Judicial
Jóvenes que visitaban un bar vieron «a quien no debían» y por eso los secuestraron y golpearon, uno de ellos fue asesinado en San Salvador
El Juzgado 15° de Paz de San Salvador resolvió instrucción formal con detención provisional para Francisco Javier Perdomo, de 28 años de edad, José Antonio Molina y Erick Bladimir Melara, acusados de quitarle la vida a una víctima, además de privación de libertad y robo agravado en perjuicio de dos víctimas más, con régimen de protección.
Según requerimiento fiscal los hechos se llevaron a cabo el día 6 de abril del año 2019, cuando tres jóvenes decidieron reunirse a departir un momento en el bar Emporium.
Eran aproximadamente las 5:30 de la tarde, se dirigieron en el automóvil de uno de ellos y lo dejaron estacionado en el “car wash” que está en la entrada de club/bar, un vigilante del lugar los registró, y cobro a los tres el costo para poder ingresar.
Ya en el interior del establecimiento decidieron salir a la terraza para poder fumar, pero desde ahí, sin intención observaron cuando un automóvil tipo sedán llegaba al lugar, y se estacionaba debajo de la terraza; de este se bajaron Francisco Javier Perdomo y José Antonio Molina descargando del auto varias cajas, ambos sujetos se dieron cuenta que los tres jóvenes los estaban observando, sacaron su arma, subieron a la terraza y apuntándoles les gritaron que se tiraran al suelo, nueve sujetos más se acercaron y empezaron a darles patadas entre ellos José Antonio Molina y Erick Bladimir Melara Quintanilla, también procesados en este caso.
Cuando estaban tirados en el suelo, siendo golpeados, escuchaban como lo sujetos les preguntaban “¿y de dónde son pues?”, “¿Quién sos?”, y los despojaron de sus pertenencias, les taparon la boca y amarraron de manos y pies.
Entre todos los sujetos metieron a las víctimas en el carro en que llegaron, uno en el baúl y dos en el asiento trasero, el imputado Francisco Perdomo era quien manejaba, José Antonio Molina y Erick Bladimir Melara, le acompañaban.
Después de aproximadamente 15 minutos se detienen en la calle la ronda del cantón el Carmen de San Salvador, y bajan del auto a las tres víctimas, los tiran contra el suelo y sin mediar palabra les descargan varios disparos, uno de los jóvenes falleció en el momento con heridas en el cráneo, tórax y abdomen, mientras que los otros dos quedan heridos pero aún con vida, los ahora imputados huyen; una persona que pasa por el lugar da aviso a las autoridades a través del 911.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
