Judicial
Se instaló vista pública contra Alcalde de San Francisco Menéndez
El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán inició el martes el juicio contra José Narciso Ramírez Ventura, actual alcalde del municipio de San Francisco Menéndez, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusa del delito de depredación de bosques, ilícito tipificado y sancionado en el artículo 258 del Código Penal. En el mismo proceso también es juzgado por el mismo delito Jesús Adalberto Siciliano Barrientos.
Durante la instalación de la vista pública, Ramírez Ventura hizo uso de su derecho de defensa material y presentó documentación certificada, con la cual pretende demostrar que el área que la Fiscalía asegura que taló, ya se encontraba deforestada al momento que las autoridades de Medio Ambiente intervinieron.
Asimismo, durante la diligencia judicial desfilaron cuatro testigos de cargo propuestos por el Ministerio Público. Entre ellos, un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), dos guarda recursos de la zona y un ingeniero agrónomo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Este día se tiene previsto que la defensa y los fiscales presenten sus alegatos finales, en base a la prueba testimonial, documental y pericial. El fallo del caso será dado a conocer hasta este jueves 26 de abril.
Según el requerimiento fiscal, Ramírez Ventura y Siciliano Barrientos son los responsables de la deforestación de un aproximado de 40 manzanas de terreno del Área Natural Protegida Santa Rita, San Juan El Chino, en el cantón Cara Sucia, del cantón San Francisco Menéndez, en Ahuachapán. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, el actual alcalde pretendía utilizar los terrenos para actividades agrícolas, específicamente la siembra de caña de azúcar.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
