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Pandilleros de la MS son condenados a cárcel por privar de libertad a una persona en una ruta de bus 

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Gracias a las estrategias de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), se logró evidenciar que seis pandilleros de la clica “Tecla locos Salvatruchos” que operaban en La Libertad, fueron los culpables de secuestrar a una víctima en julio de 2019, cuando iba a bordo de la ruta de buses 101-D con dirección a Santa Tecla.

10 años de prisión impuso el respectivo tribunal para Wilber Ulises Portillo Peña, y 9 años de cárcel para Carlos Ernesto Renderos, José Vidal Beltrán Valle, Enrique Antonio Guillén Cabrera, Carlos Ovidio Portillo Peña y Kevin Adalberto Beltrán Zavaleta. A los imputados se les procesó por el delito de Privación de Libertad.

Los hechos sucedieron cuando la víctima iba a bordo del transporte público con dirección a una colonia de Santa Tecla; en una de las paradas se subió uno de los pandilleros y se dirigió a la víctima, inicialmente le pidió su celular e inmediatamente le ordenó que se bajara del autobús.

Abajo estaban esperándolos varios sujetos en un vehículo, en su interior le cubrieron el rostro, le taparon la boca y la amarraron; luego golpeaban a la víctima y le gritaban que la iban a matar. Los pandilleros llevaron a la persona afectada hasta una panadería clandestina, ubicada en Casa 5-3B del Paseo Concepción y primera calle poniente, Santa Tecla, La Libertad.

En el momento en que los delincuentes llegaron al lugar, pasó una patrulla, los agentes policiales se percataron que trasladaban a una persona y le estaban golpeando, por lo que procedieron a interceptarlos. Los pandilleros entraron a la casa y trataron de huir pero fueron capturados en flagrancia.

Los agentes liberaron a la víctima y le trasladaron a un centro asistencial y le otorgaron régimen de protección.

Los pandilleros fueron condenados por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla

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Prisión para dos miembros de la pandilla 18 por extorsión en San Salvador

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.

Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.

El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.

Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.

Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.

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Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

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Foto: Cortesía

Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.

Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.

Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.

Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.

Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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