Judicial
Tribunal intimará a alcalde Nayib Bukele acusado del delito de calumnia
El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla intimará este miércoles 4 de abril a las 8:30 de la mañana al alcalde de San Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, acusado del delito de calumnia, previsto y sancionado en el Artículo 177 del Código Penal, en perjuicio del ex secretario técnico de la Presidencia y diputado del Parlacen Eugenio Chicas Martínez.
El acto se realiza, según lo que establece y de conformidad al Artículo 440, inciso 1º del Código Procesal Penal: “Admitida la acusación por el tribunal, se citará al imputado, y se le intimará, entregándole además copia de la acusación y de las pruebas ofrecidas por la parte acusadora cuando éstas sean documentales”. Con esta diligencia, que se llevará a cabo en una de las salas de audiencias del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, en La Libertad, el acusado Bukele Ortez también podrá nombrar a un defensor de su confianza si estuviere presente en ese momento.
Pese a que la parte acusadora había pedido la reserva total del caso, el juez consideró que “en el proceso penal aplica el principio general de publicidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, inciso 1º de la Constitución de la República, 13 y 369 del Código Procesal Penal y que en el presente caso no se han fundamentado de una forma convincente los supuestos que permiten al juzgador otorgar dicha medida de protección”. De igual manera, destaca que tanto la víctima como el acusado son figuras públicas, “por lo que procede la aplicación de los principios de máxima publicidad y acceso a la información en el presente caso”.
Según la acusación, el hecho por el que ha sido acusado Bukele Ortez ocurrió el 16 de octubre del año recién pasado, cuando éste se encontraba como invitado en un programa televisivo y durante el desarrollo del mismo expresó que Chicas Martínez habría participado en la comisión del delito de violación en perjuicio de una menor de edad.
La acusación particular, en el orden penal y civil, fue interpuesta en octubre del año 2017 por la apoderada de Chicas Martínez, la abogada Carmen Patricia Martínez Avilés; y fue admitida en marzo del presente año, luego de que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla le hiciera diferentes prevenciones. Posterior a ello, el Tribunal ordenó diversos auxilios judiciales requeridos por la parte acusadora para completar su acusación.
El 20 de junio de 2010, un ataque que estremeció al país reveló ser un «acto de venganza». Carlos Alberto Avendaño Dubon, junto a otros criminales ya condenados, buscaba venganza por la muerte de un miembro de su pandilla. Planeaban atacar a motoristas y cobradores de la ruta 32, alegando su colaboración con «una clica contraria».
Se ejecutaron dos atentados el mismo día: uno donde incendiaron un microbús con pasajeros adentro, y otro liderado por Carlos Avendaño, quien disparó hacia una unidad de transporte. En este segundo ataque, perdieron la vida un hombre y una niña de 11 años, además de herir a otros dos pasajeros.
Después de analizar las pruebas, el juez del Tribunal 5° Contra el Crimen Organizado condenó a Carlos Avendaño a 80 años de prisión: 50 años por los dos homicidios agravados y 30 por dos homicidios agravados tentados. Cabe destacar que Avendaño ya cumplía condena en La Esperanza por el delito de agrupaciones ilícitas.
El 22 de enero, Jova V. recibió mensajes de un familiar en Estados Unidos prometiendo una visita y enviando maletas.
Para recibirlas, le pidieron depositar $3,000 a la cuenta de Katherine Estefany M. J. Jova transfirió el dinero y esperó las maletas.
Al día siguiente, otro número le informó que las maletas contenían dinero en efectivo, exigiendo más dinero para enviarlas. Jova, sospechando, consultó a su familiar, quien negó haber enviado algo.
Descubrieron que era una estafa. Jova denunció y Katherine Estefany fue detenida.
En la audiencia inicial, el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango autorizó la conciliación. Katherine Estefany M. pagó $3,300 para resarcir los daños.
Judicial
FGR pide obligar a exsecretario particular de Saca pagar más de $309,000 producto de una condena
Fiscales de la Unidad Anticorrupción presentaron hoy un escrito pidiendo a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que obligue a Carlos Antonio Rosales Franco, exsecretario particular del expresidente Elías Antonio Saca a pagar $309,305.18.
El ministerio público acudió al tribunal superior, ante la negativa de Rosales para pagar el monto ordenado en una condena civil por enriquecimiento ilícito emitida el 23 de marzo de 2022.
Rosales Franco, fue secretario particular del expresidente Elías Antonio Saca, en el período 2004-2009. Las magistradas resolvieron que está en la obligación de regresar el monto con el cual se le probó que tuvo un incremento patrimonial no justificado producto de 10 irregularidades.
Rosales Franco no presentó pruebas para justificar el incremento patrimonial detectado por la Sección de Probidad en el período del 1 de junio 2004 al 31 de mayo 2009.
«Las investigaciones contra Rosales iniciaron a raíz de un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, en donde no pudo justificar el origen legal del aumento de su patrimonio», publicó la Fiscalía.
En la audiencia probatoria, los abogados de Rosales Franco argumentaron ante la Cámara que en su calidad de secretario particular manejó fondos y de ahí ese reflejo de incremento de dinero, pero una magistrada al leer el fallo dijo: «No es necesario que el funcionario maneje fondos del Estado para enriquecerse ilícitamente, sino que puede aprovecharse de su cargo para hacerlo».
El exfuncionario también manifestó que como secretario particular recibió montos compensatorios provenientes de gastos reservados de la Presidencia de la República para inteligencia y otros rubros como emolumentos, mejor conocidos como sobresueldos, pero la Cámara ha dicho que no se acreditó esos fondos y cantidades concretas recibidas.
