Judicial
Mujer es condenada por intentar meter droga al penal de Quezaltepeque
En el año 2014 Evelyn Ortiz Rivera, intentó introducir más de mil gramos de marihuana al penal de Quezaltepeque, según la investigación la droga iba adentro de los tubos de unos respaldos para un catre (cama).
Sin embargo, al momento de la inspección en dicho centro penal fue detectado el ilícito e inmediatamente detenida y puesta a las órdenes de las autoridades correspondientes. Su juicio fue realizado en el año 2016 y el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla la absolvió resultado que fue apelado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Esa decisión permitió que la imputada Evelyn Ortiz, escapará de la justicia por aproximadamente 8 años, pero, producto de la inteligencia policial fue ubicada y nuevamente detenida.
Mientras la ahora condenada escapaba de la justicia, La Cámara de lo Penal de Santa Tecla, resolvía de forma favorable la apelación presentada por la FGR, revocando la decisión tomada anteriormente por la el Tribunal Primero de Sentencia a quien le ordeno volver a realizar el juicio.
La vista pública se programó para dos días y en dicho juicio la Unidad de los delitos relacionados al Tráfico de Drogas, de la FGR, presentó diferentes tipos de prueba que fueron valoradas por el juez que determinó que Evelyn Ortiz Rivera es responsable de haber intentado introducir más de mil gramos de droga al penal de Quezaltepeque.
El juez valoró que la gravedad del delito por el hecho de querer ingresar marihuana al centro penitenciario para su distribución y comercialización, por ello el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una pena de 10 años de prisión.
La representación fiscal se mostró satisfecha por el resultado y porque al final se hizo justicia.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
