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Médico condenado a ocho años de prisión y esposa a cuatro años por negociaciones ilícitas

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Ocho años de prisión para médico y cuatro años para su esposa por hacer negociaciones ilícitas en Medicina Legal

El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de prisión a un médico e impuso cuatro a su esposa tras ser encontrados culpables por el delito de negociaciones ilícitas cometidas el Instituto de Medicina Legal (IML), donde ambos laboraban.

Juan Carlos Monterrosa, condenado a los ocho años por el delito continuado y su esposa, Josefina Morales de Monterrosa – condenada por participar en tan solo una compra- fueron procesados junto a Sindi Berenice García de Portillo, sobrina de los esposos quien recibió cuatro años de prisión por falsedad ideológica.

De acuerdo a las investigaciones hechas por la Fiscalía General de la República (FGR), los galenos que laboraban en el área de Genética adquirían material a través de adjudicaciones en las modalidades de compras directas, compras por licitación y libre gestión a la empresa Diprolab S.A de C.V, representaba por García de Portillo, quien según documentación firmada por la misma, negó tener vínculo familiar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

«Este es un golpe contra los delitos de corrupción, la Fiscalía tiene la consigna de tener cero tolerancia contra esta clase de delitos y en ese sentido nos sentimos conformes con el fallo del juez», comentó el fiscal representante del ministerio público.

En cuanto a la condena de Monterrosa se explicó que por tener la modalidad continuada, es decir que participó en diversas adquisiciones de materiales; mientras que su esposa solo fue una vez, según las pruebas presentadas por su defensa.

Juan Carlos Monterrosa Josefina Morales de Monterrosa

Información tomada de El Salvador Times.

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Capturan a sujeto con metanfetamina y cocaína durante operativo en La Libertad Oeste.

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La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó este jueves un operativo de allanamiento en una lotificación del distrito de Colón, en La Libertad Oeste. Como resultado, se logró la captura en flagrancia de Juan Alonso Hernández Rivera, señalado por almacenar y distribuir sustancias ilícitas en la zona, según información recibida por las autoridades.
Durante el procedimiento se incautaron varias porciones de metanfetamina y cocaína, dinero en efectivo, un vehículo, teléfonos celulares, balanzas digitales y material para empaque. Las evidencias fueron documentadas en el lugar de los hechos y formarán parte del expediente judicial que se presentará en los próximos días ante los tribunales correspondientes.
La detención se produjo en el marco de acciones dirigidas a combatir el narcotráfico a nivel local. Hernández Rivera permanecerá bajo custodia mientras se avanza en las diligencias procesales correspondientes, de acuerdo con lo informado por la FGR.
Las autoridades destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional para este tipo de intervenciones. El caso queda en manos de la justicia ordinaria para su respectiva evaluación y eventual juzgamiento.
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¡SE ACABARÍAN LOS ACUERDOS! Gobierno busca impedir que conductores peligrosos eviten procesos penales tras causar accidentes

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El Gobierno de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Código Procesal Penal que busca eliminar la conciliación y la mediación en accidentes de tránsito que provoquen lesiones o muertes como consecuencia de la conducción peligrosa. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, surge en medio de la preocupación por los recientes siniestros viales que han dejado víctimas mortales y personas lesionadas en diferentes carreteras del país.

Uno de los principales cambios planteados consiste en modificar el artículo 27 del Código Procesal Penal, con el propósito de que las lesiones culposas ocasionadas mediante la conducción de vehículos automotores puedan ser investigadas de oficio por la Fiscalía General de la República (FGR). Esto permitiría que el Ministerio Público inicie y continúe las investigaciones sin depender de una denuncia o solicitud particular de la persona afectada.

La propuesta también contempla reformar el artículo 38 para impedir que los casos de homicidio culposo y lesiones derivados de la conducción peligrosa puedan resolverse mediante conciliación o mediación. De aprobarse, los acuerdos entre el conductor responsable y las víctimas o sus familiares no serían suficientes para extinguir la acción penal en los supuestos establecidos por la reforma. El objetivo es garantizar que estos hechos sean sometidos al procedimiento judicial correspondiente, independientemente de posibles arreglos entre las partes.

Las modificaciones también alcanzarían a quienes faciliten vehículos de transporte público o de carga a personas que no cuenten con la autorización necesaria para conducirlos, conducta contemplada en el artículo 147-G del Código Penal. La iniciativa forma parte de las medidas que el Ejecutivo busca implementar para reforzar la seguridad vial y las consecuencias legales de las conductas de riesgo al volante. Por el momento, se trata de una propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa, por lo que deberá completar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.

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¡50 AÑOS DE CÁRCEL! Obligó a su pareja a beber una sustancia tóxica y terminó provocándole la muerte en San Vicente

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Un hombre fue condenado a 50 años de prisión por el feminicidio agravado de su compañera de vida, luego de que las investigaciones determinaran que la obligó a ingerir una sustancia tóxica que terminó causándole la muerte. El sentenciado fue identificado como José Antonio Osegueda Rodríguez, responsable de un crimen ocurrido en diciembre de 2025 en el departamento de San Vicente.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el condenado coaccionó a la víctima para que consumiera la sustancia, lo que le provocó graves complicaciones de salud que posteriormente ocasionaron su fallecimiento. El caso fue investigado por las autoridades, que reunieron los elementos probatorios necesarios para demostrar la responsabilidad penal del acusado.

Las investigaciones también revelaron que la mujer había sido sometida a un ciclo constante de violencia física, psicológica y emocional por parte de Osegueda Rodríguez. Estos antecedentes fueron parte de los hechos examinados durante el proceso judicial y permitieron establecer el contexto de violencia en el que ocurrió el feminicidio.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Con esta resolución, José Antonio Osegueda Rodríguez recibió una pena de 50 años de cárcel por feminicidio agravado, tras determinarse su responsabilidad en la muerte de su pareja.

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