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MINED registra importante incremento en inscripción de estudiantes a nivel superior este 2023
La Dirección Nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mined) registra este año un importante crecimiento en el número de estudiantes inscritos en el nivel de educación superior, que incluye universidades, institutos especializados e institutos tecnológicos.
De acuerdo con datos brindados por el director nacional de Educación Superior, Christian Aparicio, se registran 228,476 usuarios en este nivel educativo, de los cuales 200,008 están en la matrícula de carreras que incluye licenciaturas, ingenierías y maestrías; y 28,468 forman parte de los cursos de formación continua, como diplomados, talleres, cursos especializados, posgrados, entre otros.
En el ciclo II de este año prevén alcanzar los 205,000 estudiantes en carreras y 30,000 en formación continua.
«El Instituto Tecnológico de Morazán se cerró porque los jóvenes no podían acceder porque tenían que pagar renta en la calle, y cada vez había menos estudiantes. Ahora los jóvenes se sienten en confianza de tomar un bus hacia su lugar de estudios porque se sienten con mayor confianza. Este es el resultado más palpable para la educación superior de que podamos estudiar en paz», indicó Aparicio.
Este clima de seguridad ha favorecido el traslado de estudiantes, incrementando la matrícula.
«El Gobierno del presidente Bukele nos da la facilidad de incorporarnos a las universidades, ha generado condiciones de seguridad que permiten que más estudiantes vayan a las universidades», indicó Karen Vargas, estudiante de Licenciatura en Comunicaciones en la Universidad Tecnológica.
Esto representa el incremento interanual más grande de los últimos años, pues en 2022 hubo 190,119 estudiantes inscritos solo en carreras; por lo tanto, el aumento es de 5.2 % en comparación con 2023. De acuerdo con Aparicio, las principales razones de este aumento son el impulso a la campaña Súmate a la U y el clima de seguridad generado por las medidas del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Además, la Dirección de Educación Superior aumentó la cobertura de la Universidad de El Salvador (UES) e incrementó el sistema de subsidios para jóvenes. Por ejemplo, todos los estudiantes con discapacidades cuentan con ese subsidio para cubrir gastos de transporte, movilidad, logística, entre otros.
Asimismo, con las universidades privadas se gestionó un aumento de becas y se creó un sitio web que sirve para presentar toda la oferta académica del país para que los estudiantes la consulten con facilidad.
Del total de matrícula en carreras universitarias, 183,963 son de universidades, 14,442 son de institutos especializados y 1,603 son de institutos tecnológicos. Un aspecto relevante que ha sido identificado es que ha incrementado la cantidad de mujeres inscritas en las carreras de universidades, institutos especializados e institutos tecnológicos. En el ciclo I de 2023 se registran 36,136 mujeres estudiantes en el sector público y 76,073 en el sector privado.
En relación con los hombres, son 30,853 en el sector público y 56,946 en el sector privado.
«Las universidades promovieron su oferta y campaña dirigidas a mujeres. El futuro académico profesional, de innovación y de generación del conocimiento residirá en un buen porcentaje en mujeres», explicó Aparicio.
Este año impulsarán más la campaña Súmate a la U por medio de giras a universidades con estudiantes. «Tenemos que proyectarnos a ser agentes de cambio. La mayoría de los jóvenes venimos de familias que no tuvieron la oportunidad de concluir sus estudios superiores. Ahí debemos marcar esa diferencia», dijo Vargas.
En El Salvador hay 41 instituciones de educación superior, de las cuales el 58 % son universidades, el 27 % son institutos especializados y el 15 % son institutos tecnológicos.
Además de la matrícula nacional, el Mined registra la incorporación de 892 títulos con estudios extranjeros desde 2019 hasta la fecha. Solo en el primer trimestre de este año se reportan 60 inscritos.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
