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Ministerio de Trabajo iniciará este miércoles reuniones con empresas denunciadas por violaciones a derechos laborales
El ministro de Trabajo, Rolando Castro informó que este próximo miércoles 1 de julio inicia una serie de reuniones con las empresas que han sido denunciadas por los trabajadores por violaciones a los derechos laborales, que en su mayoría se trata de despidos que realizaron en medio de la pandemia por COVID-19.
“El primer ofrecimiento que tenemos es el diálogo para resarcir los daños ocasionados a los trabajadores y devolverles sus derechos fundamentales. Si las empresas no quieren acatar vía diálogo, estamos preparados con un equipo jurídico a fin de garantizar de que si no se resuelve en esta instancia, iremos a los tribunales a demandar a las empresas”, aseguró el funcionario.
Destacó que a su llegada a esa cartera de Estado lo primero que hizo fue fortalecer el Departamento Jurídico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y que gracias a ello, han tenido litigios anticipados en los que le han ganado los casos a tres empresas, incluso a transnacionales.
Castro aseguró que los procesos van dirigidos a las grandes empresas y no a las micro, pequeñas y medianas que tienen la voluntad de garantizar los derechos de los trabajadores, pero que la actual crisis los ha dejado sin la capacidad de poder hacerlo.
“Nos hemos puesto de lado de las micro y pequeñas empresas porque las tenemos que apoyar como Gobierno”, para ello, a través del Ministerio de Economía (MINEC) se ha presentado a la Asamblea Legislativa un fideicomiso por $600 millones para sufragar los gastos de operación de las MIPYMES, explicó Castro.
El titular de Trabajo afirmó que las denuncias ciudadanas recibidas a través de la plataforma del MTPS sobrepasan las 44,400 a la fecha, y que cada día se suman nuevas acusaciones de irregularidades cometidas contra los trabajadores.
“Desde el enfoque laboral reconocemos que la empresa privada acató los acuerdos que tomamos en Casa Presidencial, en cuanto a la gradualidad en la reanudación de operaciones. Gracias a Dios, todo va con normalidad en el marco de los compromisos adquiridos en la primera fase”, destacó.
“Estamos haciendo un esfuerzo exhaustivo como Gobierno para garantizar que las empresas cumplan con lo acordado. Que aquellas empresas que no garanticen las condiciones y equipos de bioseguridad atentan con la vida de los trabajadores”, aseveró.
En ese sentido aseguró, que hay un grupo de inspectores de Trabajo que se encuentran desplegados a nivel nacional para constatar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las empresas, y que estén operando solo las autorizadas en la primera fase del Plan de Reactivación Económica.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
