
Destacó que a su llegada a esa cartera de Estado lo primero que hizo fue fortalecer el Departamento Jurídico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y que gracias a ello, han tenido litigios anticipados en los que le han ganado los casos a tres empresas, incluso a transnacionales.
Castro aseguró que los procesos van dirigidos a las grandes empresas y no a las micro, pequeñas y medianas que tienen la voluntad de garantizar los derechos de los trabajadores, pero que la actual crisis los ha dejado sin la capacidad de poder hacerlo.
“Nos hemos puesto de lado de las micro y pequeñas empresas porque las tenemos que apoyar como Gobierno”, para ello, a través del Ministerio de Economía (MINEC) se ha presentado a la Asamblea Legislativa un fideicomiso por $600 millones para sufragar los gastos de operación de las MIPYMES, explicó Castro.
El titular de Trabajo afirmó que las denuncias ciudadanas recibidas a través de la plataforma del MTPS sobrepasan las 44,400 a la fecha, y que cada día se suman nuevas acusaciones de irregularidades cometidas contra los trabajadores.
“Desde el enfoque laboral reconocemos que la empresa privada acató los acuerdos que tomamos en Casa Presidencial, en cuanto a la gradualidad en la reanudación de operaciones. Gracias a Dios, todo va con normalidad en el marco de los compromisos adquiridos en la primera fase”, destacó.
“Estamos haciendo un esfuerzo exhaustivo como Gobierno para garantizar que las empresas cumplan con lo acordado. Que aquellas empresas que no garanticen las condiciones y equipos de bioseguridad atentan con la vida de los trabajadores”, aseveró.
En ese sentido aseguró, que hay un grupo de inspectores de Trabajo que se encuentran desplegados a nivel nacional para constatar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las empresas, y que estén operando solo las autorizadas en la primera fase del Plan de Reactivación Económica.
La Fiscalía General de la República (FGR) verificó la destrucción de 35,009.61 gramos de droga, valorada en $52,230.86, vinculada a 48 casos de incautaciones realizadas a escala nacional.
El procedimiento se llevó a cabo en el predio Changallo, ubicado en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, con el acompañamiento de agentes de la División Antinarcóticos y personal del Laboratorio de Sustancias Controladas del Centro de Investigación Forense de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía detalló que, del total de droga destruida, 34,525.81 gramos correspondían a marihuana, 410.55 gramos a cocaína y 73.311 gramos a metanfetamina.
«La destrucción de los estupefacientes se desarrolló por mandato judicial, como parte del proceso penal contra las personas capturadas durante las incautaciones», indicó el fiscal que verificó el procedimiento.
Según la institución, la droga fue decomisada durante operativos realizados por las autoridades en los últimos años en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.
Por otra parte, durante los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele, la Marina Nacional y la Policía han incautado un total de 90.1 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en $2,141 millones.
El último cargamento mencionado en el informe fue incautado el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 1.36 toneladas de cocaína y capturaron a los ciudadanos ecuatorianos Jhony Eugenio Garay Velis, de 42 años, y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de 31.
Axel Moisés Ramírez Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por el delito de estafa en perjuicio de dos personas. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador emitió una orden de captura en su contra, debido a que fue procesado en ausencia.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que, en abril de 2025, una de las víctimas publicó en la plataforma Marketplace el alquiler de una vivienda ubicada en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Al ver la publicación, Ramírez Jiménez contactó a la persona y manifestó su interés en el inmueble. Mientras realizaban los trámites, la convenció de invertir en la compra de materiales de construcción.
El condenado le aseguró que disponía de un código de mayorista que le permitiría adquirir los materiales a bajo precio. La víctima creyó en la propuesta y le transfirió $1,635 para iniciar el supuesto negocio.
Días después, el imputado convenció al hermano de la primera víctima para que también invirtiera en ese rubro. El segundo afectado le transfirió $1,135.50.
Sin embargo, pese a haber entregado el dinero, los hermanos nunca recibieron los materiales de construcción ofrecidos ni la devolución de las cantidades transferidas.
En su resolución, el Tribunal Cuarto de Sentencia valoró las pruebas presentadas, las cuales vincularon a Ramírez Jiménez con el delito de estafa. Por ello, lo condenó a cinco años de prisión y ratificó la orden de captura para localizarlo y garantizar que cumpla la pena en un centro penal.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de El Salvador en Panamá, dio a conocer los números de emergencia a los que los salvadoreños residentes en ese país pueden comunicarse tras el terremoto de magnitud 7.7 registrado este viernes a las 11:56 de la mañana.
La Cancillería informó que los connacionales pueden comunicarse a las líneas telefónicas +507 6378-0116 y +507 6147-2307. Además, está disponible el número de WhatsApp +503 7070-1071.
Según la institución, estos números están a disposición de la comunidad salvadoreña en Panamá para atender sus necesidades de comunicación en el contexto de la emergencia.
Por otra parte, imágenes difundidas por medios de comunicación panameños muestran el derrumbe de una parte de un hotel en la localidad de Penonomé, ubicada a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.
Los reportes también señalan daños considerables en una iglesia y la aparición de grietas en otros edificios.
Mientras tanto, las autoridades de Protección Civil evalúan las afectaciones registradas en distintas zonas del país, principalmente en las regiones centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otros sectores.
Asimismo, imágenes divulgadas por la prensa local muestran grietas en una carretera de la provincia de Veraguas.
