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Ministerio de Trabajo iniciará este miércoles reuniones con empresas denunciadas por violaciones a derechos laborales
El ministro de Trabajo, Rolando Castro informó que este próximo miércoles 1 de julio inicia una serie de reuniones con las empresas que han sido denunciadas por los trabajadores por violaciones a los derechos laborales, que en su mayoría se trata de despidos que realizaron en medio de la pandemia por COVID-19.
“El primer ofrecimiento que tenemos es el diálogo para resarcir los daños ocasionados a los trabajadores y devolverles sus derechos fundamentales. Si las empresas no quieren acatar vía diálogo, estamos preparados con un equipo jurídico a fin de garantizar de que si no se resuelve en esta instancia, iremos a los tribunales a demandar a las empresas”, aseguró el funcionario.
Destacó que a su llegada a esa cartera de Estado lo primero que hizo fue fortalecer el Departamento Jurídico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y que gracias a ello, han tenido litigios anticipados en los que le han ganado los casos a tres empresas, incluso a transnacionales.
Castro aseguró que los procesos van dirigidos a las grandes empresas y no a las micro, pequeñas y medianas que tienen la voluntad de garantizar los derechos de los trabajadores, pero que la actual crisis los ha dejado sin la capacidad de poder hacerlo.
“Nos hemos puesto de lado de las micro y pequeñas empresas porque las tenemos que apoyar como Gobierno”, para ello, a través del Ministerio de Economía (MINEC) se ha presentado a la Asamblea Legislativa un fideicomiso por $600 millones para sufragar los gastos de operación de las MIPYMES, explicó Castro.
El titular de Trabajo afirmó que las denuncias ciudadanas recibidas a través de la plataforma del MTPS sobrepasan las 44,400 a la fecha, y que cada día se suman nuevas acusaciones de irregularidades cometidas contra los trabajadores.
“Desde el enfoque laboral reconocemos que la empresa privada acató los acuerdos que tomamos en Casa Presidencial, en cuanto a la gradualidad en la reanudación de operaciones. Gracias a Dios, todo va con normalidad en el marco de los compromisos adquiridos en la primera fase”, destacó.
“Estamos haciendo un esfuerzo exhaustivo como Gobierno para garantizar que las empresas cumplan con lo acordado. Que aquellas empresas que no garanticen las condiciones y equipos de bioseguridad atentan con la vida de los trabajadores”, aseveró.
En ese sentido aseguró, que hay un grupo de inspectores de Trabajo que se encuentran desplegados a nivel nacional para constatar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las empresas, y que estén operando solo las autorizadas en la primera fase del Plan de Reactivación Económica.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
