Judicial
Mandan a juicio a dos acusados de matar a un conductor de microbús
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, en audiencia preliminar, ordenó apertura a juicio ratificando la medida cautelar de la detención provisional en contra de los supuestos pandilleros Carlos David G. R. y Víctor Edwin M. M., ambos acusados por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la víctima Diego, de 32 años de edad.
Según el proceso, el 16 de julio de 2020 a eso de las 07:50 p.m., la víctima conducía un microbús de transporte de personal privado, a la altura de la colonia San José, del municipio de Soyapango, cuando un aproximado de diez sujetos le hicieron parada al microbús. Uno de ellos se le acercó al conductor, le pidió dinero y el celular para revisar de donde era.
Al revisar el celular le dijo que era de la mara contraria Mao Mao y que por eso lo iban a matar, lo bajaron del microbús y se lo llevaron hacia un predio baldío, mientras que las otras cuatro personas que lo acompañaban se quedaron dentro ya que los otros sujetos les dijeron que como eran de la zona de AltaVista, no les pasaría nada.
En eso instantes llegó la Policía Nacional Civil (PNC) y les manifestaron que unos sujetos se habían llevado al conductor del microbús para matarlo.
Luego de haber coordinado la búsqueda lograron dar con la víctima, en un predio baldío cercano en el reparto San José, muerto a causa de impactos de proyectil en su cabeza y tórax.
Según la fiscalía, con ayuda de peritos se logró detectar huellas dactilares en la puerta corrediza del microbús, que concuerdan con los ahora imputados, por lo que fueron capturados con orden administrativa.
La juzgadora, decidió enviar el caso a la etapa de juicio considerando que existen elementos suficientes para ser analizados en la etapa de sentencia y sea ahí que se determine la situación jurídica de los ahora acusados, mientras tanto deberán mantenerse en detención provisional.
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Una condena de 12 años de prisión fue impuesta a por el Tribunal de Sentencia de San Vicente luego de que fiscales de la oficina de esa cabecera departamental lograran demostrar la participación de David Danilo Fuentes Molina en el delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz Continuada.
Refieren los fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia que los hechos ocurrieron desde 2016 hasta 2019 en el Caserío Río Frío, kilómetro ochenta, Cantón Parras Lempa, municipio y departamento de San Vicente.
“Aproximadamente desde que la víctima tenía seis años, en 2016, el imputado comenzó a practicarle tocamientos en diferentes partes del cuerpo cuando llegaba a su residencia”, comentó una fiscal.
El caso fue del conocimiento de familiares cuando la menor decidió contarle a su madre lo que le sucedía. Inmediatamente, la madre interpuso la denuncia ante la FGR y se ordenó la detención del imputado para que respondiera por el hecho punible que practicaba.
El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador, prevé instalar juicio contra el exdiputado suplente por el departamento de La Unión, Roberto Carlos Silva Pereira, de 45 años de edad, acusado por el delito de lavado de dinero y activos y cohecho activo.
Este día, las juezas del tribunal manifestaron que el juicio se instalará el jueves 20 de enero, a las 8:30 de la mañana, para darle tiempo a la defensora pública que estudie el caso, esto luego de haber declarado el abandono de sus defensores particulares por no presentarse a los llamados judiciales.
Según la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) el exdiputado presuntamente ofreció sobornos a varios alcaldes y ocultó cantidades de dinero, supuestamente obtenidas de manera ilícita de las municipalidades.
Además, manifestaron que presuntamente el acusado mantuvo negocios con un aproximado de 15 municipalidades de la zona oriental, a quienes presuntamente ofrecía el 10% del total de las obras, como sobornos con el fin de que le adjudicaran los proyectos, sin pasar por el procedimiento que exige la LACAP, por lo anterior se le atribuye que lavó de esta forma $13.4 millones de dólares, de los cuales 11 milllones ingresaron a sus cuentas personales y el resto a cuentas de sus sociedades.
Los hechos atribuidos al exlegislador suplente supuestamente ocurrieron durante los años 2002 hasta marzo de 2006 antes de su elección como diputado.
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, ha iniciado este martes el proceso penal en contra de Norman Quijano, acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
El diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA en el año 2014, enfrenta la audiencia inicial por haber negociado con pandillas beneficios penitenciarios y entregado dinero a cambio que votaran para ser electo presidente de la República de El Salvador, pero esas elecciones las perdió frente al candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, prófugo asilado en Nicaragua.
Los magistrados de la cámara han comenzado a procesar a Quijano, luego que el ministerio público presentara la acusación formal con el aval de la Asamblea Legislativa que el pasado 15 de diciembre le retiró la inmunidad.
Fiscales del Grupo contra la Impunidad, están solicitando que se decrete la detención provisional y se gire orden de captura para garantizar la comparecencia en el proceso.
La audiencia inicial puede llevarse a cabo sin la presencia del imputado, no así la preliminar ya que el Código Procesal Penal exige que esté presente para que ejerza su defensa material y hasta controvertir la acusación fiscal. En el caso que se venza el plazo de instrucción y Quijano no esté a la orden de la Cámara, se archivarán las actuaciones.
Los nombres de Norman Quijano y otros cinco políticos de ARENA y del FMLN, aparecieron en la causa penal conocida judicialmente como «Operación Cuscatlán».
El testigo criteriado Noé, al declarar en una vista pública contra 425 miembros de la Mara Salvatrucha, que fueron condenados, dijo que él y otros cabecillas de las pandillas habían sostenido reuniones con Quijano, el exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano (ya fallecido), el expresidente de dicho instituto político, Jorge Velado (ya fallecido), así como los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara (ambos prófugos).
Cuando el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador emitió el fallo contra los 425 mareros, divulgó los videos donde se observa a los políticos reunidos con las pandilleros negociando beneficios para esas estructuras a cambio de votos.
Quijano es acusado de fraude electoral por haber entregado $100,000 a las pandillas, según ha dicho el testigo criteriado y las agrupaciones ilícitas es por las reuniones sostenidas para obtener beneficios electorales en la contienda presidencial del año 2014.
La Fiscalía dispone de videos en los que hace constar las reuniones que Quijano tuvo con los cabecillas de pandillas, esas negociaciones se dieron en la iglesia de una red de pastores.
