Judicial
Pandilleros enfrentarán juicio por 10 casos de homicidio y desaparición de personas
Una estructura delincuencial de 51 pandilleros de la MS-13 enfrentarán la audiencia de juicio, luego de que un Tribunal Especializado de Instrucción los encontrara culpables de cometer al menos 10 hechos entre homicidios agravados y desaparición de personas.
Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de Santa Tecla lograron sustentar el proceso en contra de dicha estructura, la cual operaba en el cantón Zapotitán del municipio de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad.
“Mediante prueba pericial, documental y el aporte de testigos criteriados logramos demostrar al juez que estas personas son las responsables de cometer una serie de hechos delictivos entre los años 2013 a 2021”, sostuvo el fiscal del caso.
A estos sujetos la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de los delitos de homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Bajo prueba científica y con el aporte de algunos testigos participantes en los hechos -y a quienes se les otorgó el beneficio del criteriado-, es que se logró individualizar a cada uno de los miembros de esta estructura y eso fue lo que valoró el juez de instrucción para enviarlos a la etapa de vista pública en donde como Fiscalía se solicitará la pena máxima por los delitos, informaron los fiscales que llevan el caso.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
