Nacionales
La mitad de los ciudadanos de Colombia tiene una opinión favorable del presidente Bukele
El 49 % de los ciudadanos de Colombia tiene una opinión positiva sobre el presidente de la república de El Salvador, Nayib Bukele, según la última encuesta de Invamer, una firma colombiana especializada en investigación y asesoría de mercadeo. En tanto que, al mandatario del país sudamericano, Gustavo Petro, solo el 33 % expresó que le otorga una calificación positiva por su trabajo. Los que le dieron una valoración negativa a la administración de Petro totalizaron el 61 %.
Petro, quien en diferentes ocasiones ha criticado el trabajo del presidente Bukele, sobre todo en el tema de seguridad pública, mantuvo en febrero una desaprobación del 51 %, que aumentó en abril al 57 %. Cuando tomó posesión del Gobierno en agosto del año pasado llegó con el 20 % de desaprobación.
En contraste, encuestas nacionales e internacionales han confirmado el respaldo de los salvadoreños hacia el trabajo de Nayib Bukele al otorgarle cifras históricas y permanentes mayores al 90 %.
Los colombianos le expresan a Petro su preocupación por la inseguridad, el elevado costo de la vida, la economía y la corrupción. Desde que llegó a la Casa de Nariño, el 7 de agosto de 2022, ha sustituido a 10 de sus 19 ministros, en medio de voces que le reclaman desorganización e improvisación.
Como primer presidente izquierdista de Colombia, Petro atraviesa uno de sus mayores escándalos derivado del robo de un maletín con miles de dólares, interrogatorios con polígrafo y presuntas escuchas ilegales.
Invamer hizo el sondeo entre el 16 y el 24 de junio del corriente año. Consultó a 1,200 colombianos residentes en las principales ciudades del país sudamericano, quienes también manifestaron semanas atrás, en otras encuestas de opinión pública, su apoyo para que se construya una megacárcel como la edificada en El Salvador para recluir a centenares de pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción.
Asimismo, esos sondeos destacaron que a los ciudadanos colombianos les gustaría tener un presidente como Bukele, que se mantiene a la cabeza en encuestas que miden la popularidad y el trabajo de gobernantes en Latinoamérica y el mundo.
Bukele mantiene, de acuerdo con dichas encuestas, una imagen favorable superior a la de algunos funcionarios colombianos y latinoamericanos.
De hecho, el periódico «El Heraldo», de México, destacó recientemente los avances de la seguridad pública en El Salvador, y planteó que este logro lo posiciona como un referente en la región. La transformación de la seguridad ha sido posible gracias a las acciones que ha implementado el presidente Bukele, como el Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción.
El PCT comenzó en junio de 2019, el mismo mes en el que el mandatario salvadoreño asumió el cargo, mientras que el régimen de excepción está vigente desde el 27 de marzo del año pasado, después de que la Asamblea Legislativa lo aprobó por petición del Ejecutivo.
El estado de excepción —que ha sido duramente atacado por los partidos de oposición ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo con un discurso similar al planteado por Gustavo Petro en sus críticas— ha reforzado el PCT para el combate de las pandillas, con las que funcionarios de los gobiernos anteriores negociaron.
Con el régimen de excepción hasta la fecha, según las autoridades del Gabinete de Justicia y Seguridad Pública, más de 70,000 pandilleros (incluidos cabecillas que habían huido del país) han sido capturados y se han producido decomisos de drogas y armas de fuego, e incautaciones de vehículos y viviendas que los pandilleros utilizaban para delinquir.
Según el medio de comunicación mexicano, el presidente salvadoreño ha desempeñado un papel clave en el combate de las pandillas, porque ha permanecido al frente de las estrategias y ha dirigido al Gabinete de Seguridad Pública, lo cual ha permitido que el país salga de la inseguridad que las pandillas generaban, situación que aún persiste en países como Guatemala, Jamaica y Haití.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
