Judicial
Mujer es condenada por intentar meter droga al penal de Quezaltepeque
En el año 2014 Evelyn Ortiz Rivera, intentó introducir más de mil gramos de marihuana al penal de Quezaltepeque, según la investigación la droga iba adentro de los tubos de unos respaldos para un catre (cama).
Sin embargo, al momento de la inspección en dicho centro penal fue detectado el ilícito e inmediatamente detenida y puesta a las órdenes de las autoridades correspondientes. Su juicio fue realizado en el año 2016 y el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla la absolvió resultado que fue apelado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Esa decisión permitió que la imputada Evelyn Ortiz, escapará de la justicia por aproximadamente 8 años, pero, producto de la inteligencia policial fue ubicada y nuevamente detenida.
Mientras la ahora condenada escapaba de la justicia, La Cámara de lo Penal de Santa Tecla, resolvía de forma favorable la apelación presentada por la FGR, revocando la decisión tomada anteriormente por la el Tribunal Primero de Sentencia a quien le ordeno volver a realizar el juicio.
La vista pública se programó para dos días y en dicho juicio la Unidad de los delitos relacionados al Tráfico de Drogas, de la FGR, presentó diferentes tipos de prueba que fueron valoradas por el juez que determinó que Evelyn Ortiz Rivera es responsable de haber intentado introducir más de mil gramos de droga al penal de Quezaltepeque.
El juez valoró que la gravedad del delito por el hecho de querer ingresar marihuana al centro penitenciario para su distribución y comercialización, por ello el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una pena de 10 años de prisión.
La representación fiscal se mostró satisfecha por el resultado y porque al final se hizo justicia.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
