Judicial
Médico de Unidad de Salud condenado por agredir sexualmente a una paciente
Un doctor que trabajaba para una Unidad de Salud en San Martín fue condenado a prisión por aprovecharse durante una consulta para agredir sexualmente a una paciente.
Los hechos por los que Fernando Antonio Pérez está en prisión ocurrieron el 14 y 26 de marzo de 2019.
La investigación que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) indica que el 14 de marzo una mujer llegó a pasar consulta porque tenía dolores en los momentos en que iba a orinar.
El galeno le dijo que podría tratarse de una infección en las vías urinarias, le dejó un medicamento y le indicó que necesitaba hacerse algunos exámenes y tenía que regresar con los resultados para poder evaluar.
La nueva cita se desarrolló el 26 de marzo, donde Pérez le pidió a la mujer que se quitara la ropa para examinarla y ver si el tratamiento que le había dejado funcionó, momento que aprovechó para agredirla sexualmente.
La víctima se asustó de lo que acababa de pasar y salió huyendo del lugar para ir a una oficina del ministerio público a interponer la denuncia.
El aviso a las autoridades permitió que se realizaran las averiguaciones pertinentes que permitieron la captura del médico y que fuera presentado al sistema judicial.
El Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador validó la investigación, declaró culpable a Pérez y le impuso una pena de seis años de cárcel por el delito de otras agresiones sexuales.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
