Judicial
Mandan a juicio a dos acusados de matar a un conductor de microbús
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, en audiencia preliminar, ordenó apertura a juicio ratificando la medida cautelar de la detención provisional en contra de los supuestos pandilleros Carlos David G. R. y Víctor Edwin M. M., ambos acusados por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la víctima Diego, de 32 años de edad.
Según el proceso, el 16 de julio de 2020 a eso de las 07:50 p.m., la víctima conducía un microbús de transporte de personal privado, a la altura de la colonia San José, del municipio de Soyapango, cuando un aproximado de diez sujetos le hicieron parada al microbús. Uno de ellos se le acercó al conductor, le pidió dinero y el celular para revisar de donde era.
Al revisar el celular le dijo que era de la mara contraria Mao Mao y que por eso lo iban a matar, lo bajaron del microbús y se lo llevaron hacia un predio baldío, mientras que las otras cuatro personas que lo acompañaban se quedaron dentro ya que los otros sujetos les dijeron que como eran de la zona de AltaVista, no les pasaría nada.
En eso instantes llegó la Policía Nacional Civil (PNC) y les manifestaron que unos sujetos se habían llevado al conductor del microbús para matarlo.
Luego de haber coordinado la búsqueda lograron dar con la víctima, en un predio baldío cercano en el reparto San José, muerto a causa de impactos de proyectil en su cabeza y tórax.
Según la fiscalía, con ayuda de peritos se logró detectar huellas dactilares en la puerta corrediza del microbús, que concuerdan con los ahora imputados, por lo que fueron capturados con orden administrativa.
La juzgadora, decidió enviar el caso a la etapa de juicio considerando que existen elementos suficientes para ser analizados en la etapa de sentencia y sea ahí que se determine la situación jurídica de los ahora acusados, mientras tanto deberán mantenerse en detención provisional.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla admitió la demanda civil presentada en contra del exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas y su grupo familiar, señalados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de haberse enriquecido de forma ilícita.
La demanda civil es por incremento patrimonial no justificado que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le detectó en el ejercicio de su cargo entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes, que fue el primer gobierno del FMLN.
En la investigación que hizo Probidad, el ex funcionario no pudo justificar 12 irregularidades por un monto de $308,252.08. A Rivas le cuestionan cinco irregularidades en concepto de depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito por $265,055.49, mientras que su grupo familiar tuvo un incremento patrimonial no justificado de $43,196.59.
Al iniciar el juicio civil el ministerio público pidió que se les aplique los artículos 20 y 21 de la Ley de Enriquecimiento ilícito que establece un régimen sancionatorio de condena a devolver el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente y la inhabilitación para ejercer un cargo público por período de 10 años.
Luego de admitir la demanda, la Cámara debe notificar a Rivas y su familia para que presenten sus argumentos y después señalar la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
El 20 de junio de 2010, un ataque que estremeció al país reveló ser un «acto de venganza». Carlos Alberto Avendaño Dubon, junto a otros criminales ya condenados, buscaba venganza por la muerte de un miembro de su pandilla. Planeaban atacar a motoristas y cobradores de la ruta 32, alegando su colaboración con «una clica contraria».
Se ejecutaron dos atentados el mismo día: uno donde incendiaron un microbús con pasajeros adentro, y otro liderado por Carlos Avendaño, quien disparó hacia una unidad de transporte. En este segundo ataque, perdieron la vida un hombre y una niña de 11 años, además de herir a otros dos pasajeros.
Después de analizar las pruebas, el juez del Tribunal 5° Contra el Crimen Organizado condenó a Carlos Avendaño a 80 años de prisión: 50 años por los dos homicidios agravados y 30 por dos homicidios agravados tentados. Cabe destacar que Avendaño ya cumplía condena en La Esperanza por el delito de agrupaciones ilícitas.
El 22 de enero, Jova V. recibió mensajes de un familiar en Estados Unidos prometiendo una visita y enviando maletas.
Para recibirlas, le pidieron depositar $3,000 a la cuenta de Katherine Estefany M. J. Jova transfirió el dinero y esperó las maletas.
Al día siguiente, otro número le informó que las maletas contenían dinero en efectivo, exigiendo más dinero para enviarlas. Jova, sospechando, consultó a su familiar, quien negó haber enviado algo.
Descubrieron que era una estafa. Jova denunció y Katherine Estefany fue detenida.
En la audiencia inicial, el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango autorizó la conciliación. Katherine Estefany M. pagó $3,300 para resarcir los daños.
