Judicial
Reclusa de Cárcel de Mujeres condenada a 35 años de prisión es descubierta al esconder un celular al interior de una biblia
Una interna de Cárcel de Mujeres fue llevada nuevamente a los tribunales tras ser delatada que escondía un celular dentro de una biblia cortada y desde el cual realizaba llamadas pese a los bloqueados instalados en el recinto.
Desde 2009, Evelyn V., de 41 años de edad, se encuentra pagando una condena de 35 años por extorsionar a tres personas y con este nuevo proceso su tiempo en prisión podría aumentar.
Según el expediente judicial, la imputada logró mantener escondido el celular durante nueve años, es decir que había mantenido comunicación con el exterior desde que fue trasladada a prisión.
La suerte de Evelyn llegó hasta el 9 de julio de 2018 cuando se encontraba dentro de celda en el sector “D” del centro penal y se anunció una requisa preventiva en la zona por lo cual todas las internas debían de acatar las órdenes de los custodios.
La revisión tenía como único objetivo la zona en la que se encontraba la mujer debido a que otra reclusa la había delatado con un inspector que ella realizaba llamadas y enviaba mensajes desde un celular.
Elementos de seguridad llenaron el lugar y comenzaron a revisar a 43 mujeres. Una de ellas era Evelyn quien al ver que los custodios se acercaban a sus cosas les exigió inmediatamente que no podían tocarle nada y que de hacerlo debían de dejarlo tal y como lo habían encontrado.
La reacción de la reclusa confirmó las sospechas que tenían con ella, por lo que el encargado de la revisión le ordenó a una agente que realizara una revisión exhaustiva en sus pertenencias.
No pasaron muchos segundos para que la tensión en la mujer fuera aún más evidente ya que sabía que al ser descubierta estaría en problemas que complicarían su situación legal.
Su nerviosismo la llevó a decir la verdad aceptando frente a las autoridades que había una biblia en su poder en la cual estaba dentro un teléfono táctil de baja con capacidad de doble chip
El libro sagrado estaba cortado al centro con una cavidad que fue calculada para que el aparato no se notara cuando se cerrara y así evitar sospechas de lo que se escondía.
Tras haber aceptado los hechos, la mujer dijo que el dispositivo móvil no era suyo y que era parte de un favor que había sido obligada a hacerle a otra de las internas.
Sin brindar mayores detalles, Evelyn fue intimada y se le abrió un nuevo proceso judicial bajo el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios de detención.
El proceso judicial que enfrenta la mujer es penado de tres a seis años de prisión. De ser encontrada culpable Evelyn aumentaría la condena vigente por la que tendría que salir el 25 de noviembre de 2044.
Una fuente oficial de Centros Penales explicó que la modernización en los centros de reclusión impiden que se ingresen objetos ilícitos y que lo incautado a la reclusa pudo haber rondado años antes desde que la modernización llegara.
«Esto (la modernización) hace que las personas lo piensen dos veces para meter un ilícito por eso a nivel de sistema ha bajado enormemente. Estamos encontrando cosas viejas: batería, cargador, chip. Todo eso es antiguo», explicó.
Con respecto a la señal telefónica, el vocero reafirmó que esta ha sido bloqueada para impedir que los internos no tengan un contacto con el mundo exterior; pero supuso que estos pudieron haber encontrado «un punto ciego» ya que las compañías telefónicas no redireccionan totalmente la señal.
«El bloqueador en sí, puede ser un buen aparato pero pudiese ser que hubiera un punto ciego. Entonces lo que se hace es apostarle más a la tecnología de la seguridad. No es una debilidad del sistema sino de las compañías telefónicas», concluyó.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
La Fiscalía General de la República logró una condena de 20 años de prisión contra Reynaldo Antonio Pérez Rosales, identificado como homeboy, por el delito de agrupaciones ilícitas. El sentenciado operaba desde 2017 en el municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.
Según la investigación, sus funciones dentro de la estructura criminal consistían en vigilar la zona y alertar a los demás pandilleros sobre la presencia de patrullajes policiales y militares. Además, se le atribuye el cobro de extorsiones a diferentes comercios turísticos del sector, lo que formaba parte de las actividades con las que la organización mantenía control e intimidación en la zona.
La sentencia fue dictada en el marco de los procesos judiciales que avanzan contra integrantes de estructuras pandilleriles en el occidente del país. La Fiscalía detalló que Pérez Rosales también enfrenta procesos por otros delitos, por los cuales recibirá condenas adicionales que se acumularán a la ya impuesta.
Casos como este forman parte de las acciones de investigación y judicialización orientadas a desarticular las redes de vigilancia, cobro de extorsión y control territorial que ejercían las pandillas. Las autoridades continúan presentando pruebas sobre las funciones específicas de cada integrante dentro de las estructuras criminales.
