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Ministerio de Trabajo iniciará este miércoles reuniones con empresas denunciadas por violaciones a derechos laborales
El ministro de Trabajo, Rolando Castro informó que este próximo miércoles 1 de julio inicia una serie de reuniones con las empresas que han sido denunciadas por los trabajadores por violaciones a los derechos laborales, que en su mayoría se trata de despidos que realizaron en medio de la pandemia por COVID-19.
“El primer ofrecimiento que tenemos es el diálogo para resarcir los daños ocasionados a los trabajadores y devolverles sus derechos fundamentales. Si las empresas no quieren acatar vía diálogo, estamos preparados con un equipo jurídico a fin de garantizar de que si no se resuelve en esta instancia, iremos a los tribunales a demandar a las empresas”, aseguró el funcionario.
Destacó que a su llegada a esa cartera de Estado lo primero que hizo fue fortalecer el Departamento Jurídico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y que gracias a ello, han tenido litigios anticipados en los que le han ganado los casos a tres empresas, incluso a transnacionales.
Castro aseguró que los procesos van dirigidos a las grandes empresas y no a las micro, pequeñas y medianas que tienen la voluntad de garantizar los derechos de los trabajadores, pero que la actual crisis los ha dejado sin la capacidad de poder hacerlo.
“Nos hemos puesto de lado de las micro y pequeñas empresas porque las tenemos que apoyar como Gobierno”, para ello, a través del Ministerio de Economía (MINEC) se ha presentado a la Asamblea Legislativa un fideicomiso por $600 millones para sufragar los gastos de operación de las MIPYMES, explicó Castro.
El titular de Trabajo afirmó que las denuncias ciudadanas recibidas a través de la plataforma del MTPS sobrepasan las 44,400 a la fecha, y que cada día se suman nuevas acusaciones de irregularidades cometidas contra los trabajadores.
“Desde el enfoque laboral reconocemos que la empresa privada acató los acuerdos que tomamos en Casa Presidencial, en cuanto a la gradualidad en la reanudación de operaciones. Gracias a Dios, todo va con normalidad en el marco de los compromisos adquiridos en la primera fase”, destacó.
“Estamos haciendo un esfuerzo exhaustivo como Gobierno para garantizar que las empresas cumplan con lo acordado. Que aquellas empresas que no garanticen las condiciones y equipos de bioseguridad atentan con la vida de los trabajadores”, aseveró.
En ese sentido aseguró, que hay un grupo de inspectores de Trabajo que se encuentran desplegados a nivel nacional para constatar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las empresas, y que estén operando solo las autorizadas en la primera fase del Plan de Reactivación Económica.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
