Judicial
Pandilleros son condenados a 17 años de cárcel por extorsión
Dos miembros de estructuras terroristas enfrentaron un juicio por el delito de extorsión agravada en perjuicio de la víctima clave “0121” según consta en el expediente de acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).
José Armando Chacón Tejada y Nelson Ovidio Landaverde Leiva, fueron procesados en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, cuyo juez les impuso una pena de 17 años de cárcel para ambos.
De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima clave “0121”, desde octubre del año 2020 los dos pandilleros llegaron a su negocio en el municipio de Aguilares, departamento de Salvador, para exigirle dinero a cambio de su seguridad y permitirle trabajar.
Relató que el 25 de octubre de 2020, llegaron a su negocio y le dijeron que él estaba obteniendo “grandes ganancias” y que a cambio de “dejarte trabajar y no atentar contra tu vida o la de tu familia” debería pagar $50 dólares mensualmente a partir de esa fecha.
Esas expresiones fueron con tono amenazante, mientras uno de ellos le mostró un arma de fuego y le reiteró que “con la familia, no se juega”.
Ante esto, la víctima presentó la denuncia en enero de 2021, por lo que la FGR y Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron un proceso de investigación, haciendo entregas controladas del dinero de las extorsiones lo que concluyó con la captura de Chacón Tejada y Landaverde Leiva.
La defensa intentó desacreditar lo dicho por el testigo y víctima; sin embargo, el juez le dio crédito a sus declaraciones.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
