Judicial
Mientras la FGR tiene 40 testigos que incriminan a Mario Huezo, la defensa tiene uno que declarará a favor
Este lunes, en el Juzgado Especializado de Sentencia para una vida Libre de Violencia para las Mujeres, se desarrolla el juicio contra Mario Huezo, quien es acusado de quitarle la vida a la periodista Karla Turcios.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha dicho que solicitará la pena de 50 años de cárcel para Huezo, debido a que hay suficientes pruebas para demostrar que planeó el asesinato de la periodista.
El abogado defensor de Huezo, ha dicho que actualmente solo cuentan con un testigo que declarará a favor de su cliente en el caso. Por su parte, la FGR ha ofertado hasta 40 testigos de personas que incriminan a Huezo.
Según las investigaciones, el pasado 14 de abril de 2018, Mario Huezo asfixió a su esposa en la cama de habitación donde ellos residían.
Posteriormente a quitarle la vida, Huezo llevó el cadáver de la periodista en el baúl de su vehículo hasta la carretera Longitudinal del Norte, en el municipio de Santa Rosa Guachipilín, departamento de Santa Ana, donde lo lanzó en una vereda.
Para despistar a las autoridades, el sujeto fingió que su esposa había desaparecido y divulgó esa información en redes sociales.
Pero las investigaciones arrojaban muchos indicios sobre la implicación de Huezo en el crimen, por lo que se cotejó la información de su celular y el recorrido que hizo en su vehículo el día de los hechos, lo que determinó que él fue quien abandonó el cuerpo de Turcios.
Las autoridades sostienen que Turcios habría sido asesinada por misoginia o desprecio a su condición de ser mujer, indicó en su momento Graciela Sagastume, coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y otros grupos en condición de vulnerabilidad (DNMPV) de la FGR.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
