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Judicial

Suspende audiencia preliminar contra Jaime «La Chelona» Rodríguez

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La audiencia preliminar en contra de Jaime “La Chelona” Rodríguez y otras dos personas acusadas de malversación de fondos cuando fue el presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) fue suspendida porque la Fiscalía General de la República no cuenta con todas las pruebas que necesita presentar.

El proceso judicial es llevado en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador iniciará, quien tenía  prevista la audiencia en horas de la mañana de hoy. Sin embargo, debido a que aún no se cuenta con los peritajes grafotécnicos. La audiencia esta prevista para el 16 de mayo, a las 10:30 de la mañana.

Durante la audiencia preliminar ambas partes deben presentar las pruebas suficientes pero será el juez de instrucción quien dirá sí las pruebas presentadas dan paso para abrir un juicio en contra de los exfuncionarios a quienes se les acusa de presuntamente desviar un monto de $125,000.00 del presupuesto de INDES hacia la alcaldía de Santa Tecla para la reconstrucción del estado “Las Delicias” de forma engañosa.

La sospecha de la FGR comenzó en el momento Rodríguez no siguió los procesos legales establecidos.

En un primer momento ese presupuesto estaba disponible  para la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) sin embargo, la dirección en ese entonces consideró priorizar la remodelación de dicho estadio donde se destaca el equipo de primera división Santa Tecla Fútbol Club, equipo donde Rodríguez es socio fundador.

EL 23 de marzo de 2018 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un dictamen de acusación en contra del expresidente en la cual se mostraron diversas pruebas testimoniales y documentales. Además del exfutbolista, la FGR también señaló a Marcos Jacobo Menjívar Vides, actual tesorero del INDES, y al gerente financiero, José Ricardo Liévano Rodríguez. A los tres se les atribuye el delito de malversación.

Por: El Salvador Times.

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FGR y PNC desarticulan red que movía cocaína de Nicaragua a Guatemala por El Salvador

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La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.

La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.

En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.

El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.

La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.

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Judicial

Inicia juicio contra exalcaldesa de Soyapango por actos arbitrarios y desobediencia

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Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.

De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.

“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.

Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.

Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.

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Judicial

Sujeto recibe 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida

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Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.

El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.

De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.

Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.

Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.

«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.

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